La Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias ha acordado la apertura de una información reservada a cuatro mandos del Cuerpo General de la Policía Canaria tras conocerse su citación para declarar ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria como investigados por acoso laboral a una agente del mismo cuerpo. Se trata de una medida de carácter interno y previa a cualquier actuación disciplinaria, que busca esclarecer los hechos y recabar datos antes de adoptar otras decisiones definitivas. La denuncia que ha dado origen a la causa judicial ha sido presentada por una agente del propio cuerpo y aunque no han trascendido más detalles sobre el contenido de la misma, la Dirección General ha subrayado que, con la información disponible hasta el momento y con el objetivo de preservar tanto la investigación como los derechos de las partes, se adoptarán medidas organizativas de carácter preventivo. Traslado de los cuatro mandos a otras unidadesEl departamento que dirige la política de seguridad autonómica ordenará el traslado provisional de los cuatro mandos a otras unidades y se garantizará que no coincidan en los mismos turnos ni espacios de trabajo con la denunciante, con el fin de evitar cualquier situación que pudiera afectar al normal desarrollo de la investigación o a la convivencia profesional dentro del cuerpo. Según ha informado el departamento autonómico en una nota de prensa, las citaciones judiciales fueron recibidas el pasado 10 de febrero en el correo electrónico oficial del Cuerpo General de la Policía Canaria y por su contenido, fueron trasladadas al área de Asuntos Internos que tres días después, el 13 de febrero, propuso la apertura de una información reservada para analizar el alcance de los hechos.Se buscan indicios para decidir la apertura del expedienteLa apertura de información reservada constituye un paso habitual en este tipo de procedimientos internos en la administración pública. Se trata de una fase preliminar destinada a determinar si existen indicios suficientes para incoar un expediente disciplinario formal o si por el contrario, los hechos no revisten carácter sancionable en el ámbito administrativo, al margen de lo que pueda resolverse en la vía judicial.El Gobierno de Canarias ha señalado que, en el supuesto de que los hechos denunciados se hubiesen producido durante la prestación del servicio, estudiará la posibilidad de personarse en el procedimiento judicial. Esto permitiría a la administración autonómica defender sus intereses institucionales y ejercer las acciones que considere oportunas en función de la evolución del caso.La Dirección General de Seguridad canaria insiste en que actuará con prudencia y rigor, respetando la presunción de inocencia de los investigados y garantizando al mismo tiempo la protección de la denunciante y la transparencia del proceso. El desarrollo de las diligencias judiciales en el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria marcará los próximos pasos tanto en el ámbito penal como en el administrativo. Por el momento no se conocen más datos puesto que la investigación tiene carácter reservado.Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.