La Perimetral Oriente de Bogotá será terminada anticipadamente por orden de un tribunal de arbitramento. Foto: Concesión Perimetral de Oriente de BogotáEl gobierno de Gustavo Petro tiene listo un plan para tumbar una billonaria demanda que recibió a finales del año pasado, por cuenta de una megavía a las afueras de Bogotá que no se podrá construir y cuyo contrato deberá terminar antes de tiempo.Se trata de la Perimetral Oriental de Bogotá, que pretendía ser una conexión por uno de los bordes más importantes de la capital, pero que quedó en veremos debido a una controversia ambiental.Según el laudo emitido, el Estado tendrá que pagar US$305 millones, equivalente a más de $1,3 billones, debido a problemáticas asociadas a dos tramos del corredor y la imposibilidad de desarrollar las actividades constructivas.La demanda perdida le costará a Colombia $1,3 billones, según el laudo del tribunal. Foto: Concesión Perimetral de Oriente de BogotáParticularmente, las diferencias se dieron por la presencia de decenas de cuerpos de agua en cercanías a la vía, que frenaron las intervenciones e hicieron inviable toda la concesión.Plan para tumbar billonaria demanda por megavía a las afueras de BogotáY aunque la Nación perdió esta demanda ante un tribunal internacional, el gobierno Petro ya lanzó un plan para tumbarla en los estrados judiciales locales.Así lo confirmó el vicepresidente jurídico de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Ariel Lozano, quien le dijo a este medio que ya interpuso un recurso de anulación ante el Consejo de Estado.Incluso, dijo que este ya fue admitido por la Sección Tercera del alto tribunal y está siendo coadyuvado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), entidad que hace las veces de abogado de la Nación.Ariel Lozano, vicepresidente jurídico de la ANI, y Oscar Torres, presidente de la entidad. Foto: ANIDe acuerdo con el funcionario, la magnitud del golpe financiero es importante, pero va más allá de los recursos a pagar. «Lo peor es que puede sentar un precedente complejo en lo que tiene que ver con responsabilidades por temas ambientales«, anotó.Por todo lo anterior, Lozano indicó que la estrategia de defensa de la ANI para tumbar la billonaria demanda por una megavía a las afueras de Bogotá se centrará en una crítica al tribunal que emitió el laudo.«Lamentablemente, esto es un tribunal internacional y los tribunales internacionales no conocen las realidades de la contratación de la Ley 1508 que se da en nuestro país. Hay cosas que ese tribunal no tuvo en cuenta (…). Esos árbitros cometieron una falencia«, dijo Lozano.¿Contratos sin tribunales de arbitramento internacionales?El anuncio de este plan se da en un momento en el que propio presidente Gustavo Petro ha abierto la puerta para no aceptar nuevos contratos en el Estado que incluyan tribunales de arbitramento internacionales para resolver controversias.El Presidente @PetroGustavo solicitó a su gabinete expedir una resolución que explícitamente exponga que ningún contrato del Gobierno Nacional podrá firmarse si el contratista, sea nacional o extranjero, exige que los conflictos se resuelvan en tribunales de otro país o por fuera… pic.twitter.com/t5VEwL4hzJ— Presidencia Colombia (@infopresidencia) August 25, 2025«Tiene que salir una resolución que diga explícitamente que ningún contrato del Ejecutivo debe firmarse cuando el contratista exige que el tribunal de arbitramento o conciliación que medie cualquier conflicto sea el de su país«, destacó el jefe de Estado hace unos días.Y anotó: «Es con la justicia nacional, cosa que no les gusta a los contratistas, no con los comités de arbitraje, que son privados y que se han convertido en un verdadero negocio político, muchas veces, y que tiene como consecuencia el clientelismo judicial. Eso debe terminar». Sin embargo, llegar a buen puerto con este tema será complejos, sobre todo porque tendría un impacto en futuros contratos del Estado con empresas extranjeras.Así lo explica una fuente experta en el sector que prefirió omitir su nombre: “Si eso se materializa, significa que el Gobierno renuncia a pactar cláusulas de solución de controversias al parecer con contratistas extranjeros”.