Los trabajadores tienen condiciones muy diferentes, incluso dentro de una misma comunidad, con Castilla y León señalada como una de las más precarias: tiene casi la mitad del personal privatizado Privatización, sueldos bajos y contratos temporales: los incendios destapan la precariedad de los bomberos forestales Este verano, en la peor temporada de incendios de los últimos 30 años en España, cientos de bomberos forestales se enfrentan al fuego codo con codo, aunque con salarios y condiciones laborales muy diferentes en función de la región, y muchas veces marcadas por la precariedad. En los casos más extremos, pueden llegar incluso a triplicar las remuneraciones, como ocurre entre los bomberos forestales de las GRAF de Catalunya, con un salario de 3.600 euros al mes, y los que trabajan para la Junta de Castilla y León a través de empresas subcontratadas, con un salario de unos 1.170 euros al mes. “Lo de Castilla y León es tercermundista”, denuncia Jorge Nieto, coordinador estatal de agentes medioambientales de CCOO, con casi la mitad de su personal privatizado. “El colectivo de bomberos forestales, incluso dentro de una misma comunidad autónoma, es totalmente heterogéneo. Depende para la administración a la que trabajes, la empresa para la que trabajes, si dependes directamente de la comunidad autónoma, o de la Diputación, de una mancomunidad, un ayuntamiento... Si estás trabajando en una empresa pública, si eres personal laboral de la Junta... Es un desastre”, resume Javier García Rodríguez, responsable federal de bomberos forestales de UGT Servicios Públicos. Dentro de la empresa pública Tragsa (un medio propio de la Administración que trabaja para el Estado o las comunidades autónomas) también hay distintas condiciones, en función de quién es la Administración contratante y sus licitaciones. Esas diferencias han estado presentes en multitud de ejemplos estos días en los incendios que han arrasado Castilla y León, Galicia y Extremadura, principalmente, que han requerido del despliegue de multitud de refuerzos para ayudar a los dispositivos de extinción de estas tres comunidades autónomas. Desde el apoyo de otros cuerpos de bomberos urbanos, a bomberos forestales del Estado del cuerpo de las BRIF (del Ministerio de Transición Ecológica, contratados a través de Tragsa), profesionales de la UME y brigadas de bomberos forestales desplazadas desde otras comunidades autónomas, como los que ha mandado la Generalitat de Catalunya al incendio de Jarilla en Extremadura, entre otras. Salarios de 3.000 euros al mes de diferencia “Cuando vas allí, te incorporas a un dispositivo, trabajas codo con codo con el resto de compañeros, ya sean de la misma Administración o de otra”, explica Javier García Rodríguez, bombero de las BRIF y responsable federal de bomberos forestales de UGT Servicios Públicos. No obstante, las diferentes condiciones asoman en multitud de ocasiones, y “condicionan el trabajo y la organización de la emergencia”, advierte. Con base en Ávila, Javier García Rodríguez ha estado estos días desplegado con su brigada de las BRIF en los incendios de Cáceres. Allí, los bomberos forestales de la Junta de Extremadura, del dispositivo Infoex, son principalmente trabajadores públicos. “Casi todos son personal laboral, hay algunos que son fijos discontinuos de seis meses y otros que trabajan doce meses”, indica. Sus salarios “rondan los 1.400 euros al mes”, dice Carlos (nombre ficticio), bombero forestal de la Junta de Extremadura. En cambio, en las BRIF del Estado “un bombero forestal sin ser capataz, ni técnico, ni nada, cobra en torno a 26.000 euros al año”, explica Javier García Rodríguez. Es decir, unos 1.860 euros al mes. Casi 500 euros más. La diferencia es mucho mayor si se compara con los bomberos desplegados en Extremadura por parte de la Generalitat, que en el caso de los GRAF tienen una remuneración de 3.600 euros al mes. Más de 2.000 euros de diferencia con el personal de la Junta de Extremadura. En Galicia, incluso hay remuneraciones inferiores. “Hay bomberos forestales cobrando entre 1.000 y 1.100 euros, los que menos, en algunos municipios”, explica Alejandro Rodríguez, coordinador de Agentes Medioambientales de Galicia de CCOO, que añade que muchas veces trabajan solo “con tres meses de contrato”. La media que cobra un bombero forestal funcionario de la Xunta de Galicia, sin antigüedad, “ronda los 1.300 y 1.400 euros”, añade Rodríguez. En esta comunidad, el grueso de los bomberos forestales es personal público dependiente de la Xunta, al que se suman bomberos de las brigadas municipales, “que pueden tener salarios muy distintos un municipio de otro”, a los que además apoyan los grupos de emergencias supramunicipales, como los bomberos de los parques comarcales, también con sus propias condiciones y denuncias de precariedad. Las BRIF acaban de actualizar el convenio firmado con Tragsa y el Ministerio de Transición Ecológica, que ha aumentado sustancialmente las remuneraciones de este cuerpo, con el reconocimiento de más funciones, como la intervención en otras emergencias, como la DANA. Estos bomberos del Estado además tienen contrato todo el año. “Son condiciones laborales que han ido cayendo por su propio peso y que hemos ido peleando durante 20 años. Estamos contentos con el convenio, pero no nos conformamos. No es que en la BRIF tengamos muy buenas condiciones, es que el resto están muy mal”, considera por su parte Marcos Gómez Carpintero, presidente de la Asociación de Trabajadores de las BRIF. A veces, las diferencias de condiciones laborales alcanzan otras condiciones laborales básicas, como las pernoctas y los descansos en los desplazamientos, explica Javier García Rodríguez. “En la DANA de Valencia, estuvimos muchos bomberos forestales apoyando. Como miembro de las BRIF, iba a un hotel a descansar, pero tenía compañeros de otros cuerpos, dependientes también de Tragsa, que iban a polideportivos en los que llevaban sus propios sacos de dormir, y cuando llegaban por la noche a descansar no tenían saco porque se lo habían quitado, algo que denunciamos. Estas cosas pasan y siguen pasando”, denuncia el bombero. En Tragsa responden que “no les consta que se haya producido esta situación”. Castilla y León, foco de desigualdad y privatización Castilla y León, foco de varios de los peores incendios de este verano (y desde que hay registros), como los de León y Zamora, es señalada como un “caso extremo” de privatización y desigualdad laboral entre los bomberos forestales que trabajan en el territorio, indica el responsable de UGT. “No puedes tener un buen dispositivo con seis tipos de contratación distintos, denuncia por su parte Jorge Nieto, de CCOO y agente medioambiental en la Comunidad. Por un lado, la Comunidad que gobierna Alfonso Fernández Mañueco, tiene “un 20% de personal funcionario y laboral”, explica Nieto, al que se suma un 40% de bomberos que están contratados por la empresa pública Tragsa y “otro 40% repartido en unas 30 empresas privadas”. “Luego tenemos, para rizar el rizo, convenios de colaboración de la Junta de Castilla y León con ayuntamientos o mancomunidades”, añade el sindicalista. El responsable de CCOO explica que los bomberos forestales son los que peores condiciones laborales y salariales tienen, con un salario por convenio de 1.171 euros al mes, y con menos meses de trabajo que el resto. “Depende de las empresas para las que trabajen, pero hay contratos de cinco meses al año, de seis...”, apunta Jorge Nieto, que sobre todo llama la atención sobre “la falta de experiencia” de estos contratos externalizados. Como muestra, destaca la oferta de empleo publicada a través de Infojobs por la empresa Orthem en la que buscaban cinco peones de extinción de incendios sin experiencia para enfrentarse a los incendios de León. Estos anuncios urgentes para sumar personal se deben a las vacantes sin cubrir por las malas condiciones laborales y escasa estabilidad de los contratos, así como la “mala gestión de la bolsa” de bomberos de la Junta de Castilla y León, considera Nieto, que implica que haya que encontrar personal de cero y de manera urgente ante las emergencias. “Si no trabajas en el mundo de extinción, detección y prevención de incendios forestales los 12 meses del año, hay un capital humano importantísimo que se nos va. Lo que en otros sectores llaman fuga de cerebros, aquí nos pasa lo mismo. Porque evidentemente no puede ser profesional si no vives de tu profesión”, argumenta también Javier García Rodríguez (UGT). La falta de experiencia no solo es un reto para la calidad del dispositivo de extinción del fuego, sino para la seguridad de los trabajadores que se enfrentan a él. “A nivel personal, me viene una brigada de tres meses inexperta y no les puedo meter en primera línea de fuego. Como responsable del incendio, para mí son más una preocupación. Entonces tengo que intentar dejarlos en segunda línea y meter en primera línea a gente más experta”, explica Alejandro Rodríguez, que trabaja como agente medioambiental desde los 90 en Galicia. Estos días, todos los bomberos forestales contactados aseguran que se está rebasando además el máximo de 12 horas de trabajo. “Hay casos de jornadas de 20 horas”, sostienen tanto Jorge Nieto (CCOO) como Javier García Rodríguez (UGT), fruto de la “falta de personal”, porque no llega el siguiente retén a sustituir al anterior. “Esto no puede ser el modus operandi, no hablamos de un día de manera excepcional, hablamos de semanas, de una cosa ordinaria. Esto no puede ser, va en contra de la seguridad y la salud del personal”, destaca García Rodríguez.