Andalucía irá a elecciones el próximo 17 de mayo y su presidente, Juanma Moreno (PP), tratará de explotar en campaña la imagen de dirigente dialogante, institucional y capaz de ofrecer una "vía andaluza" distinta del ruido político nacional. Esa es, de hecho, la tesis central de su libro Manual de convivencia (Espasa) en el que Moreno reivindica "ser moderado y respetuoso con la izquierda" y sostiene que "así nació la idea del cambio tranquilo". A su favor juega que esta legislatura con su mayoría absoluta ha evitado depender de Vox y proyectar una imagen de estabilidad con buenos indicadores económicos en cuestiones como el paro. Pero nadie olvida —especialmente el propio Moreno, que le dedica un capítulo entero a ello en su libro— que su llegada a San Telmo en 2019 se debió, precisamente, al auge de la formación de Santiago Abascal. Ahora, Moreno quiere evitar volver a la casilla de salida.A pesar de la imagen pública que proyecta de puertas hacia fuera —como le sucedía al actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en sus años al frente de la Xunta de Galicia— y que le ha convertido en un contrapeso a otras figuras más duras de su partido, su balance de estos últimos cuatro años deja una sucesión de polémicas. Decisiones políticas que cuestionan precisamente los pilares del discurso que ha pretendido enarbolar, con la sanidad como su principal problema, pero que también desbaratan sus alegatos sobre la ejemplaridad, la limpieza institucional, la defensa de los servicios públicos y la despolitización de los resortes de poder. Moreno siempre ha reivindicado que su Gobierno administra mejor que los anteriores y que Andalucía no puede permitirse "volver a la corrupción socialista". Pero el Partido Popular no se libra de ella. Hace solo unos meses Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina –entonces presidente del Partido Popular en la provincia– dentro de una investigación que arrancó en 2021 por corrupción en la compra de mascarillas. El caso afecta de lleno a uno de los grandes feudos del PP andaluz y describe una presunta estructura de adjudicaciones fraudulentas y cobro de comisiones en torno a contratos públicos entre 2016 y 2021, con cargos del PP almeriense en la cúspide.Con el decreto de disolución del Parlamento publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Moreno reconocía este martes sus dos principales temores: el exceso de confianza que lleve a su electorado a no votar y no caer en la "obsesión" con Vox. El presidente andaluz quiere representar la "sensatez" frente al "lío" que supone depender de Vox, como les ocurre a sus compañeros de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Y lo cierto es que si Moreno necesita a Vox tras las elecciones, se desmoronaría una parte esencial de su marca política, lo que a su vez también debilitaría al Partido Popular a nivel nacional. Para evitarlo, va a poner toda la maquinaria a trabajar, incluso si ello implica compartir su primer acto de precampaña con el expresidente socialista Felipe González, que participará en un coloquio con el candidato del PP el próximo 26 de marzo en el Teatro Cajasol de Sevilla. La sanidad es la gran herida política de Moreno. Lo que empezó como una bandera del cambio frente al PSOE ha acabado convirtiéndose en el principal problema de la Junta con colapsos en las unidades, retrasos en las citaciones y una caída en la confianza de las pacientes. Las listas de espera, la saturación de la atención primaria y las protestas en la calle han desafiado la narrativa de buena gestión que pretendía enarbolar el Ejecutivo andaluz. Para la oposición, se trata del desenlace lógico de una estrategia que priorizó los recortes y la gestión externalizada por encima de la prevención y la vida. El mensaje de las formaciones de izquierda es coincidente en lo esencial: Moreno está desmontando la sanidad para venderla a unos pocos.La crisis de los cribados de cáncer reveló, precisamente, la incapacidad de la Junta para garantizar el personal sanitario básico, tal y como han denunciado los sindicatos de profesionales sanitarios. Según los datos de la propia Junta, 2.317 mujeres se vieron afectadas por errores en el programa de detección de cáncer de mama, el 85% concentradas en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Sin embargo, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA) denunció después que la cifra podría ser mayor y que "no dejan de llegar nuevos casos", además de haber detectado el borrado temporal de algunas pruebas en sus historiales clínicos. Según el Ejecutivo andaluz, todo se debió a un fallo en el protocolo del programa de prevención de mama pero durante la gestión de la crisis el PP exhibió una falta de empatía con las propias víctimas. La entonces consejera de Salud, Rocío Hernández, se llegó a reír de la oposición durante la comisión parlamentaria en la que se habló del escándalo y a las mujeres afectadas les trasladó que no vieran el "vaso medio vacío". Asimismo, en un primer momento, cifró en “tres o cuatro casos” los fallos por el error para luego admitir que había miles de mujeres sin recibir el diagnóstico.El Gobierno de la Junta también ha liado en los últimos meses con la investigación sobre la Diputación de Almería. La investigación sitúa en el centro a dirigentes del PP almeriense y describe una presunta red de adjudicaciones fraudulentas, cobro de comisiones y blanqueo ligada a contratos públicos entre 2016 y 2021, con 43 personas y 14 empresas bajo el foco, con el nombre de Javier Aureliano García en el centro. El expresidente del organismo supramunicipal y exlíder del PP en la provincia habría utilizado varias técnicas para blanquear el dinero recibido por, supuestamente, el cobro de comisiones por amañar los contratos del organismo que dirigió entre 2021 y el otoño del pasado 2025, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.La detención del líder del PP almeriense dejó en shock a todo el partido el pasado mes de noviembre. Los populares de esta provincia tienen un poder político y económico enorme, han representado el gran bastión de la derecha durante años mientras el PSOE arrasaba en el resto de Andalucía. Y fueron esenciales, gracias a sus votos, para que Juanma Moreno llegara al Palacio de San Telmo en 2018. Una máquina en las urnas con una precisión suiza. García, para más inri, acababa de ser elegido vocal del Comité Ejecutivo ideado por el presidente andaluz en el congreso del PP autonómico diez días antes.Lo que suceda en Almería es crucial para el PP. Dirigentes de la formación a nivel municipal llevaban tiempo muy preocupados en la intimidad por el fuerte ascenso de Vox, el mayor peligro que tiene Moreno de cara a su intento de revalidar la mayoría absoluta. La ultraderecha tiene un campo fértil en esa provincia. En las pasadas elecciones generales los de Santiago Abascal superaron el 21% de los votos, nueve puntos más que la media nacional. La ultraderecha espera arrasar en los comicios del próximo mayo.En los últimos años, las polémicas que revelan problemas de independencia y manipulación informativa se han sucedido en la televisión pública andaluza, Canal Sur. Las más importantes se derivan de los informes que lleva a cabo el Consejo Profesional de Canal Sur, que logró sobrevivir a la reforma de 2019. La incorporación de José Antonio Rodríguez, procedente directamente del gabinete de comunicación de Moreno, para ser presentador de la cadena y pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2026, ha provocado protestas sindicales y denuncias por posibles irregularidades en la contratación. UGT reclamó una revisión urgente de esos procesos por la incorporación directa, además, de cinco perfiles de redacción.En abril de 2024, el Consejo Profesional de Canal Sur ya sacó los colores a los responsables de la radiotelevisión andaluza recogiendo "350 ejemplos de malas prácticas periodísticas” en los últimos seis meses, relacionados con “escaletas ideológicas” y “desequilibrio informativo". La manipulación, denunciaban, se ha "cronificado". Destacaba un ejemplo: las noticias de Canal Sur dedicaron cien veces más tiempo a la ley de amnistía que a las listas de espera de Andalucía, a pesar de que el primer tema, según todos los estudios, estaba lejos de ser la principal preocupación de los ciudadanos.Durante el mandato de Moreno, sindicatos y partidos de izquierda han denunciado de forma reiterada el cierre de unidades en la escuela pública, mientras la Junta defendía esas decisiones por la caída de la natalidad y reivindicaba también el papel de la enseñanza concertada. La Junta, sin embargo, no ha aprovechado la bajada demográfica para reducir ratios y reforzar la pública, sino para adelgazar su red y consolidar un modelo más favorable a la concertada. En conjunto, la comunidad autónoma ha perdido un total de casi 3.000 aulas de la red pública desde que Moreno gobierna, según estimaciones del sindicato USTEA. A esto se le añade que en solo siete años han abierto cuatro universidades con evaluaciones desfavorables y hay otras tantas que, a pesar de tenerlos, podrían abrir sus puertas próximamente en Andalucía. Es el caso de la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed, online), ya aprobada, y la Universidad Internacional del mediterráneo y la Universidad Internacional de Estepona Antonia Guerrero, todavía en espera. Además de esas dos, se ha dado luz verde también a la Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y la Europea de Andalucía, que todavía no han iniciado su actividad en Málaga, y a la CEU Fernando III de Sevilla, que sí lo ha hecho.En 2023, la proposición de ley impulsada por PP y Vox para ampliar la regularización de regadíos en el entorno del parque desató una tormenta política y ambiental. La Comisión Europea expresó estar “profundamente preocupada” y avisó de que la iniciativa iba en sentido contrario a la protección exigida para el humedal, ya bajo escrutinio por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En octubre de ese año el barón andaluz anunció que paralizaba indefinidamente su proyecto que ampliaba las tierras regables alrededor de la reserva, que se encuentra en estado crítico por la falta de agua. La decisión llegó tras una visita de la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con quien Moreno llevaba meses enfrentado.