La obra del puente del Centenario sufre un nuevo revés, y éste supone el definitivo, por la gestión que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez de un proyecto crucial para la movilidad de la capital de Andalucía. Sobrecostes, retrasos, opacidad o corrupción son elementos que han rodeado una actuación que arrancó en verano de 2021 con un presupuesto inicial de 86.392.616,84 euros, IVA incluido, y tras la adjudicación de la misma a una UTE conformada por Acciona, Tecade y Freyssinet. El Ministerio de Transportes lleva más de un año bloqueando la propuesta de segundo modificado del proyecto, que se cuantifica en más de 17 millones y que conlleva nuevas actuaciones sobre el viaducto, especialmente sobre los vanos de proximidad. Pues esta situación de espera y las discrepancias técnicas y económicas, entre el departamento de Óscar Puente y la adjudicataria, han motivado que la UTE haya remitido hace escasos días a la Administración una solicitud de resolución del contrato. Esto es la puntilla para la obra, que llevaba un par de meses paralizada, cuando saltaron todas las alarmas sobre el desarrollo de la ampliación del puente, que el Gobierno deja a medias. Hace un mes, como avanzaba este periódico, el Ministerio cifraba el grado de ejecución global de las obras en el 82,45 por ciento sobre el total del presupuesto vigente, el inicial más el primer modificado, pero obviando el segundo modificado que planteaba el Gobierno, a propuesta de la dirección facultativa, que llevan las ingenierías Fhecor e Ideam. Por tanto, ese porcentaje distorsiona la realidad. En junio de 2023 se aprobó el proyecto modificado número 1, con un coste adicional de 16.430.252,47 euros, (IVA incluido), a consecuencia del incremento del precio real del acero derivado de la guerra de Ucrania . Pese a esto, en una de las escasas comunicaciones públicas del departamento que dirige Óscar Puente al respecto se admitía que actualmente el coste se elevaba por encima de los 137 millones, sin precisar cuáles son los conceptos que han encarecido hasta esta cifra. El Gobierno insistía en que «no existe acuerdo de suspensión temporal total ni parcial de las obras, ni se ha formalizado acta de suspensión alguna, por lo que las obras no se encuentran paralizadas». Eso era a 23 de marzo. «No está paralizada legalmente pero sí funcionalmente», precisaban fuentes del sector consultadas por este periódico, que señalaban que en este bloqueo económico subyace el «miedo político» en la Administración central a volver a concederle más millones a esta multinacional para una obra envuelta en la trama de las mordidas en contratos públicos de Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Entre otras cuestiones se investiga si el exministro recibió 450.000 euros de beneficios o si Servinabar , empresa vinculada al que fuera mano derecha de Pedro Sánchez, se llevó algo menos de dos millones por trabajos de prevención de riesgos laborales en el puente. Acciona ha trasladado a la Fiscalía que ese principio de acuerdo nunca se llevó a cabo porque la empresa navarra ni trabajó ni cobró del proyecto de ampliación del puente. Sí realizó trabajos de apoyos Servinabar en las obras de los accesos provisionales al Puerto previa a la actuación en el puente por los que cobró 152.363 euros. Entre los trabajadores al cargo de Servinabar estaba el cuñado de Cerdán. No hay que pasar por el alto que la obra fue es objeto de un uso electoralista por parte del PSOE, como reconoció ante el Tribunal Supremo el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez hasta el verano de 2025, Santos Cerdán. Uno de los objetivos de acelerar la puesta en marcha de este proyecto es que Juan Espadas ganara las elecciones municipales en Sevilla. Para ello presionó al por entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ya que ésta «era la ciudad más grande del PSOE y querían renovar esa Alcaldía». La licitación inicial del proyecto del Centenario sólo recogía la ampliación del tablero de puente, con la mejora de las pilas principales, las costillas y la sustitución de los 88 tirantes , todas ellas sobre el vano central, es decir, el puente sobre el río. Pero nada se contemplaba con respecto a los viaductos de aproximación, que es lo que centra las actuaciones del segundo modificado, que también incluye nuevas mejoras en el vano principal o puente central. Pues llegados a este punto y ante las discrepancias económicas y técnicas de la multinacional y el Gobierno con respecto a este segundo modificado, la UTE ha registrado en el departamento de Óscar Puente una solicitud de resolución del contrato para desvincularse de la ejecución de la obra, como han confirmado a este periódico fuentes del sector. No obstante, la constructora mantendrá la seguridad de la infraestructura, garantizando un relevo ordenado sobre el terreno para los futuros adjudicatarios del proyecto y facilitando a la Administración la información necesaria. El primer modificado supuso un incremento del presupuesto del 19%, mientras el segundo rozaría el 20%, por lo que la suma de ambos estaría casi en un 39%. La Ley de Contratación del Sector Público permite la resolución del contrato cuando los modificados superen el 20% del presupuesto inicial. En cambio, otras fuentes precisan la ley contempla hasta un límite del 50% para causas no previstas. Esta situación (superación del límite del 20%), según las citadas fuentes, está detrás de la decisión de la UTE de abandonar la obra, acogiéndose al derecho que contempla dicha ley. Fuentes de Acciona han declinado hacer comentarios al respecto. Además, este periódico ha solicitado información al Ministerio y sólo ha obtenido el silencio por respuesta. Además, los numerosos cambios introducidos en el proyecto a propuesta del Ministerio y de las ingenierías llevan a la UTE a adoptar una decisión «lógica», pues consideran que lo mejor es que terminar el contrato y que la Administración saque a concurso un nuevo contrato que incorpore toda la información que ahor se tiene de una obra muy compleja y que se está ejecutando manteniendo el puente en servicio, algo poco habitual en obras de esta envergadura y alcance de pocas empresas.