La familia de la pastelería 'La Suiza' de Gijón ha recurrido ante el Tribunal Supremo los indultos que el Gobierno concedió a los sindicalistas que durante meses les hostigaron y a los que la Justicia condenó. La familia interpuso el miércoles seis recursos contencioso-administrativos, uno por cada decreto de indulto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, con la intención de solicitar después su acumulación en un único procedimiento al tratarse de decretos idénticos. Los pasteleros han contratado como letrado a Santiago Milans del Bosch, según ha podido saber ABC, con amplia trayectoria como fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y como magistrado especialista en lo contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en la Audiencia Nacional. La Sala Tercera del TS admitió ayer a trámite los recursos y dio de margen 20 días al Ministerio de Justicia para remitirles el expediente de indulto. Una vez el letrado y la familia dispongan de esta información, explican a este diario, formalizarán también una demanda contenciosa. La familia cerró la pastelería en 2017 después de sufrir una campaña de acoso de la CNT por un conflicto laboral que la Justicia determinó que no existió. El sindicato acusó a José Álvarez, dueño del obrador, de «explotar», incluso «acosar sexualmente», a una trabajadora. Pero hasta tres tribunales entendieron que ese relato era falso. Las dos instancias judiciales ordinarias y el Tribunal Supremo, según pudo comprobar ABC en las sentencias, fallaron a favor del pastelero y condenaron a tres años y medio de prisión a las sindicalistas conocidas como 'las seis de La Suiza' por un delito continuado de coacciones graves y otro contra la Administración de Justicia. En 2017, el primer juez dictó la «inexistencia de indicios racionales» del acoso sexual y entendió que se dijo para hacer daño. En 2021, otro tribunal falló que el acoso no se podía amparar dentro de la actividad sindical y confirmó el delito contra la Administración de Justicia por intentar forzar al pastelero a retirar una denuncia penal previa. La segunda instancia y el TS determinaron también «la absoluta falta de certeza» del acoso laboral y sexual. En ninguna de las tres sentencias se acredita conducta ilícita ni de José ni de su mujer, Begoña Meana, que también trabajaba en la pastelería. Sino que entienden que fueron víctimas de una campaña de «presión» que incluyó «actos de hostigamiento» en redes sociales y carteles por la ciudad. El Gobierno indultó en marzo a los seis sindicalistas, cinco mujeres y un hombre. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, defendió la medida de gracia en el Consejo de Ministros y explicó que fueron condenados «por defender a una compañera en un caso de acoso sexual y laboral». Aunque la historia no empieza por el amparo de CNT a una trabajadora ante un conflicto laboral. Hay que remontarse a junio de 2016, cuando la pareja de la trabajadora Olga P., una de las seis condenadas, protagoniza un incidente violento en la pastelería por desencuentros entre los dueños y ella. En los hechos probados por el TS, en su sentencia de 2024, se narra que el hombre llegó al local tan alterado que reventó de un puñetazo un congelador. Tras el incidente, Álvarez presentó una denuncia contra la pareja de la trabajadora y ella pidió la baja laboral y no volvió. Es en abril de 2017, meses más tarde, cuando la trabajadora se pone en contacto con el sindicato. En ese momento, dice el TS, «no había presentado denuncia penal alguna por acoso ni por ningún delito contra la libertad sexual». Por lo que el Supremo entiende que acude al sindicato con el objetivo de «obtener el mayor dinero posible de la extinción de su contrato laboral» y presionar a la familia para que retire la acusación penal contra su pareja. Las sindicalistas intentan una negociación extrajudicial y dicen que si no hay acuerdo empezarán con movilizaciones contra la pastelería. Como los pasteleros no aceptan, la CNT publica un vídeo en el que se presenta a Álvarez como un «acosador sexual y laboral» aunque todavía no existía ninguna denuncia. Se presentaría semanas después. Realizan hasta 15 protestas en pocos meses hasta el cierre del local.