La tramitación de proyectos de energías renovables en Aragón durante el auge del sector sigue dejando nuevas incógnitas. Una diligencia incorporada a la investigación del caso Forestalia revela que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), bajo la dirección de Jesús Lobera, ordenó en 2022 la retirada de al menos 46 expedientes que estaban siendo gestionados por la empresa pública Sarga para derivarlos a dos consultoras privadas, cuya independencia técnica ha sido cuestionada por la Guardia Civil en sus informes.Seguir leyendo....