Ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas.Foto: Presidencia de la República.El Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca adicionar medio billón de pesos al Presupuesto de este año argumentando una actualización de cálculos.De esta forma, el gasto del Gobierno para 2026 sería de $556,2 billones (27,8 % del PIB), con una adición que representa el 0,09 % del PGN del año en curso y que se sumaría a los otros $8,7 billones que logró la emergencia económica.Este dinero quedaría en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) e ingresaría a la propia entidad en forma de recursos de capital ($296.425 millones) y contribuciones parafiscales ($203.574 millones).“Las operaciones presupuestales contenidas en esta iniciativa consisten en la incorporación al PGN 2026 el mayor valor proyectado de los ingresos de recaudo propio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)”, explicó la cartera de Hacienda en la exposición de motivos.Así, el presupuesto de la entidad pasaría de $10,96 billones a $11,46 billones, con un aumento del 4,6 % que corresponde a la actualización de los excedentes financieros de la entidad en 2025 y los mayores ingresos proyectados por contribuciones parafiscales.Vale la pena recordar que, de acuerdo con la ley del presupuesto, el ICBF destinaría este año $9,68 billones a gastos de inversión. Con el ajuste, ahora la entidad tendrá $10,18 billones para invertir.“La adición presupuestal de $500.000 millones tiene como finalidad exclusiva evitar un deterioro en la provisión de los servicios misionales a cargo del ICBF, en términos de calidad y cobertura”, concluyó el MinHacienda.La entidad destacó que, como la dinámica de los ingresos propios de la Nación permite respaldar el incremento del gasto, no se verían afectadas las metas fiscales del Gobierno, no se generarían presiones adicionales, no se contemplarían operaciones de crédito público y el cálculo sería consistente con el Plan Financiero.La iniciativa comenzará a discutirse en las comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara de Representantes, aunque todavía no hace parte del orden del día.¿De dónde salieron los ingresos adicionales?El Ministerio de Hacienda explicó en la exposición de motivos que el año pasado, el recaudo efectivo del ICBF derivado de aportes parafiscales ascendió a $4,23 billones y, partiendo de esa cifra, para 2026 se estimaron inicialmente $4,13 billones, es decir, un 2,5 % menos.Sin embargo, el Comité de Gestión Parafiscal de la entidad ajustó en enero esa meta a $4,23 billones y dijo que lo hacía en un escenario conservador.Además, se proyectan ingresos adicionales respecto al aforo 2026 por valor de $165.500 millones bajo la estimación de que el aumento por este rubro sea del 6,5 % producto del aumento del salario mínimo.La cartera también detalló que, con los nuevos recursos, el ICBF priorizará los programas de atención a la primera infancia y los servicios de protección especial, en los cuales la estructura de costos depende de manera directa de las variaciones en precios y salarios.Por ejemplo, en el componente de atención a la primera infancia (servicios integrales dirigidos a la población menor de cinco años), la adición cubre los costos asociados a la vinculación de 154.635 personas, incluyendo agentes educativos, auxiliares pedagógicos, gestores de alimentos, personal de servicios generales, personal administrativo y madres comunitarias.“La asignación permite actualizar los honorarios y salarios en función del incremento del salario mínimo, así como ajustar las canastas de servicios -que comprenden la adquisición de insumos, alimentos, materiales pedagógicos y servicios logísticos- de acuerdo con la variación del IPC certificado por el DANE para el año 2025”, detalló Hacienda.Por su parte, en los servicios de protección especial, los recursos se orientan a las modalidades que atienden a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con derechos vulnerados, así como a aquellos vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.En este caso, la adición financia los costos asociados a 11.040 personas vinculadas directamente o a través de operadores, y se aplica a los programas de restablecimiento de derechos y atención en el marco del sistema de justicia juvenil.—