El juez que investiga un posible delito de intrusismo en el informe pericial informático de los datos crudos del teléfono móvil de Miguel Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de cárcel por asesinar a la joven sevillana Marta del Castillo, ha denegado la petición de ampliar la causa. El denunciante del caso, el decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro de la Torre, había pedido que además de Manuel Huerta, jefe de Lazarus Technology, fuesen igualmente investigados los seis miembros de tal empresa que participaron también en la confección del estudio, pero el juez instructor no ha accedido a la petición. Es lo que figura en un auto emitido el pasado 14 de abril por el juez de la plaza número siete de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, que ante la mencionada solicitud del denunciante, expone que «dichas pruebas son innecesarias y prospectivas, al querer ampliar el objeto del contencioso penal a cualquier persona que se relacione con el inicial denunciado». El juez instructor rechaza la petición explicando que actualmente, la investigación está pendiente de que el que fuera Juzgado de Instrucción número cuatro, responsable de la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo, aclare cómo se hizo la designación y habilitación de Manuel Huerta o de su empresa Lazarus Technology para confeccionar dicho informe, merced a lo solicitado por la Fiscalía, que además ha avisado de la «posible prescripción de los hechos». «No puede olvidarse que todo el procedimiento se ha seguido contra Huerta y de su imputación o del archivo de la causa dependerá el que se abran otras vías de investigación», razona el juez, denegando la mencionada petición y señalando que cuando el magistrado de la plaza número cuatro de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla aclare los aspectos anteriormente mencionados, acordará lo que corresponda. Y es que la Fiscalía, en un escrito del pasado 25 de febrero, anticipaba ya su postura a favor de archivar de nuevo esta causa en la que el responsable de Lazarus está investigado por un presunto delito de intrusismo a cuenta de dicho informe pericial sobre el teléfono móvil de Miguel Carcaño, fruto de las acciones judiciales del decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, que asegura que Manuel Huerta «no posee titulación oficial habilitante para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico en informática, ni pertenencia a colegio profesional alguno». La defensa de Manuel Huerta viene defendiendo de su lado que «la ingeniería informática no tiene una Ley de atribuciones profesional exclusiva, lo que ha generado una situación de 'profesión no regulada' en el sentido estricto del ejercicio obligado de la firma, y prueba de ello es que no hay hay órdenes ministeriales sobre regulación de la profesión», negando así cualquier delito. Al respecto, la Fiscalía explicaba en su escrito de febrero que de la documentación recabada cabría determinar «varias certezas», que serían que «el informe fue firmado por Juan Manuel Martínez Alcalá, que es ingeniero de telecomunicaciones, aunque aparece también electrónicamente firmado por el investigado», Manuel de la Huerta quien «no firma como ingeniero ni como perito, sino como representante de la sociedad Lazarus». Además, el fiscal señalaba que «de la documentación aportada por ambas partes, principalmente la referencia que se hace en la documentación aportada por el denunciante, no se justifica la competencia exclusiva de los ingenieros técnicos informáticos a otras ingenierías para la realización de los informes referidos solicitados por el Juzgado de Instrucción número cuatro, que es el que hizo el nombramiento del perito informático correspondiente y que debió comprobar la habilitación del denunciado Manuel Huerta o de la empresa Lazarus». A cuenta de ello, el fiscal manifestaba en su escrito que «antes de solicitar el sobreseimiento» , situación que sería ya la segunda después de que la Audiencia al Juzgado de Instrucción número cuatro, encargado de la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo «que aclare cómo se hizo la designación y habilitación del investigado o de la empresa Lazarus en las diligencias, fecha de la designación y fecha del juicio donde actuó o pudo actuar el investigado como perito, ya que desde esa fecha se deberá contar el plazo de prescripción del delito de intrusismo, que es de cinco años». al Juzgado de Instrucción número cuatro, encargado de la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo, «que aclare cómo se hizo la designación y habilitación del investigado o de la empresa Lazarus en las diligencias, fecha de la designación y fecha del juicio donde actuó o pudo actuar el investigado como perito, ya que desde esa fecha se deberá contar el plazo de prescripción del delito de intrusismo, que es de cinco años». El denunciante del caso, por su parte, se opone a cualquier planteamiento de sobreseimiento de las actuaciones, insistiendo en que no consta que Manuel Huerta «haya aportado el título académico oficial habilitante para el ejercicio de la pericia informática y poder firmar peritaciones como perito informático ya sea de parte o a instancias de Juzgado, requerido» por el propio juez instructor.