La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid el sobreseimiento del procedimiento contra Begoña Gómez, su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. A su juicio, los hechos atribuidos a los tres investigados no encajan en los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida ni malversación de caudales públicos, que son los tipos penales por los que el instructor propuso abrir juicio oral.En su escrito, el Ministerio Fiscal asegura que, si la Audiencia considera que procede la apertura de juicio, pedirá la absolución de los tres y presentará un escrito de conclusiones absolutorias provisionales. Además, carga contra la decisión del juez de dejar a Gómez "a un paso del banquillo", al afirmar que en el auto en el que sustentó esa resolución existe una "manifiesta y deliberada confusión de hechos" a la hora de construir el supuesto delito de tráfico de influencias.La Fiscalía rechaza también que exista base para sostener que la esposa del presidente ejerciera una influencia determinante en favor de empresas vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés a través de cartas de recomendación. Según el escrito, atribuirle esa capacidad "carece de base indiciaria mínima" y no hay datos que permitan hablar de una presión moral eficaz o de cualquier otra forma de influencia penalmente relevante.En relación con la supuesta apropiación indebida de un 'software' de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el Ministerio Público subraya que ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente de ese desarrollo ni la universidad ha sufrido perjuicio patrimonial. Añade, además, que la cátedra codirigida por Gómez no generó gastos para la UCM, sino ingresos, y que los fondos captados no fueron a parar a la investigada, sino al propio curso y al programa informático.La Fiscalía niega igualmente que exista base para afirmar que las aportaciones de empresas a la cátedra acabaran en el patrimonio personal de Gómez. Sostiene que la supuesta ventaja competitiva o contraprestación que apuntaba el juez no consta ni ofrecida ni materializada y critica el "giro" dado por la instrucción y por la acusación popular unificada.También se pronuncia sobre el papel de Cristina Álvarez, a la que el juez vinculó a una posible malversación. Para el Ministerio Público, participar en reuniones, enviar correos, actuar como interlocutora u organizar actos resulta “algo más que insuficiente” para sostener una imputación penal.Frente a esta posición, la asociación Hazte Oír, que ejerce la acusación popular, reclama la apertura de juicio oral y pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez, además de la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte por supuesto riesgo de fuga.Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.