Gobierno Petro ahoga al CARF: Se quedará sin presupuesto en octubre

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Imagen generada por la IA Gemini con fines ilustrativos.El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) se enfrenta a una inminente parálisis operativa por falta de recursos, de acuerdo con información conocida por Valora Analitik.La apropiación presupuestal asignada por el Ministerio de Hacienda para este año fue insuficiente, lo que obligaría al organismo a cesar actividades el próximo 31 de octubre.Esto implicaría la desaparición de una entidad técnica e independiente que tiene la función de asegurar que el Gobierno sea responsable con el manejo de sus recursos disponibles y que la deuda pública no se salga de control.Para 2026, el Gobierno asignó al CARF un presupuesto de $2.230 millones, una 3,3 % menos frente a 2025. Al 7 de abril, el comité ya había comprometido el 73 % de sus recursos ($1.632,6 millones), dejando un margen de maniobra casi nulo para el cierre del año.Llama la atención que en medio de las dificultades financieras del CARF, el presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Hacienda creciera un 8,8 % para este año.Según cálculos del propio CARF, el presupuesto mínimo para operar los 12 meses del año es de $2.945,5 millones. De hecho, en su momento, el CARF pidió al MinHacienda que del Presupuesto General se le otorgaran $3.229,2 millones, lo cual fue negado a pesar de la insistencia.De hecho, el presupuesto es 23,3 % inferior al que tuvo la entidad en 2022 en su primer año de operaciones.Mientras tanto, algunas entidades han aumentado su gasto hasta en un 500 %. El centro de pensamiento ANIF reveló ayer que hay un crecimiento desmedido de la burocracia estatal que ha impulsado el gasto público en medio del actual desbalance financiero.El ejercicio de «arqueología de gasto» realizado por ANIF revela que la nómina de la rama Ejecutiva ha experimentado un aumento superior al 27 % en los últimos siete años. Entre 2019 y 2026, se han incorporado aproximadamente 20.000 nuevas personas a cargo del Presupuesto General de la Nación, particularmente en el sector Hacienda.Un mandato legal bajo amenazaPor ley, el objeto principal del CARF es actuar como un organismo técnico independiente que realice el seguimiento a la Regla Fiscal y asegure la sostenibilidad de las finanzas públicas mediante conceptos, informes y pronósticos técnicos.Valora Analitik conoció que un menor presupuesto obligará a la entidad reducir el alcance del Plan Anual 2026 y dificultará tareas esenciales como la evaluación técnica de reformas legislativas y actos legislativos con impacto fiscal, la respuesta a requerimientos de información de las Cortes, el Congreso y organismos internacionales y la realización de estudios especializados sobre la solvencia del gobierno y las inflexibilidades del gasto.A pesar de que el marco normativo permite al CARF hasta 20 miembros, la entidad ha operado con el equipo mínimo de 8 personas (un director, un secretario, un asesor de comunicaciones y cinco analistas).Además, los honorarios del equipo técnico han perdido competitividad: en 2026 solo crecieron un 5 %, frente al 7 % de incremento salarial otorgado a los funcionarios de la rama Ejecutiva.Sin embargo, mientras el equipo se mantiene en el mínimo legal, la cantidad de productos técnicos mensuales se ha multiplicado por más de cinco desde 2022 debido a la complejidad de la situación fiscal del país.El camino a 2027El CARF ya radicó su anteproyecto de presupuesto para 2027 por un valor de $3.396,4 millones, una cifra que les permitiría no solo garantizar la operación de 12 meses, sino también ampliar la planta con dos analistas adicionales para manejar la creciente carga de análisis.También es intención de la entidad recuperar la partida para estudios especializados ($120 millones), la cual no estuvo disponible en 2023 ni 2024 pese a estar estipulada por ley.Esta situación pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la autonomía administrativa y financiera del CARF, pues, sin un traslado de recursos inmediato para 2026, el país perderá temporalmente la vigilancia independiente que hacen justo en el momento de mayor vulnerabilidad fiscal.—