Cuando Belarmina Díaz anunció su dimisión quince días después del accidente de la mina de Cerredo, en el que perdieron la vida cinco trabajadores, las voces que en aquellos momentos exigían responsabilidades por una tragedia que golpeó fuertemente a la región se relajaron. Sin embargo, las demoledoras conclusiones del informe de la Inspección General de Servicios sobre cómo ha funcionado en los últimos años el Servicio de Minas con inspecciones con "chivatazo", el uso de los proyectos de investigación (PIC) para "eludir" el cierre obligado de la minería del carbón o deficiencias en la plantilla han vuelto a despertar una tormenta que cada día aumenta más la presión sobre Adrián Barbón para que "depure" responsabilidades políticas. Sobre las mesa, dos exconsejeros que ahora ocupan otros altos cargos: Enrique Fernández , actual presidente de Hunosa, y Nieves Roqueñí, cuyo cese al frente de El Musel exigió ayer el gobierno local de Gijón. Seguir leyendo....