Los obispos no se presentaron al acto de conciliación por la filtración de datos de medio centenar de supervivientes en el desaparecido informe 'Para dar luz', y achacan el error de la revelación de los datos al bufete Cremades, que niega tener ninguna responsabilidadHemeroteca - La escuela como escenario clave de los abusos de la Iglesia: “Me decía que la amistad de Jesús con los apóstoles era así” Varias víctimas de abusos a menores en el seno de la Iglesia ultiman una demanda civil millonaria contra la Conferencia Episcopal por vulneración del derecho al honor y protección de datos, después de que fallara un acto de conciliación celebrado esta semana en Madrid y al que no se presentó ningún responsable episcopal. En concreto, tal y como adelantó elDiario.es, entre diciembre de 2023 y enero de 2024 la Conferencia Episcopal (CEE) difundió en su web la identidad de 45 víctimas de abusos. Fue en el contexto de la polémica por la decisión de no publicar la auditoría encargada por los obispos –y pagada; costó más de un millón de euros– al bufete Cremades&Calvo Sotelo. La Conferencia Episcopal elaboró a marchas forzadas un informe llamado Para dar luz, que iba a servir para arrojar transparencia y ofrecer una muestra actualizada del trabajo de la Iglesia con las víctimas. Sin embargo, pocos meses después incluso este documento fue declarado documento de uso privado y convenientemente ocultado por la Iglesia española. La filtración de datos, investigada por la Agencia de Protección de Datos, y que podría haber supuesto sanciones que van desde los 300.000 euros a los 20 millones, fue llevada a los tribunales, aunque se desestimó la parte penal, que implicaba, entre otros, tanto al bufete de abogados como a tres miembros de la CEE: el gerente, Fernando Giménez Barriocanal; el jefe de prensa (y responsable de Para dar luz, Josetxo Vera); y Alfredo Dagnino, actual director de Compliance de la Casa de la Iglesia, y que formó parte del equipo de investigación de Cremades hasta que fue despedido de la firma. Tras ello, se activó la parte civil. Los obispos, ausentes Este martes, en una notaría de Madrid, se llevó a cabo un acto de conciliación al que estaban llamados el representante de las víctimas, el abogado Luis Felipe Gómez Ferrero, el despacho de Cremades y la Conferencia Episcopal. Los obispos fueron los únicos que no se presentaron. “Entendíamos y entendemos –apunta el abogado a elDiario.es– que se dio una vulneración en materia de protección de datos, en la que Cremades tiene su parte de responsabilidad” al haberse encargado de la recogida de datos referentes a la identidad de las víctimas, aunque en lo que concierne a la vulneración del derecho al honor, la responsable sería la CEE, que fue quien publicó los datos en su web. Los obispos han reconocido el “error”, pero han achacado las culpas al informe presentado por Cremades, que según ellos estimaban “publicable”. Sin embargo, la Iglesia jamás hizo público el resultado de la auditoría externa, sino un refrito elaborado por la propia Conferencia Episcopal. “El despacho de abogados dice que entregaron un documento que no era para colgar en la red, sino para información y uso interno de la Iglesia, ya que si hubiera sido para hacer público, aseguran que ellos mismos se habrían ocupado de evitar que se difundieran nombres ya apellidos de las víctimas”, añade Luis Felipe Gómez. Una “revictimización” “La Iglesia fue notificada, pero no dieron noticias. Cremades sí vino, y presentó un documento en el que explicaban que la Conferencia Episcopal era quien tenía el dominio del acto, que los responsables eran los obispos y que ellos quedaban eximidos de cualquier responsabilidad”, informa el abogado de las víctimas, que anuncia que “el paso siguiente va a ser una demanda, bastante novedosa, en la que vamos a pedir una indemnización elevada”. Al tratarse del ámbito civil, iría contra la institución [la CEE] y no contra Dagnino, Vera o Barriocanal. Las víctimas recuerdan la gravedad de la filtración, que supuso para ellas una nueva revictimización. “Volvimos a confiar en la Iglesia, y en la investigación que estaba llevando a cabo su despacho de abogados, ofrecimos el testimonio de nuestros sufrimientos, y vimos cómo sus datos se hacían públicos”, afirma una de ellas. Al menos ocho supervivientes de abusos están dispuestas a seguir adelante con la demanda. La difusión de esa información, “ha menoscabado la dignidad” de personas que fueron víctimas de esas prácticas incluso cuando eran menores de edad. La disparidad de criterios entre los obispos y Cremades ha evitado un acuerdo para el pago de indemnizaciones por intrusión en su privacidad. Cremades sostiene que corresponde a la Conferencia Episcopal, y ésta, que quien debe asumir el error es el bufete. Mientras tanto, las víctimas –estas y muchas otras– continúan esperando respuestas. Toda la información en www.religiondigital.org