El poder reglamentario del Gobierno se ejerce conforme a la legalidad y con el debido respeto a la jerarquía normativa entre ley y reglamento (art.97 y 9.3 Constitución Española). Este sustento básico del Estado democrático de Derecho tiene cauces de control preventivo, a través del Consejo de Estado, y, en su caso, posterior judicial, por la vía del recurso ante el Tribunal Supremo.Seguir leyendo