Mi columna de esta semana en Invertia se titula «La adolescencia no se protege con DNIs digitales, sino desmontando la máquina de vigilancia» (pdf), y trata sobre el disparate regulatorio que supone pretender resolver los problemas de las redes sociales prohibiendo su acceso a los menores mediante sistemas de verificación de edad que, en la práctica, resultan enormemente fáciles de sortear y, a cambio, normalizan una infraestructura de identificación permanente que pone en riesgo derechos fundamentales como la privacidad y el anonimato.Australia quiso convertirse en el laboratorio mundial de esa idea, con una norma en vigor desde el 10 de diciembre de 2025 que obliga a las plataformas a tomar «medidas razonables» para impedir que los menores de dieciséis años tengan cuentas, bajo amenaza de multas muy elevadas, tal y como puede verse tanto en la ficha oficial del gobierno australiano como en el hub regulatorio de eSafety.El problema, por supuesto, es que internet no funciona así, y los adolescentes, mucho menos. Los primeros datos disponibles apuntan a un fracaso bastante previsible: una investigación de la Molly Rose Foundation, basada en una encuesta a más de mil jóvenes australianos de entre doce y quince años, concluye que el 61% de quienes ya tenían cuentas antes de la prohibición sigue accediendo al menos a una de ellas, lo que equivale al 54% del total de esa cohorte. Además, el 70% de quienes siguieron usando plataformas restringidas afirmó que fue fácil eludir la prohibición, y en muchos casos ni siquiera hizo falta recurrir a grandes artificios porque las propias plataformas simplemente no detectaron ni desactivaron esas cuentas. Todo ello encaja, además, con las crónicas de los primeros días de la norma, en las que numerosos adolescentes relataban que seguían conectados con una normalidad casi insultante. La investigación de la Molly Rose Foundation y piezas como la de ABC News o la de The Washington Post dejan bastante claro que el supuesto muro era, desde el principio, más teatral que real.Lo verdaderamente inquietante no es solo que la prohibición no funcione, sino que ni siquiera parece generar una mejora nítida en la seguridad percibida por los propios menores. Según ese mismo estudio, el 51% de los jóvenes dijo que la norma no había cambiado en nada cómo de seguros se sentían online, mientras que un 14% aseguró sentirse menos seguro que antes. Es decir, el resultado real no parece ser una mejora clara del entorno digital, sino una mezcla de ineficacia, arbitrariedad y desplazamiento del problema. Y cuando una ley falla en su objetivo principal pero consolida mecanismos de control mucho más invasivos, deja de ser una mala ley para convertirse en algo peor: en una peligrosa coartada.Porque, para hacer cumplir este tipo de normas, hay que saber quién eres. Y aunque el gobierno australiano insiste en que nadie será obligado a usar identificación gubernamental o Digital ID para verificar su edad, la propia documentación oficial reconoce que las plataformas tendrán que implantar algún tipo de age assurance. Eso implica, inevitablemente, más recogida de datos, más tratamiento de información y más puntos de fricción para acceder a espacios de conversación pública. La Office of the Australian Information Commissioner ha tenido ya que publicar orientaciones específicas recordando que estos sistemas deben ser proporcionales, minimizar datos y no convertirse en un cheque en blanco para erosionar la privacidad. Y la Electronic Frontier Foundation ha sido aún más clara: esta oleada de leyes de verificación de edad obliga a los usuarios a sacrificar anonimato, privacidad y seguridad simplemente para acceder a internet. Ese es exactamente el tipo de pendiente resbaladiza que deberíamos negarnos a normalizar.De hecho, el caso australiano ilustra muy bien hasta qué punto el debate está mal planteado. El foco se pone obsesivamente en la edad del usuario, como si el problema esencial fuese que los menores entren en las redes, cuando la cuestión de fondo es qué son hoy las redes sociales y cómo ganan dinero. Prohibir la entrada de determinados grupos no altera ni un milímetro sus prácticas de vigilancia, ni sus incentivos para maximizar atención, dependencia y polarización, ni su modelo de monetización basado en la extracción sistemática de datos personales. La propia EFF lo resume con una precisión difícil de mejorar: prohibir a un grupo concreto no cambia en nada las prácticas problemáticas de privacidad, la insuficiente moderación de contenidos ni el modelo de negocio basado en explotar la atención y los datos de las personas.Y ahí está, precisamente, el verdadero asunto. No estamos ante un problema exclusivamente adolescente, sino social. Las redes no son dañinas solo para quien tiene catorce o quince años; lo son también para el conjunto de la esfera pública, porque han sido diseñadas para premiar el enganche, la excitación emocional, la controversia rentable y la vigilancia comercial. La Federal Trade Commissiondescribió en 2024 a las grandes plataformas como participantes en una «vasta vigilancia» de sus usuarios para monetizar su información personal, con salvaguardas laxas e insuficientes para niños y adolescentes. Y un estudio académico publicado en PLOS ONE, luego recogido por medios como la Harvard Gazette o AP News, estimó que solo en Estados Unidos esas plataformas obtuvieron en 2022 cerca de once mil millones de dólares en ingresos publicitarios procedentes de usuarios menores de dieciocho años. Cuando una industria obtiene semejante volumen de negocio de captar, perfilar y retener a los más jóvenes, quizá convenga dejar de fingir que el problema se arregla con controles de acceso.La reacción australiana, además, no parece ir precisamente en la dirección de una reflexión serena, sino hacia una escalada de más enforcement. A finales de marzo, el regulador australiano anunció investigaciones sobre cinco grandes plataformas por posibles incumplimientos de la prohibición, en la señal más clara hasta el momento de que el experimento puede desembocar en litigios y sanciones en lugar de en resultados. Reuters recoge que el regulador considera probable que muchos menores hayan podido abrir cuentas simplemente declarando una edad falsa. Es decir, cuanto más evidente resulta la ineficacia del sistema, más fuerte parece la tentación de endurecer la maquinaria de control.Mi columna parte precisamente de esa constatación: que estamos mirando el problema por el extremo equivocado. No necesitamos una internet en la que todo el mundo tenga que identificarse para poder hablar, leer o participar. Necesitamos redes sociales distintas, libres de modelos publicitarios depredadores, con mucha menos capacidad de vigilancia, con incentivos mejor alineados con el bienestar de sus usuarios y con reglas reales sobre interoperabilidad, transparencia algorítmica y minimización de datos. Mientras sigamos aceptando que la conversación pública esté organizada por empresas cuyo negocio consiste en espiar a sus usuarios para vender segmentación al mejor postor, la discusión sobre si los adolescentes pueden o no abrir una cuenta será poco más que una distracción. No hay que reconstruir la verja. Hay que desmontar la fábrica.