El debate sobre la repatriación de menores migrantes ha ganado mucha presencia en la actualidad después de los eventos ocurridos en el barrio madrileño de Hortaleza. Todo comenzó cuando en este centro de menores se registró una violación cometida por parte de uno de los residentes a una joven de 14 años.Este suceso provocó la indignación por parte de muchos, incluyendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que comentó a través de sus redes sociales: "Cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones. Y la respuesta del gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada y desatenderse de ellos mientras nos insultan a los presidentes. A lo que se suman los cientos de miles de adultos que llegan por Bajaras cada año y los campamentos de Sánchez en Madrid. ¡No hay derecho! "¡Ya está bien!", escribía en la publicación.Además, un grupo de encapuchados asaltó en este distrito a un grupo de menores migrantes en las inmediaciones del Centro de Primera Acogida, tal y como confirmó Francisco Martín, Delegado del Gobierno en Madrid, que también informó que uno de estos jóvenes tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital.Esta sucesión de agresiones ha reabierto el debate sobre la repatriación de inmigrantes. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha solicitado que más de 40 menores migrantes no acompañados que viven actualmente en nuestro país en centros de acogida sean devueltos a sus países de origen.Pero más allá del debate político y la crispación social, subyace una cuestión compleja y jurídica: ¿Es legal repatriar a un menor migrante incluido en el sistema de protección y que ha delinquido? ¿En qué condiciones?Una reacción política que reabre un debateEl caso madrileño no es aislado. En los últimos años, los centros de menores han estado en el foco mediático cada vez que se conocía un caso delictivo. En esta ocasión, la denuncia de agresión sexual por parte de un joven tutelado ha reavivado el debate sobre la integración, la gestión de los centros, y la posibilidad de repatriación como respuesta a la reincidencia delictiva.Desde el Ayuntamiento de Madrid y otras administraciones se ha instado al Ministerio del Interior y al Gobierno a facilitar y acelerar la expulsión de menores extranjeros infractores, argumentando que la seguridad y la convivencia están en riesgo.Pero pese al argumento de que estos menores son reincidentes y no se han adaptado a la sociedad de nuestro país, la legislación nacional e internacional ampara a estos jóvenes. Según Sara Casero, técnica de migraciones de la ONG UNICEF, la repatriación de menores migrantes, niños o adolescentes, “está sometida a fuertes garantías jurídicas que evitan que se puedan producir repatriaciones colectivas y permite que se pueda analizar cada niño de manera individual”¿Qué dice la ley?En el ordenamiento jurídico español, un menor de edad, por el simple hecho de serlo, tiene derecho a la protección del Estado, y su situación se rige principalmente por la Ley de Protección Jurídica del Menor, la Ley de Extranjería, y tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño.Esto significa que un menor extranjero que llega solo a España es considerado, ante todo, un sujeto de protección, no un inmigrante irregular, es declarado en desamparo y pasa al sistema de protección. Así, es tutelado por los servicios de protección de menores de la comunidad autónoma donde haya sido localizado, y no puede ser repatriado de manera automática ni colectiva.Según Juan Carlos Lorenzo de CEAR, "en el día a día es prácticamente imposible que un menor sea devuelto a su país de origen con garantías para que se cumplan sus derechos. Hay que tener en cuenta como suelen venir de lugares empobrecidos, de familias desestructuradas y entornos bélicos, por lo que esta repatriación suele ser casi imposible. Y en la práctica eso es prácticamente inviable".La repatriación de un menor extranjero sólo es posible si se dan tres condiciones clave:Debe estudiarse caso por caso, con un expediente individualizado.Debe garantizarse que en su país de origen tiene una red familiar o institucional adecuada que lo reciba.No puede haber riesgo para su integridad física o moral en caso de retorno.Esa misma Ley de Extranjería recoge que si esa repatriación no es posible en los primeros tres meses, las administraciones públicas deben llevar a cabo un proceso de regularización y documentación para todos los menores de 16 años. Esta legislación tanto nacional, europea como internacional protege a cualquier menor que viva en nuestro país, esté o no acompañado sin importar dónde haya nacido.¿Y si el menor comete delitos graves?El hecho de que un menor esté protegido por el sistema no significa que tenga impunidad. Si comete un delito, entra en funcionamiento la jurisdicción penal de menores, que prevé medidas específicas como el internamiento en centros cerrados, libertad vigilada, o terapia obligatoria, siempre con un enfoque educativo y rehabilitador.Los delitos sexuales cometidos por menores son tratados con máxima seriedad, y la Fiscalía de Menores puede ordenar su internamiento inmediato en caso de riesgo para terceros. En ese sentido, los centros de acogida ordinarios, más abiertos y pensados para tutela social, no están diseñados para albergar a jóvenes con conductas violentas o delictivas graves.Peligro de estigmatizaciónUno de los mayores riesgos que denuncian entidades sociales y defensores de la infancia es el de estigmatizar a todo el colectivo de menores extranjeros no acompañados. Según datos del Ministerio de Inclusión y Migraciones, la gran mayoría de los menores tutelados no tienen antecedentes delictivos y participan activamente en programas educativos y de inserción social.De hecho, la Delegación del Gobierno en Madrid prohibió este martes la concentración organizada por Vox en las inmediaciones del Centro de Primera Acogida de Hortaleza. "en base a estos hechos, y tras el análisis del expediente y de los informes de seguridad, la Delegación ha dictado resolución de prohibición con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de las personas menores de edad y preservar la seguridad ciudadana, en aplicación del principio del interés superior del menor", señala el escrito oficial.Según la Delegación, realizar una manifestación en ese lugar vulneraría el derecho a la intimidad y a un entorno seguro de los menores migrantes, conforme a la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. El Gobierno recuerda que el derecho de reunión no ampara concentraciones que supongan señalamientos u hostigamiento a colectivos vulnerables, ni aquellas con riesgo para la convivencia o la integridad de las personas. La normativa española permite prohibir una manifestación cuando existan indicios razonados de delito o de alteraciones del orden público. Por lo que el Ejecutivo no descarta imponer sanciones a los dirigentes de Vox que acudieron a las protestas.Un tema con fondo políticoNo se puede obviar que el debate sobre los menores migrantes tiene un fuerte componente político y se enmarca en un contexto europeo de endurecimiento del discurso migratorio. Algunas formaciones, especialmente de corte conservador o ultraderechista, han hecho de los menores no acompañados uno de sus temas recurrentes, alimentando un relato en el que estos menores son sinónimo de delincuencia, inseguridad y gasto público. Por otro lado, sectores progresistas insisten en que la prioridad debe ser la inclusión, la educación y la prevención, no la expulsión.Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com