Vías terciarias. Foto: MinTransporte - InvíasLa decisión de la Corte Constitucional de Colombia de tumbar la contratación pública “popular” del Plan Nacional de Desarrollo puso el foco sobre uno de los frentes más sensibles de la inversión pública: las vías terciarias, donde se concentró buena parte de los recursos y, según expertos, también los mayores riesgos.El modelo, impulsado por el gobierno de Gustavo Petro, permitió la adjudicación directa de contratos con juntas de acción comunal, cabildos y resguardos.De acuerdo con la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente se han celebrado 97 contratos a través de esa modalidad que suman $3.592 millones, los cuales tan solo seis corresponden a entidades del orden nacional, cuyo valor asciende a $1.204 millones y los restantes corresponden al orden territorial.Cabe mencionar que esta figura estuvo en vigencia desde el 8 de julio de 2024 hasta el 25 de febrero de 2026. Sin embargo, especialistas coinciden en que las vías terciarias —clave para la conectividad y la economía campesina— son también el tipo de obra más vulnerable para perdida de recursos o como arma electoral.Limitaciones técnicas y riesgos de ejecución“Colombia tiene cerca de 200.000 kilómetros de vías terciarias, frente a menos de 8.000 kilómetros concesionados. Eso obliga a priorizar intervenciones focalizadas y sostenibles”, explica Juan Esteban Gil, exdirector del Invías.Pero el modelo cuestionado avanzó en sentido contrario. Según advierte, la ejecución se atomizó en tramos mínimos que no garantizan conectividad real. “Se intervienen segmentos aislados sin lógica de corredor ni de origen-destino. Eso diluye el impacto de la inversión”, señala.Desde una fuente del sector, que habló bajo reserva, la crítica es más directa: “Se fragmentan los proyectos en tramos mínimos —100 metros en un punto, 50 en otro, 300 en otro— lo que impide generar conectividad real. No se construyen corredores funcionales”.Foto: InvíasEl problema no es solo de escala, sino de capacidad. Las vías terciarias requieren soluciones que combinan obras puntuales —como placa huella en zonas críticas— con mantenimiento permanente y uso de maquinaria especializada.En ese punto, los expertos advierten un desajuste entre el diseño del modelo y la capacidad de los ejecutores. “Se están asignando contratos de obra a comunidades que no cuentan con la experiencia ni la idoneidad para diseñar y ejecutar estos proyectos”, señala la misma fuente.Si bien las organizaciones comunitarias pueden participar en tareas específicas, como mantenimiento manual, la ejecución integral exige capacidades técnicas que no están garantizadas.A esto se suma un problema de control. “La fragmentación incrementa los riesgos: hay menor trazabilidad de los recursos, mayor dispersión en la supervisión y más dificultades para verificar resultados”, agrega.El factor electoralMás allá de los problemas técnicos, los expertos coinciden en que el principal riesgo está en el uso político de la inversión.La fuente consultada sostiene: “En la práctica, esto termina teniendo un componente político evidente: distribuir recursos en múltiples puntos del territorio sin una lógica técnica clara, lo que facilita su capitalización electoral”.La lógica, explican, es que al multiplicar contratos pequeños se amplía el número de beneficiarios directos en distintas comunidades, lo que puede traducirse en respaldo político en elecciones.Contratación en Colombia. Foto: tomada de FreepikEsto, advierten, distorsiona la priorización. “Se terminan interviniendo tramos donde hay interés político y no necesariamente donde hay mayor necesidad o impacto productivo”, señala otro analista.Con la decisión de la Corte Constitucional de Colombia, el reto ahora será rediseñar el esquema de inversión sin repetir los errores advertidos: fragmentación, baja eficiencia y el riesgo de convertir la infraestructura rural en una herramienta de rentabilidad electoral.