La provincia de Zaragoza ha abrazado los centros de datos y pretende ser el epicentro español donde aterricen en los próximos años los servidores que guardarán los datos en la nube y soportarán el desarrollo masivo de la inteligencia artificial. En Aragón ya operan tres naves de Amazon —la primera empezó a funcionar a finales de 2022—, pero según Ecologistas en Acción, el Gobierno de Aragón tiene intención de levantar hasta 35 centros en los próximos años, con 15 proyectos ya aprobados.El aterrizaje de empresas como Google, Azora o Samca en Aragón no ha estado exento de polémica, y esta irá en aumento a medida que estos proyectos comiencen a construirse en los próximos años. Su consumo masivo de energía y agua en una región que ya ha vivido una crisis similar con la ganadería intensiva ha enfadado a vecinos y organizaciones locales, aunque por ahora con una oposición limitada. Una red de ciudadanos de Zaragoza acaba de programar la primera manifestación en la ciudad el día 27 de septiembre bajo el lema "No es sequía, es saqueo"."Por ahora no ha habido una oposición importante, pero sí vemos que está creciendo", opina Carlos López, portavoz de Ecologistas en Acción de Aragón. "Los centros de datos son un ejemplo clásico de trasvase de riqueza de los lugares donde se ubican a los países donde pagan impuestos las empresas".El argumento de quienes critican estas instalaciones es que consumen una gran cantidad de recursos y apenas dejan beneficios sociales y económicos en el territorio, una reivindicación habitual en protestas rurales como las que ha habido alrededor de las energías renovables o la minería intensiva.Compañías tecnológicas o fondos de inversión como Blackstone destacan sus cifras milmillonarias de inversión, y el Gobierno aragonés saca pecho del empleo que dejarán, pero la mayoría de los puestos que se crean son temporales y duran sólo lo que tarda en construirse el edificio. Según López, en los centros de datos que ya tiene Amazon allí, apenas hay 20 empleados por planta y son de baja cualificación. Los 15 centros que ya cuentan con el visto bueno de la comunidad autónoma, incluidos los tres de Amazon construidos, tendrán una potencia total de 5.000 megavatios, señala el portavoz, el equivalente a la potencia energética de cinco reactores nucleares. La potencia total que tendrían los 35 proyectos, según calcula Ecologistas, serían unos 8.000 MW, aunque estas naves tendrán que pelear con otras industrias, como las fábricas o la producción de hidrógeno, para hacerse con los permisos de los nudos de conexión a la red eléctrica, que son limitados y los reparte Red Eléctrica con los criterios del Ministerio de Transición Ecológica. "La previsión del Gobierno de Aragón es que en 2030, el 50% del consumo eléctrico de la Comunidad sean centros de datos, pero yo creo que ese cálculo ya se ha quedado corto. Si eso se cumple, significará que otras empresas e industrias más intensivas en empleo no podrán asentarse, haciendo a la región más pobre. Esto ya ha pasado en otros lugares como Irlanda o Virginia (EE UU)", explica López. En esta región estadounidense, la capital mundial de los centros de datos, se calcula que en 2030 la factura de la luz subirá un 25% sólo por la demanda extra de los centros de datos. Estas naves, del tamaño de un estadio de fútbol, también incrementan la generación de electricidad con fuentes contaminantes, porque necesitan grandes cantidades de energía garantizada las 24 horas del día.El consumo de agua es igualmente enorme porque, además de mantener encendidos los servidores, hay que refrigerarlos. "Se estima que un centro de datos de hiperescala puede consumir entre uno y cinco millones de litros de agua al día", según un estudio publicado en mayo por la fundación Ecodes y elaborado por la Universidad de Zaragoza.Ese análisis pone el foco en cómo lograr una implantación responsable de los centros de datos en España, y el punto de partida es la mejora de la transparencia. El impacto social y ambiental de los centros de datos se mide según su eficiencia a la hora de consumir energía, agua y expulsar gases de efecto invernadero, pero a menudo estos datos se ocultan deliberadamente o se suavizan para apaciguar la oposición pública o política.En Aragón, Carlos López comenta un caso reciente de un centro de datos de ACS que ha recibido un DIGA, una declaración como inversión de interés autonómico y de interés general que permite agilizar trámites, facilitar el acceso al suelo mediante las expropiaciones, y rebaja y elimina tasas e impuestos."En esa DIGA aparece el consumo de agua con asteriscos, no puede consultarse. Y cuando no lo ocultan, ponen cifras artificialmente bajas para luego solicitar ampliaciones", puntualiza. Por ejemplo, Amazon pidió en diciembre de 2024 incrementar en sus tres centros el consumo hídrico máximo anual de 36,4 a 53,9 millones de litros, según publicó El País.El Gobierno prepara un real decreto para dar transparencia al sector, a partir de la Directiva europea de Eficiencia Energética, donde exigirá anualmente "indicadores relativos a consumo total de energía, funciones de red eléctrica, aporte total de agua, aporte total de agua potable y calor residual reutilizado", así como una estrategia para minimizar estos impactos. Para calcular su impacto social también deberán entregar análisis sobre el empleo creado en la zona de manera directa e indirecta y su impacto en la economía local.Aquellos centros con una potencia superior a 1 MW —los gigacentros de datos de Aragón superan los 300 MW— también tendrán que instalar mecanismos de reutilización de calor residual en su refrigeración para ser lo más eficientes posibles. Todos los centros que no tengan todavía un permiso de conexión a la red, una vez se publique el decreto, no podrán recibirlo si no cumplen todas estas condiciones. Pablo Barrenechea, encargado de Centros de Datos en Ecodes, ve con buenos ojos el real decreto, pero cree que se pierde una gran oportunidad para ser más ambiciosos, por eso van a presentar alegaciones al proyecto. "La norma da transparencia a un sector opaco, pero no vale solo con reportar los datos, habría que forzar a que haya una mejora de los consumos de agua y energía con el paso del tiempo. Por ejemplo, si hoy consume la planta 0,7 litros por kilovatio hora de electricidad, podemos condicionar el permiso a que en 2030 haya bajado esa cifra", aporta. "Estamos hablando de tecnologías que avanzan muy rápido y en tres años pueden estar obsoletas", añade.