Tras la fuerte controversia que se desató en el país en los últimos días por el proyecto decreto con el que el Gobierno busca establecer un procedimiento para reprogramar vigencias futuras del Presupuesto General de la Nación, ante la grave crisis de liquidez que afrontan las finanzas del Gobierno, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), le salió al paso de las críticas de exministros y de las advertencias de los organismos de control, revelando en concreto cuál es el plan que se tiene en este frente.Puede ver: Contraloría alerta por la reprogramación de vigencias futuras de concesiones vialesAriel Lozano Gaitán, vicepresidente jurídico de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), le explicó a Portafolio la posición del Gobierno frente al debate que se ha generado por el borrador de decreto del Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre las vigencias futuras de los proyectos de infraestructura vial 4G y 5G. El directivo destacó principalmente que no se harán cambios a los contratos de forma unilateral como se ha mencionado, sino será mediante negociación con las concesiones, en una estrategia similar a la que se anunció hace unas semanas con el Metro de Bogotá.Según explicó Lozano, teniendo en cuenta que al menos el 26 % de las vías de 4G en el país tienen problemas de avance y debían estar terminadas desde hace dos años, el Gobierno no esperaría más a seguir fondeando estas obras que no empezarían su construcción, sino que la idea es dejarle de inyectar recursos a estas, tanto del presupuesto público como por parte de los inversionistas, por concepto de vigencias futuras.“Ocho proyectos que tienen un nivel de avance muy poco, llevan muy creados por diferentes circunstancias. Uno, por, digamos, no se calculó bien los temas ambientales, dos, el tema de las consultas previas que se han convertido en dolor de cabeza, porque, digamos, han salido muchas y eso han retrasado los proyectos. Entonces, cuando los proyectos se atrasan en el inicio, pues ya comienzan a tener problemas”, señaló Lozano.Mientras se resuelven los litigios legales de estas obras, el Gobierno entonces 'despejaría los recursos' destinados a estos proyectos. El plan es iniciar una estrategia de negociación, uno a uno de los dineros públicos que se están yendo a las fiducias y no se están invirtiendo, para usarlos en otras obras e infraestructura, esto sin afectar el capex para el inicio de obra en los patrimonios autónomos, dineros que respaldarían la construcción inicial en caso de que los proyectos en líos comiencen a avanzar.En total, el Gobierno espera poder movilizar al menos $2,3 billones para usarlos en otros proyectos de infraestructura, que hoy están sin utilizarse en estos ocho proyectos en riesgo de liquidación.Estos recursos se esperan recaudar de las obras: Bucaramanga - Pamplona (VF liberadas) por $181.302 millones, Mulaló - Loboguerrero por $339.212 millones, Canal del Dique por $637.257 millones, Troncal Magdalena 1 por $317.458 millones, Troncal Magdalena 2 por $146.200 millones y Buenaventura - Buga por $146.200 millones, Popayán - Santader de Quilichao por $162.217 millones y Ruta del Sol 3 por $200.000 millones. ¿Por qué no dejar los recursos y garantizar la seguridad jurídica?“La idea es que el Gobierno tiene otras obras en las que se pueden invertir esos recursos, porque esos recursos están en unos fondos, en unas fiducias, que si bien es cierto le están generando un interés, es muy poco, no es lo suficiente o representativo para que se pudiera decir: vale la pena tenerlos ahí”. En razón de lo anterior, sería más provechoso, ante los ojos del Gobierno, darle uso a estos recursos y luego reemplazarlos cuando se necesiten.Además, recalca que esta no es una decisión que únicamente beneficie el Estado. Para Lozano, los financiadores serán también impactados con esta decisión, ya que estarían perdiendo el valor del capital en el tiempo.“Ellos - las concesiones - también fondean y tienen unos recursos importantes, con una diferencia: a los concesionarios ese dinero no les genera ningún tipo de rendimiento. Por eso estamos proponiendo una flexibilidad de ese artículo del decreto 1082, en el sentido de que ellos no fondeen más y nosotros tampoco, pero que podamos retirar esos recursos de ahí en la medida en que los podamos utilizar para otras cosas, sin poner en riesgo el proyecto”.También lea: Obtienen licencia ambiental para construir viaductos en la vía Ciénaga–BarranquillaLos financiadores serán también impactados con esta decisión, ya que estarían perdiendo el valor del capital en el tiempo.iStockEl funcionario señaló que el ajuste se realizaría con base en un principio de reposición de recursos en el momento en que fueran requeridos: “Hoy vamos a retirarlos, cuando nosotros tengamos que ponerlos, se los ponemos actualizados para que la obra se mantenga en valor y así no entre en un tema de financiamiento”, le explicó a Portafolio.Así, el funcionario dio un parte de tranquilidad y explicó que los recursos están asegurados y no se perderán: “Los recursos están para iniciar las obras, están los recursos necesarios, pero si hoy se inicia la obra, pues ahí están los recursos para poderlo construir o sacar adelante”, dijo.'No es unilateral; negociaremos con las concesiones'Frente a la advertencia de la Contraloría sobre eventuales riesgos de incumplimiento, que podrían acarrerar moras o intereses por parte del Estado, además de una afectación a la confianza inversionista, Lozano respondió que esta es una percepción equivocada de la Contraloría, "en el sentido de que lo que nosotros estamos haciendo es diciendo: podemos coger estos recursos, pero se los vamos a garantizar, que cuando lo requieran, se los vamos a colocar. No va a existir esa posibilidad de que nosotros los vayamos a sancionar por un incumplimiento en el contrato".En este sentido, Lozano explicó que no tomarán, de forma unilateral, la decisión de quién, cuándo y cómo tomar los recursos, sino que este será un proceso consensuado entre las partes. No obstante, reconoció que la modificación normativa es iniciativa del Ejecutivo: “En la modificación del artículo sí lo hacemos de manera unilateral, porque es que ese es un tema que le toca al Estado, porque el Estado es el que saca las normas. Lo hacemos, pero ya en el momento de hacer la negociación, sí es una negociación consensuada con los concesionarios”.El funcionario fue enfático en que los concesionarios tendrían la posibilidad de mantener el esquema actual si así lo deciden: “Si el concesionario dice, no, yo quiero seguir fondeando, listo, no hay ningún problema, nosotros como Estado seguimos también fondeando, pero los más beneficiados van a ser los concesionarios”.También lea: Exministros alertan sobre decreto que redistribuiría vigencias futuras en otras obrasVías regionales y caminos ancestrales, cuyo avance apenas llega al 24%,iStock¿Cuáles son las alertas?El debate alrededor del borrador de decreto se intensificó tras la carta pública enviada el martes 26 de agosto de 2025 por seis exministros de Hacienda y Transporte. Ángela María Orozco, Germán Cardona, José Antonio Ocampo, Juan Carlos Echeverry, José Manuel Restrepo y Juan Camilo Restrepo expresaron su “enorme preocupación” frente a las implicaciones del documento.De acuerdo con los exministros, el decreto “pretende regular materias que solo pueden ser modificadas o definidas por el legislador y no por el Ejecutivo”. También advirtieron que la iniciativa genera dudas de constitucionalidad y legalidad al desconocer procedimientos del Estatuto Orgánico de Presupuesto y la Ley de Asociaciones Público-Privadas.La carta recordó que el borrador contradice los planteamientos de la Contraloría General de la República, cuyo titular, Carlos Hernán Rodríguez, ya había advertido que “las vigencias futuras pactadas en los contratos de concesión no pueden modificarse unilateralmente”.Los exministros señalaron que la expedición del decreto podría abrir la puerta a demandas de concesionarios, pues el Estado estaría incumpliendo lo pactado en los contratos. También resaltaron que incluir el mutuo acuerdo en el decreto no evitaría el problema de fondo: “Hoy los contratos de concesión ya contienen cláusulas en ese sentido y, por ello, incorporar el mutuo acuerdo en el decreto no mitigaría sus visos de ilegalidad e inconstitucionalidad”.El pronunciamiento incluyó un señalamiento particular sobre la vía El Estanquillo-Popayán, catalogada como proyecto estratégico: “En el caso de El Estanquillo-Popayán, el 97% de su financiación dependerá de vigencias futuras por cuanto el corredor contará tan solo con un peaje. Bajo ese escenario, surgiría entonces un clima de incertidumbre y desconfianza que, evidentemente, dejaría al mercado sin garantías ni apetito para presentar ofertas dentro del proceso licitatorio. Ello apuntaría a su declaratoria desierta”.A las preocupaciones de los exministros se sumó la advertencia del Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra. El funcionario reiteró que la eventual reprogramación unilateral de vigencias futuras en concesiones viales implicaría serios riesgos contractuales y fiscales.Según Rodríguez, la medida “podría impedir una adecuada gestión fiscal y podría generar una afectación de obligaciones contractuales vigentes a cargo de la Nación, si se llegare a realizar de forma unilateral”.El órgano de control subrayó que los contratos de concesión vial vigentes no condicionan los aportes de vigencias futuras al avance de las obras. “No tendría soporte legal ni contractual el no hacer los aportes de las vigencias futuras, cuando la Nación o la ANI consideren que el proyecto o contrato de concesión no avanza conforme a lo previsto”, afirmó la Contraloría.PAULA GALEANO BALAGUERAPeriodista de Portafolio