El informe semanal de ANIF fue construido por el equipo investigador, liderado por el presidente, José Ignacio López.Este año, con corte a junio, las pretensiones de los litigios de particulares contra el Estado ya superan los $750 billones, una cifra 22 % más alta en términos reales en comparación con la observada a finales de 2019 ($427 billones), según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.Recomendado: Este sería el factor clave que estaría impulsando la economía en Colombia, según BBVA ResearchEsta tendencia motivó al Centro de estudios económicos ANIF a advertir que la cifra de litigios constituye un pasivo contingente que, de materializarse, presionaría aún más las finanzas públicas en un contexto de escaso espacio fiscal.“Sin duda, estas cifras sobrepasan las capacidades fiscales del Estado”, detalló el centro en su informe semanal que además detalló que un poco menos de 1.000 demandas tienen pretensiones por caso superiores a $50.000 millones.Fuente: ANIF.El análisis también destacó que las controversias judiciales, especialmente en torno a conflictos laborales, el sector educativo y las disputas por decisiones administrativas, amplían continuamente el espectro de los riesgos financieros. “La materialización de estos pasivos puede afectar las cuentas fiscales, limitar la política económica y deteriorar la credibilidad del Estado frente a inversionistas y ciudadanos”, subrayó ANIF.Por poner algunos ejemplos, en los primeros seis meses del año, hay 43 procesos judiciales activos donde empresas mineras han demandado a diferentes entidades estatales, incluyendo a Ecopetrol, alegando planificación inadecuada, decisiones erróneas y modificaciones unilaterales de normativas que alteran las condiciones originales de títulos y licencias. Solo estas suman $3,82 billones.De manera similar, la intervención de la EPS Sanitas llevó a los accionistas del grupo Keralty a demandar al Estado por perjuicios derivados de esta medida regulatoria, en su criterio, contraria a la ley. Los medios revelaron un valor aproximado de $5 billones.Otro caso es la demanda de la empresa de búsqueda de tesoros estadounidense Sea Search Armada por $37 billones, relacionada con la compensación por la búsqueda del Galeón San José, alegando haber descubierto su ubicación en 1982.ANIF recomendó al Gobierno debe reforzar su defensa jurídica, retomar los aportes al Fondo de Contingencias y evitar decisiones que induzcan a inseguridad jurídica. Así mismo, dijo que es fundamental realizar pagos oportunos de los fallos desfavorables para mitigar la presión fiscal asociada a los intereses de mora de dichos litigios.Demandas en aumentoANIF destaca que el incremento en el número de demandas sugiere que el pasivo por sentencias y conciliaciones desfavorables es superior al estimado por el Gobierno y se acercaría a $29 billones (1,6 % del PIB).“Aunque estas obligaciones no requieren pagos inmediatos, crean compromisos futuros que superan las capacidades fiscales actuales y del Fondo de Contingencias, montos que podrían incrementarse por intereses de mora bajo las condiciones ya descritas”, refirió el informe semanal.Y es que estos litigios han aumentado de manera significativa en los últimos cinco años. Mientras entre 2015 y 2020 se registró un promedio de 13.300 procesos activos por año, en 2024 la cifra ascendió a 69.900, aunque se debe considerar que es natural que la mayor parte de las demandas activas se concentren en los años más recientes por la duración de los procesos.En 2025, con corte a junio, las demandas ya alcanzaron las 28.700, muy por encima del promedio histórico. Según el informe del centro de pensamiento, de mantenerse este comportamiento en lo que resta del año, el número de casos podría alcanzar los 57.400 al cierre de 2025.Fuente: ANIF.Esta proyección depende de que los casos que concluyen con fallo definitivo y dejan de estar activos, además de los admitidos adicionalmente mantengan el mismo patrón de comportamiento registrado hasta la fecha. Desde 2020, la mayoría de los procesos activos (248.953 casos, equivalentes al 76,1 % del total) han sido admitidos.En contraste, los recursos del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales no ha recibido aportes del Presupuesto General en la presente vigencia fiscal. Y aunque en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2025 se reportaban cerca de $6 billones, contando los aportes, rendimientos, egresos y retiros, las cuentas de ANIF sugieren un saldo menor.Aun así, ANIF resaltó que la tasa de éxito en estos procesos sigue siendo alta y viene en aumento (mejoró del 46,4 % en 2019 al 52,6 % en 2024). Cuando la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado interviene, el 88,2 % de los fallos salen favorables para el Estado, como ocurrió el año pasado, cuando en 2019 eran solo la mitad de ellos.ANIF advirtió que a las decisiones controvertidas (como la intervención de las EPS) que han contribuido a generar un ambiente de inseguridad jurídica, se suma un deterioro en las condiciones de seguridad, lo que aumenta la litigiosidad en reparación directa o por perjuicios causados por atentados contra la población.