Los sindicatos STEPV, CSIF, Comisiones Obreras y UGT han colado en una huelga en la Comunidad Valenciana centrada en reivindicar mejoras en las condiciones de trabajo y una equiparación salarial con otras autonomías la reclamación de que se derogue la Ley de Libertad Educativa con el fin de volver a la inmersión lingüística en catalán. Aunque la parte visible de estas protestas parece ajena por completo a motivaciones políticas , lleva ese componente nacionalista metido a última hora y a traición, según la impresión de algunos docentes disconformes. Arrancan los paros el próximo 20 de noviembre y continuarán con jornadas de huelga en diciembre, enero, febrero y marzo; dos días en abril y varios más en mayo con la posibilidad de convertirla en indefinida . Están convocados tanto en los centros educativos como en las sedes del Consell en la Comunitat Valenciana, debido a que el Ejecutivo valenciano se encuentra en funciones. La sorpresa ha saltado a última hora porque aunque en las provincias de Valencia y Castellón, la citada Ley de Libertad Educativa -que ha permitido por primera vez que las familias elijan entre valenciano o castellano como lengua base del aprendizaje- ya se mencionó en asambleas, en el caso de Alicante, los sindicalistas se cuidaron mucho de no mencionarlo en las reuniones de los claustros. «En las últimas semanas, UGT, Comisiones Obreras y el STEPV han estado movilizando en los institutos de la Comunidad Valenciana exhibiendo la idea de que somos los peor pagados de toda España», ha explicado un docente a ABC . Obviamente, los mensajes internos comparando con los salarios de sus colegas murcianos, asturianos o vascos han calado y se han asegurado adhesiones a la huelga. «¿Qué tendrá que ver la situación de los profesores de esas partes de España con ley educativa valenciana?», se pregunta este profesional, de forma retórica. Finalmente, en el comunicado conjunto difundido este jueves ya se cita claramente «la sustitución de la actual Ley de Libertad Educativa por otra que defienda el valenciano », tal como también difunde en su web el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), la central con un espíritu más abiertamente nacionalista de las convocantes. No obstante, en su cartel para llamar a la participación, en los lemas no aparece nada sobre esta cuestión: «Movilizaciones. Más salario y mejores condiciones laborales. ¡Movilízate!» Igual que en sus comunicaciones a los profesionales en las aulas. «Se han hartado de decir por actividad y por pasiva que se trata de una huelga exclusivamente de reivindicación laboral y que no había elementos políticos, a sabiendas de que mucha gente no se implicaría en ningún tipo de movilización que tenga un argumento político o partidista», ha recordado. Como hipótesis, plantea que muy probable que la Administración autonómica no tenga de momento capacidad económica para subir los sueldos de forma general a miles de docentes y el único elemento de negociación gratuito sería precisamente la Ley de Libertad Lingüística. Debido a que la jornada de huelga del 20 de noviembre coincidía con «el inicio de los trámites para nombrar un nuevo presidente», después de la dimisión de Carlos Mazón , en las asambleas se acordó reconvertir la huelga en una jornada de concentraciones a los centros educativos por la mañana y en las sedes del Consell por la tarde. Concretamente, será en la casa dels Caragols en Castelló, en la Casa de las Brujas en Alicante y en la Plaza Manises en València. El resto del calendario se mantiene intacto Otro de los frentes de oposición se argumenta en la negativa del Consell a « revertir los recortes en las plantillas (especialmente en FP y atención a la inclusión) que comportan despidos de profesorado interino y un empeoramiento de la atención del alumnado»; y la recuperación de las condiciones laborales «recortadas» del profesorado experto y especialista (que está en huelga indefinida desde el 3 de noviembre). Además, han censurado que la Conselleria no negocie sobre la reducción de las ratios de alumnado para «mejorar la atención y la calidad de la enseñanza», ni la «reducción de la burocracia y la sobrecarga de trabajo, que afecta la salud del profesorado y equipos directivos y desvía la atención del objetivo principal, que es la docencia».