Transmisión eléctrica. Imagen: GEB El Grupo Energía Bogotá informó, mediante un comunicado oficial, que un grupo de aproximadamente once ciudadanos interpuso una acción de tutela con el propósito de que se reconozca y garantice el acceso a la energía como un derecho fundamental. Los accionantes sostienen que el país enfrenta fallas estructurales en el sistema eléctrico, las cuales estarían afectando de manera directa la prestación adecuada del servicio.De acuerdo con el contenido de la demanda, la ausencia de garantías en la continuidad y calidad del suministro energético compromete derechos esenciales, entre ellos la salud, la educación, el trabajo y la dignidad humana. En ese sentido, los demandantes argumentan que el acceso a la energía no puede considerarse únicamente un servicio público, sino un elemento indispensable para el ejercicio de otras garantías constitucionales.La tutela fue presentada en contra del presidente de la República y de varias entidades del sector, entre las que se encuentran el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda, la Unidad de Planeación Minero-Energética y la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Estas instituciones, según el documento, tendrían responsabilidad en la formulación y ejecución de políticas públicas orientadas a garantizar la estabilidad del sistema.Energía eléctrica. Imagen: Pexels / Magda Elhers¿Qué argumenta la demanda para la protección al acceso de energía?Entre los accionantes figuran trabajadores, empresarios, periodistas y amas de casa, quienes coinciden en advertir sobre un posible escenario de desabastecimiento energético. Señalan que esta situación podría impactar tanto las actividades productivas como las dinámicas cotidianas, generando efectos económicos y sociales de amplio alcance.Recomendado: GEB reportó utilidad neta de $3,18 billones en 2025 y revela propuesta de dividendo 6,3 % superiorEn el texto radicado ante las autoridades judiciales, los demandantes sostienen que la problemática actual no corresponde a un hecho aislado, sino a la acumulación de deficiencias estructurales. A su juicio, estas falencias han derivado en una afectación sistemática de los usuarios, lo que evidenciaría un incumplimiento por parte del Estado de su obligación de asegurar un servicio eficiente, continuo y accesible.El caso llegó a la Corte Constitucional, instancia que deberá decidir el 30 de abril si selecciona la tutela para su revisión. En caso de ser admitida, el alto tribunal podría pronunciarse sobre el alcance jurídico del acceso a la energía y su eventual reconocimiento como derecho fundamental autónomo, así como fijar criterios para enfrentar los retos del sector.Durante el trámite, el juez constitucional dispuso la vinculación de otras entidades relevantes, como el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación, además de gremios y empresas del sector energético. La participación del Grupo Energía Bogotá, en particular, busca aportar insumos técnicos y financieros que contribuyan al análisis integral del proceso.