Los ayuntamientos españoles, en particular los que albergan áreas de especial riesgo de incendios, están obligados desde hace años a aprobar planes específicos de prevención, los llamados Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales (PLPIF). La idea es simple: llevar a cabo tareas de mantenimiento para mitigar los riesgos y preparar medios para actuar en caso de tener que hacer frente a un siniestro.Así lo establecen la Ley de Montes y las normativas autonómicas. Pero en realidad, no todos los ayuntamientos cuentan a día de hoy con planes de esta naturaleza. De ahí que la Fiscalía, que los tiene en el punto de mira desde hace años, se haya puesto a investigar.El problema, sin embargo, no acaba ahí. Prácticamente la totalidad de los municipios de Ourense contaban este verano con planes aprobados y eso no impidió que el fuego arrasase decenas de miles de hectáreas. No se trata solo de contar con planes sino, como confirman fuentes del sector consultadas por infoLibre, de actualizarlos todos los años, dotarlos presupuestariamente y aplicarlos bajo la supervisión de la administración responsable, que no es otra que el gobierno autonómico de cada comunidad. Los ayuntamientos situados en zonas de riesgo forestal tienen la obligación, según la normativa autonómica y estatal, de elaborar y aplicar planes de prevención que no se queden en el papel. Estos planes se traducen en medidas concretas que actúan sobre varios frentes: la reducción del combustible vegetal, la ordenación de los usos del territorio y la preparación de la población.Uno de los elementos básicos es la creación y mantenimiento de fajas cortafuegos alrededor de los núcleos habitados, instalaciones estratégicas (depósitos de agua, tendidos eléctricos, carreteras) y edificaciones aisladas. Estas franjas, libres de vegetación o con una cobertura muy reducida, sirven —cuando existen— para frenar la continuidad del fuego y generar zonas de seguridad para las labores de extinción. No basta con abrirlas una vez: los planes deben prever su limpieza periódica para que no se conviertan en simples líneas abandonadas cubiertas de maleza.La interfaz urbano-forestal, donde las casas se mezclan con el monte, es uno de los puntos más vulnerables. La normativa exige a los ayuntamientos que obliguen a los propietarios a mantener limpios sus terrenos, retirando matorral, ramas secas y acumulaciones de combustible vegetal. En ocasiones, los consistorios asumen directamente esa limpieza en parcelas municipales y pueden sancionar la inacción de particulares. La vigilancia de estas zonas es esencial, porque allí se origina buena parte de los incendios con consecuencias graves para las viviendas. Pero no siempre es sencillo dar con los propietarios de fincas abandonadas, ni todos los municipios tienen medios para vigilar y sancionar con eficacia. En multitud de casos es imposible identificar a los dueños, que a menudo ni siquiera viven en el municipio. Otros, de edad avanzada y pensiones mínimas, carecen de medios para cumplir las obligaciones que les impone la legislación.En las urbanizaciones o aldeas rodeadas de bosque se recomienda además que los ayuntamientos desarrollen planes de evacuación específicos, señalizando rutas de escape hacia carreteras seguras y habilitando puntos de reunión o áreas de refugio temporal. Estos planes deben incluir protocolos de aviso a la población, simulacros y coordinación con Protección Civil y los servicios autonómicos de emergencias. La experiencia demuestra que en incendios rápidos, como los que se producen en verano bajo viento fuerte, los minutos de duda pueden ser fatales. Lo cierto es que los planes de evacuación detallados —y sobre todo ensayados con la población— brillan por su ausencia.Otra función clave es la regulación de actividades que implican riesgo: quemas agrícolas, barbacoas, maquinaria que pueda generar chispas o lanzamiento de fuegos artificiales en periodos de alto riesgo. Los ayuntamientos, en coordinación con la comunidad autónoma, deben establecer bandos y prohibiciones temporales, así como campañas de concienciación ciudadana para que se cumplan.Los planes también deben incluir la construcción o mantenimiento de depósitos de agua accesibles para los medios de extinción, la señalización de pistas forestales y el control del estacionamiento en caminos que puedan ser usados como rutas de evacuación. Incluso la planificación urbanística debe considerar criterios de seguridad frente a incendios, evitando nuevas edificaciones en áreas especialmente expuestas sin medidas de autoprotección.En los planes municipales debería haber además acciones de sensibilización. Informar a la ciudadanía de las obligaciones legales, organizar charlas en colegios o asociaciones vecinales y fomentar la cultura de autoprotección ayuda a que la prevención no dependa solo de brigadas o servicios externos.El problema recurrente es que muchos planes se aprueban formalmente, pero no cuentan con presupuesto, personal o seguimiento real. Se supone que las comunidades autónomas, las administraciones competentes en materia forestal y de emergencias, son las encargadas de supervisar si los ayuntamientos cumplen con sus obligaciones. De hecho, tienen capacidad para imponer sanciones por no ejecutar cortafuegos, no limpiar franjas perimetrales o permitir usos del fuego en épocas prohibidas.El Ministerio para la Transición Ecológica, en cambio, solo tiene funciones de coordinación y recopila información nacional, pero no fiscaliza directamente a los municipios.En la práctica, hacer realidad los planes aprobados formalmente depende del presupuesto local. Y muchos ayuntamientos en zonas de alto riesgo de incendio apenas disponen de recursos, lo que en la práctica limita la aplicación real de las medidas. Solo cuando ocurre un gran incendio se pone el foco en que el municipio no tenía limpia la faja perimetral o no había hecho simulacros de evacuación.En Galicia, por ejemplo, la Xunta recurre a la empresa pública Seaga para redactar los planes, sobre todo de los ayuntamientos más pequeños. Y a través de ella refuerza la prevención de incendios forestales en las zonas más próximas a las viviendas, conocidas como fajas secundarias.Entre las medidas que lleva a cabo esta empresa en colaboración con los municipios figuran la revisión y actualización de los planes, así como la cooperación en la gestión de la biomasa y en la retirada de especies prohibidas. Se establece un marco de colaboración técnica y administrativa que incluye apoyo en la ejecución subsidiaria de las obligaciones de limpieza, inspección de parcelas, envío de notificaciones y publicación de incumplimientos.Su actuación, no obstante, fija límites concretos, como la gestión de hasta 10 hectáreas de biomasa por ayuntamiento y año o la limpieza de hasta 12 kilómetros de vías municipales anualmente. También prevé la ejecución de actuaciones preventivas adicionales planificadas por la Xunta y, en parroquias priorizadas, se ofrecerá apoyo directo a los propietarios para formalizar contratos de gestión de biomasa.