El Consejo de Ministros ha declarado este martes zonas afectadas por los incendios en territorios de 16 comunidades autónomas, con la única excepción del País Vasco. La decisión ha respondido a los efectos de 113 incendios y a las fuertes lluvias registradas a finales de junio, en un periodo comprendido entre el 23 de junio y el 25 de agosto.El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado tras la reunión que el episodio de emergencia seguía activo, aunque ya se consideraba una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años. La magnitud de los daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, ha resultado elevada pese a que todavía no existe una evaluación definitiva.La medida permite activar de inmediato los mecanismos de ayuda para los damnificados. La declaración incluye los territorios afectados por las tres olas de incendios de este verano: la primera a finales de junio, la segunda el 7 de julio y la tercera iniciada el 8 de agosto, con varios focos aún activos. Según Interior, esta última coincidió con la ola de calor más intensa desde que hubo registros, con temperaturas medias 4,6 grados por encima de lo habitual y una duración sin precedentes.Así funciona la LeyLa Ley 17/2015, de 9 de julio, que regula el Sistema Nacional de Protección Civil, define este servicio como un mecanismo público destinado a salvaguardar a las personas y los bienes frente a emergencias y catástrofes de origen natural o humano. El marco legal establece que, en la fase de recuperación tras una emergencia, puede declararse una zona afectada gravemente, con el objetivo de restablecer la normalidad en el área siniestrada una vez superada la respuesta inmediata.La iniciativa para solicitar esta declaración corresponde a las comunidades autónomas, aunque la decisión final recae en el Consejo de Ministros. El procedimiento se articula a propuesta de los Ministerios de Hacienda, Interior y Administraciones Públicas, junto con aquellos otros que puedan estar implicados. El Ejecutivo también tiene la posibilidad de requerir previamente informes a la comunidad afectada antes de emitir la declaración.Para aprobar la medida, el Gobierno valora que el suceso haya alterado de manera grave las condiciones de vida de la población, generado daños personales o materiales, o interrumpido servicios públicos esenciales. La legislación contempla la concesión de ayudas económicas tanto por daños personales como materiales, aunque estas no poseen carácter indemnizatorio. Se consideran daños personales los fallecimientos o situaciones de incapacidad absoluta y permanente, mientras que los materiales deben ser ciertos, evaluables económicamente y relativos a bienes asegurados.Las ayudas están previstas para viviendas, explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o de acuicultura, además de infraestructuras como carreteras e industrias. También pueden beneficiarse ayuntamientos afectados y particulares que hayan colaborado en labores de limpieza. A estas medidas se suman compensaciones fiscales, como la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en casos de realojamiento o cuando los daños no estén cubiertos por seguros, así como reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas y la apertura de líneas de financiación preferencial a través del Instituto de Crédito Oficial.