A casi seis meses de que Samara Martínez presentó en el Senado de la República la Ley Trasciende, la Iglesia católica mexicana fijó por primera vez una postura pública en torno a la iniciativa, marcando una posición opuesta a la de la activista. Mientras ella sostiene que obligar a una persona terminal a permanecer en condiciones de dolor y sufrimiento constituye una forma de crueldad, la Arquidiócesis Primada de México respondió que ninguna circunstancia, por dura que sea, disminuye el valor de la vida humana y que la eutanasia no puede presentarse como un acto de dignidad.TE PUEDE INTERESAR: UNAM destaca transformación del espacio público en la Ciudad de México durante el NeoclásicoEl posicionamiento fue publicado este domingo en el semanario Desde la Fe, justo cuando la iniciativa entra a una etapa clave de su proceso legislativo. La propuesta fue presentada el 28 de octubre de 2025 y, tras permanecer cerca de medio año en comisiones legislativas, se encamina a sus primeras discusiones formales dentro del Senado de la República.De acuerdo con el calendario legislativo, la iniciativa tendrá su primera prueba formal el próximo 23 de abril, cuando se realice un conversatorio con especialistas en medicina, derecho, bioética, además de pacientes y cuidadores. A partir de ese ejercicio, los promoventes prevén elaborar un dictamen antes de que concluya abril, con la intención de que la propuesta avance al siguiente periodo ordinario de sesiones.En ese contexto, la Iglesia católica decidió fijar postura. En su editorial, rechazó que el concepto de “muerte digna” pueda utilizarse para justificar la eutanasia o el suicidio asistido, al señalar que detrás de esa idea existe una confusión de fondo: suponer que una vida marcada por la enfermedad, el deterioro o el sufrimiento deja de ser una vida digna.La jerarquía católica sostuvo que el sufrimiento humano no elimina el valor de la persona y que, incluso en condiciones de enfermedad terminal, la vida conserva su dignidad intrínseca. Por ello, afirmó que el deber del Estado y de la sociedad no es facilitar la muerte, sino garantizar atención médica, alivio del dolor y acompañamiento.La Iglesia también cuestionó la idea de que una vida con dolor deje de ser digna. Aseguró que el concepto de “muerte digna” no debe confundirse con adelantar deliberadamente la muerte de una persona, ya que ello reduce la dignidad humana a sus condiciones físicas o de salud.En contraste, la experiencia de Samara Martínez se coloca en el centro del debate. A sus 30 años, la activista vive con enfermedades progresivas e irreversibles y depende de una máquina de diálisis durante gran parte del día. Tras haber agotado prácticamente todas las opciones médicas, sostiene que su vida cotidiana está marcada por el dolor, el agotamiento y tratamientos constantes.Intentó en dos ocasiones recibir un trasplante de riñón: uno proveniente de su hermano y otro de un donante fallecido, pero ambos fueron rechazados por su organismo. Desde entonces, los médicos han descartado nuevas alternativas de recuperación, advirtiendo que la enfermedad seguirá avanzando.Por ello, Samara insiste en que hablar de dignidad implica también el derecho a decidir. Señala que la Ley Trasciende no busca promover la muerte ni sustituir los cuidados paliativos, sino reconocer que hay casos en los que la medicina ya no ofrece posibilidad de recuperación y la prolongación artificial de la vida puede convertirse en una forma de sufrimiento prolongado.“El objetivo no es querer morir, sino poder hacerlo con dignidad”, ha repetido en distintas ocasiones. Desde su perspectiva, la dignidad se relaciona con la capacidad de decisión y con evitar que el final de la vida se convierta en una condena de dolor.La iniciativa plantea modificaciones a la Ley General de Salud, incluyendo la reforma del artículo 166 y la incorporación de un apartado específico para despenalizar la eutanasia y reconocer el derecho a decidir sobre el final de la vida. También contempla cuatro ejes: suspensión de tratamientos médicos, voluntad anticipada, acceso universal a cuidados paliativos y la ayuda médica para morir.El proyecto ha reunido más de 128 mil firmas de apoyo ciudadano y ha recibido respaldo de legisladoras de Morena, quienes consideran necesario abrir el debate legislativo. La senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega afirmó que el Congreso no puede ignorar las historias de sufrimiento, mientras que Lilia Margarita Valdez Martínez aseguró que acompañarán la iniciativa en su discusión.En paralelo, el activista Aurélien Guilabert señaló que la ayuda para morir ya ocurre en la clandestinidad en México, pero sin regulación ni acceso equitativo, lo que genera desigualdades.La postura de la Iglesia se mantiene firme: la salida frente al sufrimiento debe ser el fortalecimiento de los cuidados paliativos y el acompañamiento médico, no la eutanasia. Además, recuerda que instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de Bioética han distinguido entre muerte digna y eutanasia activa.Samara, en cambio, sostiene que los cuidados paliativos son insuficientes en la práctica, pues menos del 5% de los pacientes terminales en México tiene acceso a ellos. Por ello insiste en que el debate debe incluir el derecho a decidir.“¿Por qué se nos tiene que obligar a vivir con sufrimiento cuando médicamente ya no hay más que hacer?”, ha cuestionado.Mientras la discusión avanza en el Senado de la República, el contraste entre ambas posturas se hace más evidente: la Iglesia católica defiende la protección absoluta de la vida hasta su fin natural, mientras que la iniciativa de Samara plantea que también existe dignidad humana en evitar el sufrimiento irreversible y decidir el momento del final de la vida.The post La Iglesia rechaza la Ley Trasciende de Samara y reabre el debate sobre la eutanasia first appeared on Ovaciones.