La plataforma ciudadana El Puerto para Vivir, integrada por colectivos sociales y vecinos de manera independiente y apartidista, ha respondido al comunicado emitido por el Ayuntamiento y la Policía Local tras las denuncias públicas que presentó sobre la negativa reiterada a recoger denuncias relacionadas con pisos turísticos, fiestas descontroladas y los chiringuitos de Puerto Sherry.La organización asegura que su labor no persigue fines partidistas y que sus miembros comparten únicamente la defensa del bien común de la mayoría social de El Puerto. Entre sus preocupaciones destacan la protección de derechos fundamentales como el descanso en los hogares, la convivencia pacífica, la seguridad ciudadana, la transparencia y el cumplimiento de la legalidad, incluida la supervisión de los negocios con mayor poder económico y de los representantes políticos.Según la plataforma, la defensa de estos derechos constituye una obligación democrática y un principio básico de justicia, no una opción política. La denuncia se sustenta en numerosos testimonios recopilados en distintos barrios y urbanizaciones de la ciudad. Varios afectados intentaron interponer denuncias tanto por vía telefónica como presencial en dependencias policiales, pero aseguran que se les negó el registro de sus reclamaciones.[articles:340691]Miembros de la propia plataforma relataron que se personaron en la Jefatura de la Policía Local con la intención de formalizar denuncias y fueron impedidos por los agentes presentes. Estos hechos, según la organización, contradicen directamente las afirmaciones contenidas en el comunicado oficial del Ayuntamiento y la Policía Local, que sostiene que existen instrucciones para recoger este tipo de denuncias.El Puerto para Vivir ha cuestionado cómo se explican los casos concretos de vecinos a quienes se les ha negado este derecho en repetidas ocasiones y la afirmación de un agente local sobre supuestas órdenes de no registrar denuncias relacionadas con los chiringuitos de Puerto Sherry. Asimismo, solicita clarificación sobre la responsabilidad de la Jefatura de la Policía Local y del concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Garay, ante las negativas sistemáticas a atender estas situaciones.Respuesta al protocoloLa plataforma recuerda que la existencia de un protocolo de actuación de la Policía Local no garantiza su cumplimiento. Señalan que los testimonios recogidos demuestran incumplimientos prácticos, en línea con otros ejemplos en la ciudad donde contratos, ordenanzas y normativas aprobadas por el Ayuntamiento no se han ejecutado bajo el actual equipo de gobierno, desde la limpieza urbana hasta el mantenimiento de infraestructuras.[articles:341066]Asimismo, la organización enfatiza que la Policía Local tiene la obligación legal de registrar cualquier denuncia y acudir cuando se requiere su presencia, sin valoraciones subjetivas sobre la gravedad del caso. La negativa a hacerlo, aseguran, vulnera derechos ciudadanos y erosiona la confianza en las instituciones municipales.El Puerto para Vivir ha anunciado que continuará recopilando denuncias y testimonios, y que valorará trasladarlos a instancias superiores como el Defensor del Pueblo Andaluz, la Subdelegación del Gobierno o la Fiscalía para depurar responsabilidades. La plataforma hace un llamamiento a vecinos que hayan sufrido negativas similares por parte de la Policía Local a compartir sus experiencias, reafirmando su compromiso de defender los derechos de la ciudadanía y exigir la actuación de las instituciones públicas al servicio del bien común.