La Junta de Andalucía encara la recta final del anteproyecto de la nueva Ley de Patrimonio de Andalucía con el objetivo de que pueda ser aprobada en esta legislatura, actualizando así un marco jurídico vigente desde 1986.La norma nace con la intención de poner en valor los bienes y derechos patrimoniales de la comunidad e incorporar instrumentos jurídicos modernos que permitan una gestión más eficaz, eficiente y adaptada al contexto actual.La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, subrayó que “esta reforma representa un avance decisivo en la gestión eficaz y responsable del patrimonio autonómico, uno de los más extensos del país”.Una ley con régimen sancionador y gestión más ágilEl texto define de forma más amplia el Patrimonio de la Comunidad Autónoma, al incluir bienes y derechos de la Junta y sus agencias, independientemente de su forma de adquisición. Por primera vez, se contempla un régimen sancionador específico para prevenir atentados contra el patrimonio autonómico y establecer responsabilidades claras.La nueva normativa también elimina cargas administrativas innecesarias, refuerza la coordinación entre administraciones e introduce mecanismos más ágiles y efectivos en la gestión de edificios administrativos y del parque móvil de la Junta, con el fin de reducir gastos superfluos.Transparencia, sostenibilidad y economía circularUno de los pilares será la Plataforma de Publicidad Patrimonial, un portal digital único que centralizará toda la información sobre operaciones y negocios jurídicos, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.El anteproyecto incluye además nuevas figuras como los proyectos públicos de aprovechamiento y explotación, que permitirán a los municipios proponer el uso de bienes en desuso, y la consulta de interés de mercado, para recabar propuestas del tejido empresarial y social.En línea con la sostenibilidad y la economía circular, la futura ley prevé medidas pioneras como la bolsa de segunda oportunidad, que fomentará la reutilización de bienes públicos obsoletos o su cesión con fines sociales, educativos o medioambientales.