Jorge Azcón logra el apoyo de los ultras para un segundo mandato con un Gobierno de coalición que estará "regido" por un "concepto político" que el partido de Santiago Abascal quiere hacer ley en toda España La 'prioridad nacional', la obsesión de Jean-Marie Le Pen que ahora quieren aplicar Vox y PP en Extremadura y AragónDocumento - Consulta el pacto íntegro entre PP y Vox en Aragón “El concepto político de la prioridad nacional, adecuado a la legalidad, va a regir los principios que inspiran al próximo Gobierno”. Así se expresó este miércoles el presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, durante el anuncio del pacto alcanzado con Vox para un Ejecutivo conjunto donde los ultras tendrán tres consejerías y una vicepresidencia. Es el segundo acuerdo, tras el de Extremadura, que recoge un significante en disputa entre las direcciones estatales, enfrentadas notoriamente por su alcance. Los de Santiago Abascal quieren que sea algo más: ley. El mismo día que María Guardiola era investida en Extremadura tras cuatro meses de negociaciones, PP y Vox sellaban en Aragón un pacto cuyo texto exacto se hizo público más de dos horas después de anunciarse, y que en la parte referida a la gestión de la inmigración es calcado al cerrado la semana pasada. De hecho, el pacto supone un reparto de competencias y sillones igual al extremeño. Vox tendrá en Aragón una Vicepresidencia de Desregulación de la que dependerán también Servicios Sociales y Familia. Además, han logrado la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la de Medio Ambiente y Turismo. El acuerdo implica, además, un cambio de cromos en el senador por designación autonómica. Eloy Suárez, actual presidente de la comisión de investigación del 'caso Koldo', deberá ceder el puesto a un miembro de Vox. El documento recoge, como en Extremadura, el concepto de “prioridad nacional”. Una novedad en los acuerdos entre PP y Vox. El partido de Alberto Núñez Feijóo compró la idea para investir a Guardiola y ahora se extenderá al resto de regiones. Tras Aragón llegará el turno de Castilla y León, donde Alfonso Fernández Mañueco ha abierto ya las negociaciones. Vox ha hecho así valer su buen resultado electoral en el ciclo electoral abierto el pasado mes de diciembre y que cerrará este 17 de mayo en Andalucía, donde la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno pende de un hilo. Los de Santiago Abascal han subido en todas las citas con las urnas y han consolidado su tercera posición, además de ser imprescindibles para que el PP retenga sus gobiernos. El choque de las cúpulas La aritmética ha forzado a Feijóo a asumir ese concepto de “prioridad nacional”. Pero la paz entre PP y Vox ha durado poco porque ambos se han lanzado de lleno a disputar el significado real de una locución que interpretan de forma distinta. Ambas fuerzas se felicitaron por haber reiterado su entente y garantizarse así otro gobierno en coalición, tras el experimento fallido de la pasada legislatura, cuando los ultras abandonaron sus cargos con la excusa de la acogida de menores migrantes que obliga la ley. Pero la alegría por evitar una repetición electoral y cerrar meses de incertidumbre para los aragoneses contrasta con la cada vez peor relación que hay entre las direcciones nacionales, especialmente por las notorias diferencias públicas sobre el alcance de ese “concepto” de “prioridad nacional”. El PP defiende que es un “concepto político”, como explicó Azcón. Es decir, una guía ideológica más que un mandato legal, precisamente porque las normativas tanto españolas como europeas impiden un trato discriminatorio por la nacionalidad de las personas en lo que a asistencia social se refiere. De hecho, el documento recoge expresamente que esa “prioridad nacional” se traduce en “arraigo real, duradero y verificable”. Y se concreta en un mínimo de empadronamiento o de cotizaciones para acceder a según qué ayudas sociales, lo que en ningún caso tiene que ver con la nacionalidad del demandante. “Prioridad nacional, sí, pero tal y como figura en el acuerdo pactado y firmado: basada en el arraigo y con arreglo a la Constitución y la ley dando así continuidad al de Extremadura”, explicaron desde la dirección de Feijóo, que dejó claro que Azcón “ha contado con total autonomía para negociar la configuración de su Ejecutivo”. Pero en Vox quieren ir más allá. Para los de Abascal, “prioridad nacional” significa 'españoles primero'. Así lo dijeron expresamente en un comunicado remitido a los medios tras el acuerdo de Aragón, aunque la textualidad del documento no lo recoge. “Garantizaremos que el español irá siempre primero. Implantaremos la prioridad nacional en el acceso a vivienda protegida, alquiler social, ayudas y prestaciones”, decía la nota de Vox. Es, precisamente, lo que Vox llevó a votación en el Congreso este miércoles en una moción en la que buscaba apoyos parlamentarios para exigir al Gobierno reformas legales que sí permitan decidir el reparto de ayudas en función de la nacionalidad. Bronca en las redes Vox se quedó solo. El PP y el resto de grupos votaron en contra, aunque los de Feijóo plantearon una enmienda que limitaba el alcance de la “prioridad nacional” a lo recogido en los acuerdos firmados. La bronca parlamentaria se trasladó después a las redes sociales, donde la dirigente del PP Alma Ezcurra y el de Vox Carlos Hernández Quero discutieron sobre este alcance. “El texto del PP quita del original de Vox lo siguiente: Repatriación ilegales, remigración de quienes no contribuyen a economía nacional, todo lo relativo a sanidad, todo lo relativo a pensiones no contributivas, todo lo relacionado con asistencia jurídica”, apunta Quero. “Todo esto es competencia nacional”, añade. “Para nosotros es importante. Aceptar la enmienda era renunciar a ello. El PP tendrá que explicar por qué estos puntos para ellos no son importantes y querían quitarlos”, concluye. La respuesta de Ezcurra acusa a Vox de ventajismo político: “Esto lo debatimos durante horas. Alcanzamos un pacto. Y os bajáis a la mínima. No se puede pedir una cosa por la mañana y otra por la tarde”. En otra respuesta, la vicesecretaria del PP reconoce que su partido plantea reducir la llamada “sanidad universal” y volver al modelo impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy, con Ana Mato como ministra y Juan Manuel Moreno como secretario de Estado de Sanidad. El debate seguirá en las próximas semanas, con el acuerdo de Castilla y León pendiente y las urnas listas en Andalucía. Vox aspira a rematar el miniciclo electoral arrebatando la mayoría absoluta a un Moreno que no quiere oír ni hablar de un Gobierno de coalición que le quite el marchamo de “moderado”. Aunque como él mismo reconoció el pasado lunes, “los moderados nos entendemos con todo el mundo”.