El gobierno de Gustavo Petro. Foto: ©Manolo Ramos de Getty Images a través de Canva.com y PresidenciaEl presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que firmará un nuevo decreto de emergencia económica, el cual, según indicó, suscribirá el martes 24 de febrero.El pronunciamiento lo realizó a través de su cuenta en X en donde expuso las razones que, a su juicio, justifican la adopción de esta medida excepcional.En su mensaje, el mandatario señaló que incluirá de nuevo la sobretasa al impuesto de renta que pagan las entidades del sistema financiero.En su publicación afirmó que esta iniciativa responde a criterios de equidad y sostuvo que se trata de una medida “justa” en el actual contexto económico.En la anterior emergencia económica y en la reforma tributaria (ley de financiamiento) que se cayeron en la Corte Constitucional y en el Congreso, respectivamente, el Gobierno Petro buscaba imponer una sobretasa que subiera del 35 % al 50 % para las entidades financieras.Recomendado: Las razones por las que la Corte suspendió emergencia económica de Petro: errores en firmas y falta de motivaciónEste crecimiento de las utilidades no se debe al crecimiento económico real sino al alza de interés interna promovida por el banco de la república.Poner un impuesto a estás ganancias extraordinarias se volvió pecado y es lo más justo que se pudiera hacer y es lo que va en el… https://t.co/JJBB8kiQwd— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 23, 2026 De acuerdo con lo manifestado, el objetivo sería redistribuir parte de esos ingresos adicionales y fortalecer las finanzas públicas en un escenario que el Gobierno considera complejo.El mandatario agregó que este nuevo componente tributario quedará incluido en el decreto de emergencia económica que prevé firmar.No obstante, hasta el momento no se conocen los detalles técnicos de la propuesta, ni la estructura específica del eventual gravamen.Tampoco se ha precisado cuál sería la base gravable, la tarifa aplicable o el tiempo de vigencia de la medida o si se mantendrá la propuesta inicial que no fue avalada ni en la Corte ni en el Congreso.De igual forma, el Gobierno no ha divulgado estimaciones oficiales sobre el recaudo esperado ni el impacto fiscal proyectado.