Amnistía Internacional México (AIM) rechazó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) declinara la autorización a más de 300 organizaciones no gubernamentales (ONGs) y fundaciones para recibir donativos y que otras fueran dadas de baja; pero señaló que en toda América está creciendo la tendencia de “leyes anti-ONG”, restrictivas para debilitar, controlar e incluso desmantelar a las organizaciones de la sociedad civil.LEE ADEMÁS: ¿De qué murió Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans?“Cuando muchas instituciones públicas siguen sin transparentar cómo usan los recursos públicos… Gobiernos que dicen promover transparencia… pero en realidad buscan controlar y debilitar a la sociedad civil“, advirtió en sus redes sociales.Algunos de esos organismos, como el Instituto Mexicano para la Competitividad, Mexicanos Primero y México Evalúa, no solo pusieron en tela de juicio el manejo de los recursos y políticas públicas del gobierno de la 4T, sino que también cuestionaron acciones de anteriores administraciones.AIM señaló que con acciones como las del SAT, se dificultan las labores de los organismos relacionadas con la defensa de derechos fundamentales y ayuda humanitaria, lo que representa “un golpe directo a su capacidad de operar y apoyar a la gente“, que se traduce en menos recursos para defensa de derechos humanos, apoyo legal a víctimas, atención a violencia de género y protección de territorios indígenas.“En México, las organizaciones enfrentan cargas excesivas: informes duplicados, requisitos reiterativos y controles previos sobre el uso de fondos. Resultado: menos tiempo ayudando, más tiempo en burocracia. Ojo al doble estándar: a las organizaciones se les exige todo, pero muchas instituciones públicas siguen sin transparentar cómo usan los recursos“, advierte.En su informe “Rompiendo el tejido social: El impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas”, AIM dio a conocer que entre 2024 y 2025, países como Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela aprobaron o reformaron marcos normativos que imponen controles desproporcionados a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), afectando directamente su capacidad para defender derechos humanos, operar y acceder a recursos.“¿Qué significa en la práctica? Menos recursos para defensa de derechos humanos, apoyo legal a víctimas, atención a violencia de género y protección de territorios indígenas“, sostuvo. “El debate real no es ‘control vs libertad’. Es: ¿queremos un país donde nadie vigile al poder? Porque cuando las ONG se debilitan, la corrupción y los abusos crecen“.Este fin de semana, Mexicanos Primero y México Evalúa precisaron que se encuentran a la espera de obtener una nueva autorización para recibir donativos. En tanto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que fue notificado y tramitó oportunamente la acreditación, pero la autoridad fiscal determinó que quien la emitió no contaba con las “atribuciones necesarias”, revocándole el estatus de donataria autorizada.Tras lo anterior, AIM puntualizó que “urgen reglas claras y justas”: “Sí a la transparencia. Pero sin asfixiar a quienes sostienen el tejido social. Un México más seguro y democrático necesita más sociedad civil, no menos“.The post Más control a quien vigila, menos a quien gasta, advierte Amnistía Internacional México first appeared on Ovaciones.