Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación. Foto: Corte Suprema de JusticiaLa fiscal general, Luz Adriana Camargo, endureció su postura frente a las disidencias, trazó varias líneas críticas: un ultimátum que puede afectar la mesa de paz con disidencias, avances clave en el caso del asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay y una respuesta directa a las acusaciones del Gobierno.La fiscal Camargo dio un panorama completo de las investigaciones en Blu Radio, advirtió que la Fiscalía está lista para reactivar la orden de captura contra alias ‘Calarcá’, vocero de una facción disidente, ante la continuidad de actividades criminales pese a su rol en la negociación.Según explicó, la decisión se sustenta en evidencia técnica obtenida tras el análisis de dispositivos electrónicos incautados en un retén donde se encontraba el cabecilla. De allí surgieron pruebas que lo vinculan con delitos cometidos incluso después de haber sido designado como interlocutor en la mesa.El hallazgo más delicado, dijo, es la presunta orden directa para el asesinato de un líder social. La Fiscalía asegura haber encontrado conversaciones que evidenciarían la comunicación entre ‘Calarcá’ y el autor material del crimen.Para la entidad, estos hechos contradicen los compromisos exigidos a los voceros en procesos de paz y hacen “insostenible” mantener beneficios como la suspensión de órdenes de captura.Ejército de Colombia. Foto: Ministerio de Defensa de Colombia. Camargo confirmó que ya informó al comisionado de Paz, Otty Patiño, y dejó claro que el margen de espera es corto: si el Gobierno no actúa, la Fiscalía avanzará.El contexto agrava la situación del cabecilla, señalado además de liderar extorsiones en el sur del país y de estar involucrado en combates internos que dejaron al menos 20 muertos en los Llanos Orientales.Magnicidio, choque con Petro y frente internacionalEn paralelo, la fiscal reveló avances sustanciales en la investigación por el asesinato del senador y candidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. A través de un enfoque tecnificado —rastreo de antenas, interceptaciones y análisis de datos— la Fiscalía no solo identificó a los autores materiales, sino también a los determinadores.Según Camargo, la evidencia apunta directamente a la cúpula de la Segunda Marquetalia, incluyendo a alias ‘Iván Márquez’ y ‘Zarco Aldinever’, como responsables de ordenar el crimen con el objetivo de generar “inestabilidad política” en medio del ciclo electoral.La entidad asegura contar con pruebas técnicas que respaldan testimonios y permiten trazar vínculos entre los ejecutores y los mandos del grupo armado, incluyendo comunicaciones y movimientos georreferenciados.En ese marco, anunció la activación de mecanismos de cooperación internacional para lograr su captura, con apoyo de Interpol y eventuales gestiones diplomáticas con Venezuela, donde se presume que estarían los señalados.Camargo también descartó, por ahora, la participación de actores externos al grupo armado en la financiación del crimen y confirmó que el dinero fue rastreado dentro del país. Fiscal vs. PetroEn el frente político, la fiscal respondió con dureza a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó su imparcialidad. Calificó las acusaciones como “absolutamente falsas” y defendió la independencia de la institución.Negó cualquier vínculo de su esposo con el abogado Abelardo de la Espriella o con campañas políticas, y aseguró que este se retiró del ejercicio profesional al asumir ella el cargo para evitar conflictos de interés.Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia. Además, cuestionó que las críticas se hagan a través de redes sociales y no por canales institucionales, y advirtió que ese tipo de señalamientos afecta la credibilidad de la justicia.Finalmente, sobre el llamado “Pacto de la Picota”, la fiscal fue enfática: no existe, hasta ahora, evidencia que permita abrir una investigación formal. Tampoco, dijo, hay información oficial de Estados Unidos que confirme indagaciones en ese sentido.Camargo concluyó en la entrevista: “Cualquier investigación contra el presidente de la República corresponde exclusivamente a la Comisión de Acusación de la Cámara, no a la Fiscalía”.