Tras meses dando la espalda a los bomberos forestales externalizados, la Comunidad de Madrid ha cedido este viernes a reunirse con ellos el próximo jueves y se abre a introducir las mejores laborales que llevan años reclamando. Por ejemplo, tener a toda la plantilla contratada los 12 meses del año, garantizar un puesto a quienes no pasen los exámenes médicos o contratar a todos los trabajadores como bomberos forestales en lugar de peones o conductores.De esta manera, el Gobierno regional reconoce su capacidad para mejorar la situación del cuerpo. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dijo el pasado domingo que estaba favor de incrementar los salarios a este cuerpo externalizado, pero añadió que la Comunidad de Madrid no podía hacer nada por ellos. "Las brigadas forestales dependen de Tragsa y nosotros apoyamos su mejora retributiva, pero queremos recordar que las mejoras salariales dependen del Gobierno central, no son de nuestra competencia".La Comunidad de Madrid tiene un cuerpo de bomberos autonómicos funcionarios de unos 1.700 efectivos, a los que se suman los 500 brigadistas de Tragsa. De este último grupo, 200 trabajan solo en verano con un contrato temporal. Con el argumento de que estos 500 profesionales están subcontratados a Tragsa, Ayuso ha rechazado reunirse con ellos desde que iniciaron las protestas en marzo.Tras la reunión del consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, con el presidente del Grupo Tragsa, Jesús Casas, la Comunidad de Madrid anunció que "contemplará las contrataciones del personal durante los 12 meses del año para incrementar las actuaciones de prevención con un operativo más estable y profesionalizado". También se ha propuesto suprimir la categoría de peón "para pasar a considerar a todos los efectivos como bomberos forestales", una fórmula utilizada hasta ahora por algunas comunidades para pagar sueldos irrisorios. Los bomberos reivindican desde hace años que desde su origen son un cuerpo del gobierno autonómico, pero que fueron externalizados por Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, que fue presidente de la región entre 1995 y 2003. Los brigadistas pasaron entonces a manos de empresas privadas, hasta que en 2022 el servicio pasó a Tragsa, con un contrato hasta el 31 de diciembre de 2025. Se dice que Tragsa depende del Gobierno porque su principal accionista es la SEPI, adscrita al Ministerio de Hacienda (51%), seguida de la Administración General del Estado (48%) y las Comunidades Autónomas (0,6%).Para mejorar las condiciones de su contrato con Tragsa, la Comunidad de Madrid va a incrementar su presupuesto en cuatro millones de euros, hasta superar los 32 millones. A cambio, ha pedido este viernes a Tragsa que también mueva ficha e introduzca a los trabajadores en el mismo convenio que tienen las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio de Transición Ecológica, que también gestiona la empresa pública.Sin embargo, esto no va a ocurrir, según explica el presidente de la entidad, Jesús Casas, a infoLibre. "Sumarlos al convenio BRIF no es una opción porque su organización es totalmente distinta. Lo que se podría hacer es, si en el nuevo contrato de la Comunidad de Madrid hay funciones nuevas que hasta ahora no estaban, hay margen para acuerdos puntuales de empresa con su compensación. Siempre que haya una financiación extra de la Comunidad y un permiso previo de Hacienda", señala el presidente de Tragsa, en una conversación posterior a su reunión con el consejero Novillo.Donde sí ha tenido que ceder Tragsa es en sentarse a negociar de manera oficial la semana que viene con los bomberos, puesto que los bomberos también afean a la empresa que les haya ignorado desde que asumió el contrato en 2022.Tras conocerse el resultado de la reunión, el comité de empresa de Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid mandó este viernes un comunicado en el que reconocen que es "un paso para empezar con acuerdos y mejoras", pero no están de acuerdo en sumarse al nuevo convenio colectivo de las BRIF. "Claramente no es una opción, ya que somos servicios totalmente diferentes y solo crearía más inseguridad jurídica a la plantilla". También subraya que la medida más "urgente" es la subida salarial, y eso por ahora no se contempla porque supone elaborar un nuevo convenio, y eso está en manos de Tragsa. El actual es el de 2008, aunque fue actualizado en 2022.Sergio Martín Muñoz, delegado del sindicato UGT en el cuerpo de Tragsa, explica que Ayuso no es la única culpable de la situación. "Cuando Tragsa entró en la Comunidad en 2022, las empresas salientes Matinsa (FCC) e Infosa se negaron a renegociar y nos quedamos con el convenio colectivo de 2008 en ultraactividad. Con unas tablas salariales completamente desfasadas que no se ajustan al coste de la vida en 2025", relata Martín.Aquí es donde la situación se complica. Tragsa, como empresa pública, no puede negociar con el sector un nuevo convenio colectivo para toda la Comunidad. La capacidad la tiene la Asociación Empresarial del sector de la prevención y extinción de incendios de la Comunidad de Madrid (ASEPEIF), pero está técnicamente muerta porque las empresas que la formaban (Matinsa e Infosa) han abandonado el sector. De esta manera, de facto, el interlocutor válido es la CEIM Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), el brazo madrileño de la CEO, una organización ajena al sector forestal."Es cierto que Tragsa no tiene la capacidad legal de firmar un convenio colectivo. Pero hay una salida más fácil: que Tragsa se siente con nosotros a hacer un convenio de centro de trabajo. Pero evidentemente no le interesa", añade Sergio Martín. La cuestión es que si negocia con los bomberos madrileños, la empresa pública se arriesga a que los otros cuerpos que tiene por España (Castilla y León, La Gomera, La Rioja y Álava) también se rebelen contra la empresa.Efectivamente, Jesús Casas explica a infoLibre que no está dispuesto a elaborar un convenio concreto para Madrid, pero que la compañía tiene su propio convenio para bomberos forestales a nivel nacional, aunque con peores salarios incluso que los que tiene ahora su cuerpo de Madrid. "El convenio de empresa lo tengo, es el de Tragsa para todo España, pero no sé si les interesa. Lo que no hago son convenios provincia a provincia. La realidad es que un bombero de Madrid está en la horquilla alta de los salarios de España de la profesión", remata el alto cargo.