Los incendios que, durante este verano, han asolado Extremadura, Castilla y León y Galicia se suman a la larga lista de catástrofes naturales o crisis nacionales –la dana de en Valencia y Castilla-La Mancha o la pandemia de la Covid-19– que desembocan en un conflicto político irresoluble. Con la tesis de «si necesitan ayuda, que la pidan», el Gobierno de Pedro Sánchez se ha instalado en el palco del tacticismo para contemplar estas desgracias como la oportunidad de atacar al PP. La ilusión de Sánchez es aparecer como un ‘deus ex machina’ cuando todos los demás fracasen y presentarse como ese líder eficaz y resolutivo que nunca ha sido. Por su parte, al PP le cuesta coger el punto al equilibrio entre el ejercicio institucional de sus competencias y la oposición a un Gobierno central que solo espera que los barones populares patinen en sus decisiones. Al final, estas polémicas repetitivas opacan el debate sobre la implantación de unos protocolos objetivos de respuesta, basados en necesidades técnicas, no en juicios de oportunidad. El plan presentado por Feijóo contra los incendios es, al menos, una iniciativa que rompe la rutina de la escabechina partidista y enriquece el debate público. En un plano de mayor trascendencia política, las disputas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas remiten a las dudas de los ciudadanos sobre la eficacia del denso entramado administrativo que financian sus impuestos, formado por ayuntamientos, diputaciones provinciales, comunidades autónomas y Gobierno central. La conclusión que muchos ciudadanos extraen de lo que ven es que el modelo de organización territorial del Estado previsto por la Constitución no funciona. La idea de que el Título VIII de la Constitución está superado va calando y se abre paso en sectores no nacionalistas y conservadores la conveniencia de una reforma que ordene el sistema de distribución competencial. La vista se pone en un modelo federal que evite solapamientos entre administraciones regionales y el Gobierno central y prevea mecanismos de cohesión, ejecutables por las instituciones del Estado. Es positivo que el debate sobre la organización territorial del Estado deje de estar monopolizado por las demandas nacionalistas (luego asumidas sin rechistar por el supuesto árbitro que en este caso es el TC presidido por Conde-Pumpido) y acoja propuestas de interés para la nación española en su conjunto. Ahora bien, cualquier propuesta de reforma ha de partir de un diagnóstico certero de la situación actual, porque es muy importante no confundir el posible agotamiento del sistema autonómico con su desarrollo abusivo y desleal, que es lo que representa, por ejemplo, el ‘cupo catalán’. Desde el momento en que la desconcentración de poderes ejecutivos y legislativos a favor de las comunidades autónomas alcanza niveles irreversibles, es difícil no ver en nuestro Estado autonómico un Estado federal atípico. Regiones con hacienda propia, cuerpos policiales propios y hasta sistemas educativos que penalizan el idioma oficial del Estado, son realidades que exceden lo meramente autonómico. Una reforma federal que corrija la confusión competencial solo puede tender a un fortalecimiento del Estado central, porque lo contrario es lo que ya sufre nuestro país. La Constitución ya cuenta con mecanismos de cohesión, como las leyes de armonización o el artículo 155, pero son precisamente los supuestos federalistas de la izquierda quienes repudian esas herramientas correctoras del desajuste entre territorios y de la desigualdad entre españoles. Ninguna reforma constitucional de la organización territorial del Estado en España tendrá garantía de eficacia si no hay un previo compromiso de lealtad con el interés nacional, una premisa ilusoria a la vista de la intransigencia separatista y la opción del PSOE por los nacionalismos predemocráticos.