Imagen: Generada con IA de GeminiEl Gobierno puso en marcha un nuevo esquema tarifario de acueducto y alcantarillado que impactará a cerca de 30 millones de usuarios en el país.Desde este miércoles rige la Resolución CRA 1032 de 2026, con la que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico establece una nueva metodología para prestadores con más de 5.000 suscriptores, en su mayoría en zonas urbanas.La aplicación efectiva en facturación comenzará el 1 de julio de 2026.¿Qué cambios trae el nuevo marco tarifario?El nuevo marco constituye la cuarta etapa regulatoria del sector y busca corregir distorsiones del modelo anterior. El cambio central es que las tarifas dejarán de calcularse con proyecciones a cinco años y pasarán a un esquema de recálculo anual con base en costos reales.Según estimaciones iniciales del regulador, este ajuste podría traducirse en una reducción ilustrativa del 14 % en la factura promedio, aunque el impacto dependerá del desempeño de cada empresa.Además, las tarifas se actualizarán con un índice de inflación más estable (IPC sin alimentos ni regulados) para evitar volatilidad.Ministra de vivienda firma nuevo marco tarifario. Foto: MinVivienda.Calidad del servicio entra a la tarifaPor primera vez, la percepción ciudadana será un factor obligatorio. El marco introduce el Nivel de Satisfacción del Usuario (NSU), que medirá calidad del servicio, atención de quejas y claridad en la facturación.A esto se suman descuentos automáticos si las empresas incumplen metas de cobertura, continuidad o calidad del agua, lo que traslada parte del riesgo operativo al prestador. También se articula con esquemas de mínimo vital definidos por autoridades locales para garantizar acceso a población vulnerable.La regulación incorpora incentivos para el uso de energías renovables en la operación de los sistemas —como paneles solares—, lo que podría reducir significativamente los costos energéticos. Asimismo, incluye cargos asociados a la protección de fuentes hídricas, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.El modelo también endurece las metas de reducción de pérdidas de agua en redes, uno de los principales problemas estructurales del sector.Equidad territorial y cierre de brechasEl nuevo esquema prioriza la expansión del servicio en zonas de difícil acceso y municipios vulnerables, como los PDET y Zomac, con el objetivo de reducir brechas en cobertura y garantizar tarifas más bajas en estos territorios.Además, reconoce costos de gestión social, como programas de educación ciudadana sobre uso eficiente del agua y cultura de pago.La normativa fue construida con participación de entidades como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, tras cinco años de estudios y más de 1.600 aportes en consulta pública.