“Hablo lento, son secuelas de la agresión”, dice Carmen, de 53 años. De su mente no ha borrado el 22 de junio de 2022, día en el que esta maestra de Primaria fue víctima de violencia de género. Tras 25 años de matrimonio y dos hijos, recibió una paliza en plena calle cuando volvía de la fiesta de graduación de sus alumnos.“Yo ya le había dicho que me iba a separar, se lo tomó fatal”, comenta. Cuando salió de la cena, se encontró con el coche destrozado. Un compañero de trabajo la acercó a su portal y, después de marcharse, apareció su agresor. “Oí un ruido, giré la cabeza y lo vi viniendo hacia mí. Me tiró al suelo, me agarró del cuello y empezó a apretarme”, recuerda Carmen, que no pudo soltarse pese a los intentos.Justo en ese momento, dos jóvenes pasaron por allí y llamaron a la Policía. “Yo me quedé inconsciente. Según me han dicho, empezó a darme patadas en la cabeza”, explica.Tres días después, despertó en el hospital, desorientada. Estuvo 20 días ingresada. No podía andar. “Me encontré sin poderme mover bien, hablando como hablo, con temblores en la cabeza, en el brazo, en la mano izquierda”, dice Carmen, que sufrió traumatismo craneoencefálico grave."Empecé de cero sin ningún tipo de apoyo"Desde entonces, su vida cambió por completo. Sus hermanos fueron a buscar a sus hijos y lo trasladaron a otra provincia, donde se vio forzada a mudarse abruptamente después de 16 años en el mismo municipio. “Tuve que irme huyendo. Empecé de cero sin ningún tipo de apoyo, de consejo, de nada. Tuve la suerte de que pude ir a casa de mis padres. Estuve un año en una cama sin poder andar”, sostiene.La Seguridad Social le proporcionó un andador y la asistencia de una psicóloga que, según su testimonio, solo le llamaba por teléfono una vez al mes. “Me dijo que hiciera meditación guiada, que lo buscase por internet”, añade Carmen, que padece importantes secuelas físicas, neurológicas, psicológicas y emocionales.Asegura que durante los siguientes meses se encontró “muy sola” y “con apoyo psicológico cero cuando he tenido ideas de suicidio”. Pero sacó fuerzas para seguir adelante y empezó a “tratarme a mí misma” a base de leer muchísimo y buscar por internet. Su trabajo quedó interrumpido a raíz de su traslado. Su contrato finalizaba el día 30, sin embargo, desde el momento de la agresión ya no pudo continuar. Se quedó en un limbo laboral, sin poder acabar sus clases, sin cobrar, y con un futuro paralizado. Un protocolo pioneroAnte esta situación se puso en contacto con el sindicato Ustea, que le ayudó a tramitar su baja con el Ministerio de Educación tras la finalización de su contrato con la Junta. “Si no es por ellos, yo no hubiese cobrado. Las ayudas que dan a las mujeres víctimas de violencia de género, te las dan si no llegas al sueldo mínimo. Como yo lo paso, no me pertenecen”, explica la mujer, que comenta sentirse desamparada ante esta situación."No existe realmente todo lo que te ponen de la ley contra la violencia de género, es mentira"Por entonces, no existía ningún protocolo de violencia de género en este ámbito. “No existe realmente todo lo que te ponen de la ley contra la violencia de género, es mentira”, dice con rabia. En su caso, tuvo que someterse a una dura rehabilitación en la que también encontró dificultades. “Me ponía a hacer yoga en la silla, andaba con el andador y fui durante seis meses a un centro de salud, pero no atendían al traumatismo, era todo muscular, en tres años me lo han mirado dos veces. Así que fui a un neurólogo pagado por mí”, explica."Me encontré muy sola"Con el tiempo, Carmen ha podido ir recuperándose poco a poco, con esfuerzo, sin rendirse. El año pasado decidió solicitar a la Junta su reincorporación a las aulas. “Mi trabajo con niños es algo que me da la vida”, reconoce. Así, como cualquier interina, estuvo pendiente al Sistema de Provisión de Interinidades (Sipri). Le dieron un municipio donde su agresor tiene amigos, por lo que rechazó esa opción.Para este curso, volvió a intentarlo. “Para mi sorpresa, a pesar de mi situación como víctima de violencia de género, me dieron un destino a cinco horas y media de mi casa. Por ley, cualquier empresa, me da igual que sea la Junta, tiene obligación de ofrecerte el centro de trabajo más cercano a tu casa”, manifiesta. De nuevo, consideró inviable esta alternativa. Con la ayuda de Ustea, que ha seguido su caso de cerca, encontró una vacante en un centro. “Eran otros planes de estudio. Yo pensaba que iba a poder, pero aún no estoy recuperada del todo”, reconoce la mujer, que se encuentra de baja y está atendida por una psicóloga especializada."Por ley, cualquier empresa, tiene obligación de ofrecerte el centro de trabajo más cercano a tu casa"En estos tres años, Carmen se ha encontrado perdida ante un sistema que no contaba con herramientas. “Si eres interina y te pasaba, mala suerte, te quedabas en la calle”, dice. Su caso refleja la importancia de que existan protocolos de actuación.Actualmente, la consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta mantiene en vigor el Protocolo de protección al personal docente víctima de violencia de género en los procedimientos de adjudicación de destinos provisionales. Fue el 27 de mayo de 2024 cuando Ustea, al tener constancia de más casos, lo planteó en una mesa de negociación.80 docentes interinas víctimas de violencia de género en 2024Según traslada el sindicato a lavozdelsur.es, en mayo de ese año se habían contabilizado alrededor de 200 docentes víctimas de violencia de género y, de ellas, 80 eran interinas. “Somos muchas, nos pasa a todas, sean de entornos marginales o no”, añade Carmen, que espera que los recursos se ejecuten para que otras mujeres no tengan que pasar por lo mismo que ella.En este año y medio desde su puesta en marcha, el sindicato ha estado pendiente. “Como este protocolo nunca había existido, pedimos lo que consideramos coherente, pero, en la práctica, hemos visto que hay fallos y hay que seguir perfeccionando y actualizando, por eso hace falta revisar”, explican desde Ustea.Entre las peticiones que ha enviado a la Junta, se encuentra, pedir a través del Sipri un anexo que certifique que la persona solicitante no es un agresor de violencia de género. “Igual que existe un anexo para que la Consejería sepa que no tenemos antecedentes de delitos sexuales”, indica.Ustea: "Sabemos de casos en los que los agresores son docentes con altos cargos en colegios e institutos"“Sabemos de casos en los que los agresores son docentes con altos cargos en colegios e institutos. Entendemos que los docentes transmiten la ética y la moralidad al alumnado. Si eres agresor de violencia de género, no puedes educar ni en la igualdad ni en los valores del feminismo”, sostiene.También demandan que en el protocolo se establezca prioridad de elección a las víctimas. “Actualmente, se encuentran en bolsas de trabajo y son llamadas a través de Sipri, sin aplicarse ningún tipo de adaptación o prioridad”, indican.Desde este sindicato, realizan seguimientos personalizados de cada caso e intervienen cuando, por ejemplo, encuentran que han asignado a docentes en lugares que no son zonas seguras para ellas. Gracias a este protocolo, las profesoras víctimas de violencia de género pueden solicitar un título habilitante al Instituto de la Mujer para poder tramitar cambios de destino. Un protocolo todavía por pulir que busca que casos como el de Carmen no se repitan. Ella, por su parte, desea que su voz sirva de ayuda.