En Colombia, más de 200.000 familias enfrentan una compleja realidad al estar atrapadas en redes de préstamos informales conocidos como “gota a gota”, una práctica ilegal que, lejos de representar una alternativa de financiación, agudiza la vulnerabilidad económica y social de quienes acuden a ella.Lea: A cierre de agosto, se desembolsaron $157,4 billones a través del Pacto por el CréditoSegún Gloria Urueña, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria de la Cobranza y BPO (Colcob), esta problemática afecta en especial a quienes no tienen acceso al sistema financiero formal: trabajadores informales, pequeños comerciantes, madres cabeza de hogar y comunidades en zonas rurales o periféricas, que asumen usuras del 386%, cuando el sector financiero formal fijó un tope de 25%.“No hay hogar que pueda cubrir esas acreencias y es por eso que tantos colombianos se quiebran. Actualmente microempresarios y tenderos pagan tasas del 500 y 600% anual por un gota a gota. Estas mafias no respetan ni sus propias reglas. Cobran intereses adelantados, modifican las condiciones del préstamo sin previo aviso y utilizan métodos de cobro intimidantes que afectan no solo al deudor, sino a su entorno.”Gloria Urueña, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria de la Cobranza y BPO (Colcob)CortesíaEsta realidad se conecta con los desafíos estructurales que enfrenta el sistema financiero colombiano. Felipe Noval, Superintendente Adjunto para Intermediarios Financieros de la Superintendencia Financiera de Colombia, explicó que, si bien el país presenta indicadores de acceso y uso del crédito superiores al 96 % y 80 %, respectivamente, el indicador de cartera formal —que se ubica en el 35 %— revela una brecha significativa: solo 13 millones de adultos, de un total de 40 millones, acceden a crédito formal, mientras que los 27 millones restantes recurren al sector solidario o en entidades no vigiladas.“Necesitamos que los establecimientos de crédito aumenten las colocaciones, no solo en zonas urbanas, también en áreas rurales y rurales dispersas. La mejor forma de combatir a los agiotistas es incorporando a microempresarios que recurrieron a este financiamiento ilegal, al segmento formal, brindándoles herramientas que les permitan tomar mejores decisiones financieras mientras materializan sus objetiivos”, afirmó el funcionario.Lo que dice la ley: la usura es delitoEl panorama legal es claro. Según el Código Penal Colombiano, en su artículo 305, el cobro de intereses por encima de los límites fijados por la ley constituye un delito de usura, que puede acarrear penas de prisión de hasta cinco años y multas económicas significativas.Felipe Noval, Superintendente Adjunto para Intermediarios Financieros de la Superintendencia Financiera de ColombiaCortesíaPor su parte, la Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de determinar cuál es el interés bancario corriente y la tasa máxima de usura permitida. Toda entidad que preste dinero por encima de ese límite, y sin vigilancia estatal, está actuando por fuera de la ley.¿Qué riesgos corren quienes acceden al gota a gota?De acuerdo con Juan Carlos Zabala, presidente de Colcob, las consecuencias de involucrarse con prestamistas ilegales van más allá de lo financiero:- Sobreendeudamiento extremo, que termina siendo insostenible a mediano plazo.- Pérdida del patrimonio familiar, al tener que responder con bienes ante una deuda imposible de cubrir.- Acoso, amenazas e incluso agresiones, prácticas comunes entre estas mafias de cobro.- Estigmatización y presión social, que impacta negativamente la salud mental del deudor y su entorno.- Riesgo penal, si se incurre en actividades colaterales para poder responder a las exigencias del prestamista.De acuerdo con el directivo “para revertir esta situación estructural, se requiere una respuesta coordinada entre el Estado, el sector financiero, la sociedad civil y los medios de comunicación”, y algunas de esas medidas clave podrían ser:- Fortalecer la educación financiera, desde las escuelas, las familias y los medios comunitarios.- Expandir las opciones de microcrédito formal, a través de cooperativas, fintechs reguladas y entidades solidarias.- Reforzar los mecanismos de denuncia y protección a víctimas, facilitando canales de atención seguros y eficaces.- Aplicar sanciones contundentes a los responsables de esta economía ilegal, incluyendo a quienes operan desde aplicaciones móviles o redes sociales.- Visibilizar el problema, para que más personas reconozcan los riesgos y eviten caer en esta trampa.Vea, además: ABC sobre la ley de insolvencia: qué es, cómo funciona y en qué casos se aplica