Este viernes se cumple un año desde que la DANA azotó la provincia de Valencia, dejando a su paso 228 fallecidos y una destrucción masiva que todavía hoy pesa sobre muchas comunidades. Diez meses después, el recuerdo de aquella tragedia se mantiene vivo no solo en la memoria de las víctimas, sino también en la lucha por la justicia y la recuperación.Movilización y nombramiento de la nueva comisionadaEn este décimo mes, las movilizaciones vuelven a tomar las calles para exigir responsabilidades políticas, con una convocatoria que reclama la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón. La crítica principal se centra en la gestión de la emergencia y en la falta de prevención ante episodios meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes a causa del cambio climático.Paralelamente, el Gobierno central ha nombrado recientemente a Zulima Pérez como nueva comisionada para la reconstrucción de la zona afectada. Su misión es coordinar las reparaciones y atender las necesidades de las personas damnificadas. Sin embargo, numerosos afectados ya han expresado su frustración ante la lentitud de las obras y la falta de información concreta. Entre sus demandas, destacan la localización de vehículos desaparecidos tras las riadas, la reparación urgente de ascensores en edificios dañados y la ejecución de infraestructuras paralizadas.Infraestructuras dañadas y la lentitud en las reparacionesEn municipios como Catarroja, la situación es alarmante: infraestructuras clave como el Teatro Auditorio —que alberga el conservatorio profesional de música— permanecen cerradas. Además, la piscina cubierta, la residencia de mayores, el aparcamiento municipal y el sistema de alcantarillado siguen sin funcionar correctamente, afectando la vida diaria de los vecinos.La precariedad afecta especialmente a los mayores y personas con movilidad reducida. Por ejemplo, hay familias que llevan casi un año sin poder usar el ascensor de sus edificios. Una vecina comenta que su madre “solo puede salir de casa una vez a la semana” debido a las dificultades para desplazarse, un drama que refleja la lenta respuesta burocrática y los altos costes que están ralentizando las reparaciones.En el plano judicial, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas contra la jueza instructora del caso, a raíz de una queja presentada por la exconsellera Salomé Pradas, investigada por su gestión durante la emergencia. El proceso judicial, que busca esclarecer posibles responsabilidades, avanza con cautela en medio de la complejidad del caso.Mientras tanto, las obras para reparar cauces y reabrir puentes afectados por la DANA continúan de forma progresiva, aunque las infraestructuras aún muestran los estragos de aquel temporal histórico. Las comunidades afectadas mantienen la esperanza de que este aniversario sirva para acelerar las respuestas y evitar que tragedias similares se repitan.Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com