Los diez vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han pedido que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por supuesta revelación de secretos, no asista al acto de apertura del año judicial y que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no se siente junto al rey.Este grupo ha dirigido un escrito a la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, al que ha tenido acceso EFE, para que traslade a García Ortiz la "inconveniencia de intervenir en el acto" y evitar así "una innecesaria tensión para la Fiscalía General del Estado, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el propio jefe del Estado". Y -continúan- que "se visibilice nuestro rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo evitando que el ministro de Justicia ocupe un lugar en estrados, significando con ello la separación y el respeto entre los poderes del Estado; y se ponga en conocimiento de la Jefatura del Estado esta situación, a efectos de la adecuada coordinación institucional".Como es tradicional está previsto que el fiscal general intervenga en el acto de apertura del año judicial en el Supremo, el tribunal que investiga a Álvaro García Ortiz por revelar supuestamente datos del caso de presunto fraude fiscal seguido contra Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.A la espera de si Perelló responde, la Fiscalía General ha señalado que García Ortiz está obligado por ley a asistir a la apertura del año judicial, después de que los vocales conservadores del Poder Judicial y tres organizaciones de jueces y fiscales, entre ellas las dos mayoritarias, hayan pedido que no acuda. "La asistencia del fiscal general del Estado no está en cuestión", han indicado a EFE fuentes de la Fiscalía General, que recuerdan que es obligación del fiscal asistir a este acto porque así lo marca la ley y que, por tanto, no puede elegir si acudir o no al acto que se celebrará este viernes en el Tribunal Supremo.Los vocales explican que "en modo alguno se pone en duda el derecho a la presunción de inocencia (...) ni se prejuzga el fondo del proceso en curso" que pesa contra García Ortiz, procesado por un delito de revelación de secretos y a las puertas del juicio oral. Sin embargo, "la coincidencia entre esa condición procesal y su intervención en un acto de la más alta relevancia constitucional no resulta apropiado, comprometiendo, inevitablemente, la serenidad que el acto demanda, cuando hasta el último de sus subordinados se vería privado automáticamente del ejercicio de sus funciones", por tanto, "resulta difícilmente comprensible que esta situación se tolere".Asimismo, destacan el "contexto político de extraordinaria tensión" tras la entrevista del presidente del Gobierno en TVE "en las que se vertieron acusaciones genéricas contra jueces y magistrados", que reiteró ante la prensa internacional, "poniendo en duda la imparcialidad y el recto desempeño de su función", en la misma línea que después se manifestaron la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el ministro de Justicia."Tales afirmaciones no solo resultan injustas, sino que lesionan la confianza en uno de los pilares del Estado democrático de Derecho", porque "las críticas a resoluciones concretas son legítimas, pero la deslegitimación global de jueces y tribunales erosiona el sistema constitucional mismo".En el mismo sentido, horas antes, las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales también han pedido a García Ortiz que "se abstenga de asistir" este viernes al acto de apertura del año judicial "por respeto al rey", que lo presidirá, y a las instituciones. Así lo solicitan en un comunicado conjunto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF), a las que se suman además la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).Las asociaciones referidas recuerdan que se trata de un acto solemne que se celebra bajo la presidencia del jefe del Estado. "Sentar junto al rey y ante el poder judicial a una persona contra la que se ha acordado la incoación de un procedimiento abreviado en virtud de resolución firme y cuando con toda probabilidad se abrirá juicio oral es un hecho insólito que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de derecho y al propio jefe del Estado", indican.Y añaden: "Mina la credibilidad de la justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día desempeñamos nuestra función desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad".Las asociaciones aclaran que "como no puede ser de otro modo" respetan la presunción de inocencia de Álvaro García Ortiz pero estiman que "el respeto a las instituciones y a lo que representan está por encima de los intereses particulares de los servidores públicos". "Por eso desde aquí queremos solicitar al fiscal general del Estado que por respeto al rey y a quienes integramos las carreras judicial y fiscal se abstenga de asistir al acto solemne de apertura del Año Judicial", concluye el comunicado. En cambio, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha manifestado que carece de cobertura legal excluir al fiscal general, Álvaro García Ortiz, en el acto de apertura del Año Judicial y no ve conveniente usar la presencia del rey para instarle a que no asista por estar investigado por supuesta revelación de secretos.El portavoz de la AJFV, Sergio Oliva, ha emitido un comunicado para explicar por qué esta organización no ha suscrito el comunicado conjunto de la APM, la AF y la APIF.Oliva aclara que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria "comparte la preocupación que puede generar en la ciudadanía la imagen de un fiscal general del Estado sometido a un procedimiento judicial presidiendo junto al rey y la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, el acto de apertura del Año Judicial". "Somos plenamente conscientes de que esa circunstancia daña la imagen de la Fiscalía", añade el portavoz de la asociación.Explica, no obstante, que "conforme a la legalidad vigente el fiscal general sigue ostentando el cargo y conserva íntegramente las facultades que le son propias, entre ellas la de intervenir en dicho acto solemne, y mientras no exista una resolución que implique su cese o inhabilitación se encuentra habilitado para ejercer sus funciones".Por ello entiende que "no corresponde a las asociaciones condicionar su presencia en un acto institucional de esta naturaleza ni vincular la figura del jefe del Estado a una petición de exclusión que carece de cobertura legal".A juicio de la AJFV "no resulta conveniente utilizar la presencia del rey como argumento para instar al fiscal general a no asistir a un acto en el que la ley le reconoce su lugar institucional". "En definitiva, compartimos la preocupación por la imagen de la Fiscalía y la necesidad de preservar la credibilidad de nuestras instituciones pero consideramos que la forma adecuada de resolver esta situación debe ajustarse siempre a los dispuesto en la legalidad vigente", concluye este portavoz.