El Gobierno rechaza retirar el paquete de 5.000 millones para añadir otras medidas que le pedía el PP, que ha anunciado su abstención cuando había número suficientes para aprobarlo. Queda pendiente de votar el decreto que limita la subida de los alquileresEl Gobierno rebaja al 10% el IVA de los combustibles: estas son las medidas fiscales aprobadas en el plan anticrisis El Congreso ha convalidado este jueves el primero de los dos decretos aprobados por el Gobierno para paliar los efectos económicos y sociales de la guerra de Irán, que se acerca a su primer mes de duración. El Ejecutivo ha logrado el apoyo o la abstención de los partidos de la investidura, así como el 'sí' de UPN, lo que garantizaba que las medidas, que ya entraron en vigor, no iban a decaer. El PP ha anunciado su abstención ante la evidencia de que el decreto pasaría el test parlamentario sin importar su decisión. Solo Vox ha votado en contra. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la necesidad de “proteger y preparar” a la economía española ante el 'shock' que puede producirse si la escasez de petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz se mantiene durante semanas. Cuerpo ha apelado por poner en marcha un “escudo social” que controle un posible aumento de los precios por el encarecimiento de los combustibles, y una “transformación de la economía” tendente a reducir la dependencia del petróleo y sus derivados. Los grupos de la investidura han reconocido que “por primera vez” el Gobierno ha “consultado a los grupos”, en palabras de la diputada del PNV Idoia Sagastizabal. Pero el Ejecutivo se ha llevado también el pellizco de socios como ERC, EH Bildu o Podemos por no haber traído también a votación, y en un único documento, el segundo decreto, que limita el incremento de los alquileres. En ese sentido, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, criticó ya el miércoles que el PSOE haya decidido separar ambos paquetes de medidas y que el que ha salido adelante este jueves contemple rebajas “generalizadas” de impuestos “sin control de precios”. En la misma línea se expresó su homólogo de ERC, Gabriel Rufián. Y este jueves la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha denunciado que el PSOE presuma de medidas como “la subida del salario mínimo, la reforma laboral o los escudos sociales” cuya aprobación en el seno del Gobierno ponen “tan difícil”. El decreto estaba en manos del PP y de Junts. Los independentistas catalanes desvelaron este martes que lo apoyarían a cambio del apoyo del PSOE a una PNL sobre el IVA de los autónomos. Este jueves, el diputado Josep María Cruset, utilizó su turno durante el debate para cargar contra un Gobierno al que acusó de provocar la necesidad de aprobar medidas de urgencia para hacer frente a la crisis económica por la guerra de Irán. “Mientras dicen ustedes que España va como un cohete, la gente va para atrás, y esto va a ir a mucho peor”, denunció Cruset, que tachó al Ejecutivo de “irresponsable supino” por no haber, dijo, “aprovechado los años de bonanza en los que la macroeconomía funcionaba para reforzar la economía de las familias”. “La gente lo está pasando peor ahora que cuando ustedes llegaron al Gobierno”, criticó el parlamentario de Junts, que denunció que “cada vez hay más gente subsidiada” y eso es un “síntoma” de la mala situación económica. Ese texto normativo no tiene fecha de votación. El plazo es de un mes desde su publicación en el BOE. Estas son las medidas económicas y fiscales aprobadas: — Una bajada de los impuestos de la electricidad gracias a una rebaja del 21% al 10% de IVA, la reducción al 0,5% del impuesto especial sobre la electricidad (IEE) y la suspensión temporal del impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica (IVPEE). En total, el Gobierno asegura que la bajada de impuestos de la electricidad será de un 60%. — El Gobierno rebajará el IVA de los combustibles al 10%. Además, una reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en los productos más consumidos, como son el gasóleo y la gasolina sin plomo, entre otros. Sánchez ha cifrado la rebaja en 30 céntimos por litro en función del carburante. — Congelación del precio máximo de venta de butano y propano y también una reducción al 10% del IVA el gas natural, 'pellets' y leña. — Ampliación hasta diciembre de 2026 todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y reforzar el bono social térmico. Se prolongará la prohibición de interrumpir los suministros esenciales a los hogares vulnerables. — Bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para las industrias “expuestas al shock energético”. “Ayudaremos a ahorrar en torno a unos 200 millones de euros”, ha dicho Sánchez. — Se recupera la ayuda para los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores de 20 céntimos por litro de combustible, que abonará la Agencia Tributaria y las administraciones forales correspondientes en País Vasco y Navarra. — Establecimiento por ley de “mayor flexibilidad” en los contratos de suministro energético. “Nos va a permitir que empresas y trabajadores autónomos puedan adaptar sus condiciones al escenario actual sin costes adicionales”, ha explicado. — Se va a dotar de más “capacidad de supervisión y sanción” a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evitar que las empresas saquen partido de las ayudas. — En el caso del coche eléctrico, se impulsan deducciones de hasta el 15% en el IRPF para quienes adquieran un medio de transporte eléctrico “enchufable” y de pila de combustible, matriculados hasta el 31 de diciembre y que no estén vinculados a actividad económica. — Durante 2026, libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades para inversiones en eficiencia energética. “Un beneficio fiscal destinado a la instalación de puntos de recarga de automóviles eléctricos y a la puesta en marcha de otras instalaciones destinadas al autoconsumo de electricidad o al uso térmico de consumo propio de fuente renovable”, explica Hacienda. — En el ámbito de la eficiencia energética, se recuperan las deducciones en el IRPF del 20%, 40% y hasta 60% para los contribuyentes que realicen reformas para rehabilitar viviendas o edificios para reducir la demanda de calefacción o refrigeración — En otros impuestos, como el IBI, una bonificación de hasta el 50% para quienes hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol o de la energía ambiente.