Durante la pandemia de covid iniciada en 2020 apareció un mantra que se repetía intermitentemente. Sostenía que los países autocráticos y centralizados como China eran mucho más eficaces para abordar emergencias como la que se vivía en ese momento que una democracia avanzada y descentralizada como España. Con la oleada de incendios de este mes, que ya ha convertido este año en el más aciago de este siglo en este tipo de catástrofes, y la guerra de declaraciones entre políticos mientras el bosque arde, vuelven a surgir las dudas. El reparto de competencias entre comunidades y Estado está claro, pero el PP, como ya hizo en la dana de Valencia el pasado octubre, no ha dejado de acusar al Gobierno de abandonar a las comunidades que dirige. El último ataque, el del vicesecretario de esa formación Elías Bendodo llamando "pirómana" a la directora general de Protección Civil del Ejecutivo de Sánchez. ¿Se puede luchar contra el fuego mientras los políticos incendian la sociedad?El cambio climático, con veranos cada vez más largos y secos, ha multiplicado en los últimos años los fuegos, siempre más violentos, devastadores y difíciles de atajar. Ante ese panorama, que según los expertos es perfectamente previsible y solo tiende a empeorar, y al que también contribuye la despoblación del medio rural, vuelve la pregunta de si nuestro sistema descentralizado de prevención y extinción de incendios sigue siendo viable. Entre 2014 y 2023 los incendios que afectaron a más de 500 hectáreas de superficie arbolada han aumentado un 31%, según los datos de WWF. El récord secular de territorio arrasado por las llamas que España alcanzó en 2022 se ha vuelto a batir este verano, solo tres años después, con 400.000 hectáreas arrasadas. Las comunidades más afectadas, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Madrid, todas gobernadas por el PP, echan la culpa de la falta de recursos al Ejecutivo central pese a que son los gobiernos autonómicos los responsables tanto de la prevención como de la gestión de la emergencia.El reparto de competencias en este campo es claro. Las materias de Montes, protección del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio son autonómicas, según la Constitución. Así lo dice también la Ley de Montes, aprobada por el último Gobierno de José María Aznar (PP) en 2003. La norma deja en manos de las comunidades tanto la prevención como la extinción de los fuegos. Según su artículo 48, son los gobiernos autónomos los encargados de declarar las zonas de alto riesgo de incendios y los planes de defensa en cada uno de ellos. Esos planes deben prever el riesgo de incendios intencionados o el uso negligente del fuego o las épocas de mayor peligro a lo largo del año. También debe recoger los trabajos preventivos que haya que realizar para evitarlo: repoblación y cuidado de la masa forestal, apertura de cortafuegos, vías de acceso a los parajes para poder entrar a atajar las llamas o puntos de agua que deben instalar los propietarios del suelo. Además, ese plan debe establecer “los medios de vigilancia y extinción necesarios para dar cobertura a toda la superficie forestal de la zona, con las previsiones para su financiación”.Indagar sobre la existencia de estos planes en los municipios en los que se han declarado los incendios de este verano es lo que el fiscal de Sala especializado en Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha ordenado a los agentes del Servcio de Protección del Medio Ambiente (Seprona) de la Guardia Civil. El representante del Ministerio Público sospecha que estos instrumentos, o no existen, o en los casos en los que sí, se han podido aplicar de manera incorrecta, lo que ha permitido la expansión incontrolada de las llamas. Estas negligencias, según el especialista de la Fiscalía, podrían comportar trascendencia penal por parte de sus responsables, que deben depurarse en los juzgados y tribunales. Según un estudio elaborado por Greenpeace en 2018, cuatro de cada cinco municipios obligados a tener este tipo de planes carecían de ellos. De las 17 comunidades autónomas, 10 no habían aprobado ninguno hasta ese año.En cuanto a la extinción, según la ley, también es cada comunidad autónoma la que debe de establecer “un mando unificado y estructurado por funciones, basado en los objetivos de eficacia y seguridad”. El Gobierno regional correspondiente será quien nombre al “director técnico de la extinción”. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mofado del Ejecutivo de Pedro Sánchez estos días por reclamar a las comunidades limítrofes que se coordinen, pero, en realidad, ese mecanismo también está previsto en la normativa puesta en marcha en 2003 por José María Aznar. En zonas fronterizas, ambas autonomías deberán coordinar sus dispositivos de extinción. El Estado debe aportar personal técnico cualificado y medios cuando se le solicite, pero puede exigir a las comunidades implicadas que constituyan una dirección unificada de los trabajos.Al menos ocho de los incendios más graves declarados en el noroeste han afectado a Galicia y Castilla y León conjuntamente o a zonas muy próximas al límite común de ambas comunidades. El de los Picos de Europa, en la vertiente de León, ha llegado a la frontera con Asturias y otros dos se han quedado muy cerca, algo más al sur. El iniciado en Jumilla (Cáceres, Extremadura) se ha quedado a escasos kilómetros de Salamanca. Pese a las declaraciones del líder nacional del PP –que carece de cualquier tipo de responsabilidad en la extinción– los gobiernos de todos esos territorios sí tienen la obligación de coordinarse porque así lo establece la ley.Si el incendio obliga a declarar la situación de emergencia, sigue siendo el Gobierno autonómico el que está al mando de la gestión, siempre que no esté en juego el interés nacional o este reclame al Estado que se haga cargo directamente de la situación. Es lo que ha pasado en Galicia, donde la Xunta declaró el pasado 12 de agosto la emergencia de grado 2 en toda la provincia de Ourense. También en León y en Cáceres se han decretado situaciones de emergencia de ese mismo grado. A este nivel de alerta, que fue también el declarado durante la dana de Valencia y en los días posteriores, se recurre cuando la comunidad autónoma correspondiente no es capaz de hacer frente a la catástrofe (en este caso los incendios) con sus propios medios y tiene que recabar medios estatales o incluso internacionales. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recordó el 13 de agosto a los presidentes regionales del PP que, si consideran que la tragedia supera sus medios propios y los auxiliares que les presta el Gobierno, pueden solicitar la emergencia nacional (de grado 3) y derivar la gestión de la catástrofe al Estado. Ni Alfonso Rueda (Galicia), ni Fernández Mañueco (Castilla y León) lo han planteado. Tampoco la jefa del Ejecutivo extremeño, María Guardiola.Este jueves, cuando el fuego comenzaba a amainar, bajo la dirección exclusiva de los gobiernos de esos territorios que gestiona el PP, el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantenía a su disposición a 3.400 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con 450 medios mecánicos, como vehículos, maquinaria o drones; también 640 bomberos forestales con siete autobombas y 56 medios aéreos (entre hidroaviones y helicópteros) del Ministerio para la Transición Ecológica. Al mismo tiempo 5.000 guardias civiles y 350 policías participaban en los diferentes dispositivos de extinción, a los que se sumaron 200 efectivos de la Dirección General de Protección Civil, también dependiente del Ministerio del Interior. “Es lógico que sean las comunidades autónomas las que lideren estas situaciones y tengan la principal responsabilidad”, explica Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos y director del Master en Gestión de la Seguridad, Crisis y Emergencias que se imparte en ese centro. “Se trata de las administraciones que conocen mejor el territorio y, por tanto, controlan los recursos sobre el terreno”. El problema, según Villoria, es que, en un Estado descentralizado como España, las administraciones se coordinan mal, sobre todo si son de distinto signo político. “Por un lado, el Estado teme que las comunidades crean que se invade sus competencias; por otro, estas recelan de que, desde el Gobierno central se intervenga en su gestión. Hay una constante pelea política que lo distorsiona todo y solo crea desafección entre los ciudadanos”, añade el experto.Para Villoria, la única forma de vencer esa desconfianza es un pacto de Estado. Un acuerdo que permita a los técnicos y especialistas de cada una de las administraciones –local, autonómica, estatal– coordinarse de manera automática y con la menor intervención política para que el mecanismo previsto en la ley funcione de manera engrasada. “Es fundamental que ese pacto refleje un sistema de actuación bien definido y que acabe con esta guerra de declaraciones tan dañinas”, prosigue el especialista. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso un acuerdo de este tipo el pasado 17 de agosto, en su visita a Ourense, pero al día siguiente el PP lo rechazó acusando a Sánchez de lanzar "una cortina de humo" para "ideologizar, confrontar y polarizar a la sociedad", según su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz.Villoria, propone al mismo tiempo reforzar los poderes del Gobierno central “para evitar posibles problemas de incapacidad o ineptitud de los ejecutivos autonómicos” (como ocurrió con el Gobierno de Carlos Mazón durante la dana de Valencia del pasado octubre) y dar al Estado en estos casos “una posición de liderazgo” que la actual legislación no contempla.