El pasado 9 de abril no fue un día más en Argentina. En el Congreso de la Nación, a altas horas de la madrugada, votaron la modificación de la Ley de Glaciares, atentando así contra la seguridad hídrica del país. El Congreso argentino ha cruzado una línea que la ciencia y la sociedad habían marcado como infranqueable: no sólo ha ignorado el consenso de décadas de lucha civil, sino que ha decidido canjear las fuentes de agua dulce del país por una promesa de desarrollo cortoplacista y para pocos. Seguir leyendo