Con los grandes incendios de agosto prácticamente bajo control y una superficie calcinada total por encima de las 400.000 hectáreas, el debate político calienta motores. Esta misma semana, el PP espera al Gobierno en el Senado para echarle en cara su supuesta falta de colaboración con las comunidades autónomas en las tareas de extinción. Y los ministros citados —los titulares de Transición Ecológica, Defensa, Interior y Agricultura— se preparan para sacar los colores a los gobiernos del PP de Galicia, Castilla y León, Andalucía y Extremadura por su supuesta dejación de funciones y falta de prevención ante un problema que es competencia exclusiva de las comunidades. Los expertos en la materia sabían desde hace meses, como consecuencia de las lluvias de la primavera, que este año iba a ser particularmente explosivo.Durante la crisis incendiaria se han sucedido los relatos de afectados que denunciaban momentos en los cuales brigadas enteras permanecían de brazos cruzados a pocos kilómetros de donde se las necesitaba para detener un fuego, y pueblos asediados por las llamas a los que no llegó ningún auxilio.¿Qué falló? ¿El modelo español de lucha contra el fuego es un caos sometido a la improvisación de las administraciones implicadas o fueron las decisiones de sus máximos responsables las que motivaron que, en algunos momentos, no se movilizaran todos los recursos posibles?Dejando a un lado la discusión acerca de la falta de previsión, la desorganización de recursos y la escasa inversión en prevención, lo cierto es que la arquitectura de mando de la lucha contra el fuego en España está perfectamente diseñada. En todo momento está previsto quién está al mando, qué mecanismos hay que invocar para solicitar medios concretos a otras administraciones y bajo qué circunstancias se puede declarar que la responsabilidad pase a estar en manos del Gobierno de España.En este sentido, hay pocas dudas sobre quién toma las decisiones: quién decide evacuar una zona o quién moviliza un recurso de extinción. El mando ordinario de la prevención y extinción de incendios forestales corresponde a las comunidades autónomas a través de sus planes específicos, que establecen una cadena clara: un director del plan (autoridad autonómica) y, en el operativo, un director técnico de extinción que ejerce el mando sobre los medios desplegados.La Administración General del Estado actúa en apoyo y coordinación a través de la Dirección General de Protección Civil. Al mismo tiempo, Interior activa el Comité Estatal de Coordinación y Dirección y el Centro Nacional de Emergencias, mientras que Transición Ecológica coordina los medios estatales especializados.Cuando una comunidad necesita refuerzos de otras administraciones, tiene que solicitarlos formalmente. Eso incluye el despliegue de la UME o la activación del Mecanismo de Protección Civil de la UE para pedir apoyo internacional. Pero la responsabilidad sobre el operativo concreto contra el fuego no pasa a manos del Gobierno de España a menos que se declare una “emergencia de interés nacional”, algo que ninguna comunidad solicitó durante toda la crisis incendiaria. Solo en este caso Interior habría asumido la dirección de la emergencia y la ordenación de todos los recursos estatales, autonómicos y locales en el ámbito afectado. Habría cambiado el mando, pero —y esto es importante— no los medios utilizados en el operativo.Pero no sucedió. Todas las decisiones operativas se llevaron a cabo bajo la responsabilidad de las comunidades autónomas afectadas siguiendo la cadena de mando establecida en el plan contra incendios de cada una de ellas. De manera que, cuando una brigada no fue movilizada o un pueblo no recibió ayuda, no fue consecuencia de un problema de descoordinación entre administraciones, sino de las decisiones, mal informadas o erróneas, de quienes estaban al mando.Lo ocurrido ha servido también para alentar un debate recurrente: ¿es más ineficaz el modelo de coordinación descentralizado que rige en España, con competencias en manos de las comunidades autónomas? ¿Sería mejor que una agencia estatal se ocupase de las tareas de extinción, como sucede en otros países, con independencia de que esas competencias sean autonómicas, como establece la Constitución?Sería cierto si el problema fuese la descoordinación. Pero no lo es, porque la cadena de mando siempre está bien establecida. En Portugal, por ejemplo, existe un modelo centralizado desde que el desastre de 2017 en Pedrógão Grande (66 muertos) puso en evidencia las carencias del modelo de extinción del país. Desde entonces, la Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) tiene la misión de diseñar, evaluar y coordinar la estrategia nacional contra incendios, poniendo el énfasis en la prevención.Es un organismo central, que es lo que algunos echan en falta ahora en España, con planificación estratégica a 10 años vista que coordina ministerios, municipios, fuerzas armadas, protección civil y agentes forestales. Pero aunque supuso una mejora en la planificación y en la claridad competencial (ahora cada actor sabe qué hacer y cuándo), y más inversión en prevención, Portugal sigue sufriendo incendios devastadores. Y el debate político a consecuencia de los fuegos no se ha apagado.El modelo español es todo lo contrario, porque se basa en que cada comunidad es responsable de las competencias forestales. La coordinación funciona bien, en general, en emergencias graves, pero la prevención y la planificación plurianual no tanto. Hay una gran dispersión de modelos: no es lo mismo Castilla y León (con una fuerte dependencia de cuadrillas temporales) que Cataluña (bomberos profesionalizados y cuerpo forestal). La prevención, a su vez, depende del presupuesto autonómico anual, muy expuesto a las prioridades de cada comunidad.La conclusión es clara: el problema, los grandes incendios explosivos e incontrolables, no parece ser consecuencia de un modelo centralizado o descentralizado, porque se producen igual en Portugal como en España.Entonces, ¿son los políticos la causa de las dificultades para pagar el fuego? Algunas voces, como hacía en infoLibre este fin de semana Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, reclaman reducir su papel al mínimo. Según este experto en gestión de la seguridad, crisis y emergencias, hace falta un pacto que permita a los técnicos y especialistas de cada una de las administraciones —local, autonómica, estatal— coordinarse de manera automática y con la menor intervención política para que los mecanismos previstos en la ley funcionen de manera engrasada.Es decir: que las decisiones sobre quién hace qué, qué medios se movilizan, a qué se da prioridad y quién está al mando se tomen de manera automática en función de determinados parámetros, como la extensión y evolución del incendio. Se evitaría así la discusión competencial, porque no dependería de un político decidir si el mando sigue en manos autonómicas o pasa a la Administración del Estado.Este enfoque, sin embargo, también presenta zonas oscuras, porque dependería en gran medida de datos muy precisos y actualizados y sería poco flexible ante situaciones complejas. Y plantea un problema inexistente, porque no hay constancia de políticos que en esta crisis tomaran decisiones en contra del criterio de los técnicos.Los expertos en gestión forestal advierten, en todo caso, de la necesidad de evitar que la discusión sobre la extinción opaque la necesidad de tomarse en serio la prevención. La inversión en gestión forestal, educación comunitaria y ordenación del territorio es esencial para reducir el riesgo de incendios.