La Procuraduría General de la Nación confirmó este 29 de agosto que abrió una actuación preventiva sobre la intervención de la electrificadora Air-e, encargada de la distribución de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.Dicho proceso busca aclarar presuntas irregularidades hechas durante la gestión del actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien fue agente especial de la empresa entre octubre de 2024 y marzo de 2025.(Puede leer: Cambios en la dirección de la Superservicios: Felipe Durán asumirá bajo encargo).La investigación, que serán lideradas por la Procuraduría II Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, se centran en tres pilares: nombramientos, contratos y manejo financiero. Este caso ya comenzó a generar inquietud en la región Caribe, donde Air-e presta sus servicios a más de cinco millones de usuarios y que está enfrentando una crisis operativa que amenaza con cortes de energía masivos y un posible apagón regional.Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.Cortesía: MinEnergíaLos nombramientos 'entre ojos'Uno de los puntos más sensibles es el nombramiento de Juan Pablo Nieto Egea, primo-hermano del Minenergía, como gerente contable de Air-e, en noviembre de 2024. Su designación ha sido entendida como un acto de nepotismo que violaría la Constitución de 1991, pues el interventor, aunque no pertenece a la nómina estatal, ejerce funciones públicas deforma temporal.(Siga leyendo: Fallo inminente ‘activó’ la chequera para pagar subsidios de energía y gas).La Procuraduría pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros información detallada sobre los vínculos entre Palma y Nieto Egea, así como los criterios que se tuvieron en cuenta para su contratación. De acuerdo con documentos internos referenciaos por el diario EL TIEMPO, Nieto Egea reportó solo 18 millones de pesos en subsidios pendientes, mientras que Palma, en su diagnóstico oficial, habló de más de 335.000 millones de pesos.Air-eVanexa Romero / PortafolioContratos con nulo respaldoOtro foco de la indagación es el contrato C001-2025, con fecha de 25 de febrero del año en curso con el consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC), representado pro Marco Integral Soluciones S.A.S., una empresa compuesta solo 20 días antes de la adjudicación.Dicho contrato, por más de 14.000 millones de pesos, fue suspendido por el nuevo interventor luego de detectar que no se habían entregado los materiales pactos y que la sede de consorcio estaba domiciliado en una vivienda en el sur de la ciudad de Bogotá.(Le recomendamos: Cerrejón: bloqueos en línea férrea afectan la operación de la mina).La Procuraduría también tiene entre ojos si hubo favorecimientos políticos en la elección de contratistas y se usaron fonos públicos para fines personales. Entre las denuncias más graves figura el aparente uso de recursos de Air-e para asistir a partidos de la Selección Colombia y eventos del Carnaval de Barranquilla, incluyendo boletas VIP, transporte y hospedaje para familiares aliados políticos.Air-e enfrenta una crisis estructural que compromete la calidad del servicio eléctrico en el Caribe colombiano. Desde su intervención en septiembre de 2024, la empresa ha tenido cuatro agentes especiales, lo que ha generado inestabilidad en la gestión y desconfianza entre los usuarios.PORTAFOLIO