El decreto de prórroga de alquileres muere ante la mayoría de derecha del Congreso que apuesta por dejar que el mercado funcione por su cuenta sin limitaciones. "Vivir de alquiler se ha convertido en un riesgo de exclusión social", advierte el ministro BustinduyLa nueva España inmobiliaria tras la burbuja de 2008: los grandes tenedores cuadruplican su cartera mientras menguan los propietarios de una vivienda La guerra de la vivienda no cesa de tener escaramuzas en el Congreso sin que esos enfrentamientos sirvan para que se pongan en marcha soluciones viables. El último intento de Sumar de prorrogar los alquileres fracasó ante el muro que forma la mayoría de derechas que existe en el Congreso. Partido Popular, Vox y Junts votaron en contra. El PNV se abstuvo. La izquierda se estrelló ante su propia impotencia, que proviene de los resultados de las elecciones de 2023. Para algunas cosas, no es lo mismo estar en el poder que gobernar. Sumar se negó a rendirse ante la aritmética de los escaños mientras el PSOE no había ocultado su falta de interés en la negociación del decreto al no ver posibilidades de éxito. “Vivir de alquiler se ha convertido en un riesgo de exclusión social”, dijo Pablo Bustinduy. El ministro de Derechos Sociales estimó que diez millones de personas viven de alquiler y por tanto sufren ese riesgo. Al otro lado, “un 5% de la población percibe rentas por contar con viviendas en alquiler”. Son las grandes empresas inmobiliarias las que “se están lucrando”, dijo. “Las viviendas deben ser para vivir en ellas, no para especular en casinos financieros”. A los que dicen que la solución pasa exclusivamente por aumentar la construcción de viviendas, respondió que no servirá si caen “en manos de gigantes financieros”. Quien subió a la tribuna con ganas de entrar en el cuerpo a cuerpo y de dar nombres, fue Gabriel Rufián. Sacó del bolsillo un billete de 50 euros y lo puso sobre el atril. “¿Saben cuál es su bandera? –dijo refiriéndose a Junts–. La tengo aquí. Es pequeñita, pero es muy efectiva. Cincuenta pavos. La (bandera) que comparten con PP y Vox”. El portavoz de Esquerra leyó dos veces los nombres de los diputados de Junts para señalarlos. Acabado el discurso, se acercó a sus escaños e intentó entregarles unos papeles con los comentarios de personas que rechazan la posición de su partido. Fueron los diputados del PP los que más protestaron por un gesto que los de Junts ignoraron. Marta Madrenas, de Junts, calificó el decreto de prórroga de “operación propagandística de legalidad jurídica muy dudosa”. Reprochó que no se haya incluido la obligación de pagar el alquiler, como si eso fuera imprescindible, cuando lo que todo el mundo sabe es que la gente paga cada mes su alquiler por mucho que le cueste. Hasta que no puede asumir más subidas y debe buscar otra vivienda. Los argumentos del PP y Vox fueron idénticos. Su opción es dejar que el mercado funcione por su cuenta sin limitaciones y aumentar la construcción de pisos. “Cada vez que intervienen en el mercado, hay menos oferta y pisos más caros”, dijo Daniel Pérez Osma, del PP. En opinión de Carlos Hernández Quero, de Vox, lo que se está viviendo es la consecuencia de “una oferta absolutamente pírrica y una demanda artificialmente inflada”. Lo segundo, como es de esperar en Vox, por culpa de la inmigración. No hizo ninguna mención a los fondos extranjeros que hacen negocio con sus inversiones en vivienda. Quero repitió argumentos de pasados discursos en los que hace un diagnóstico en el que no faltan argumentos de peso, pero en los que, a la hora de plantear soluciones, se limita a repetir lo que siempre ha dicho el Partido Popular. El protagonista del supuesto y publicitado giro social de Vox, que admitió que su hermana se hubiera beneficiado del decreto de prórroga, no pasa de repetir el discurso habitual de la derecha en el Parlamento. Frente a la acusación de Quero de que la culpa la tienen “las ideas de Belarra, de Rufián y de Matute”, Bustinduy le respondió en la réplica que Blackstone tiene más de 30.000 viviendas en España. Para demostrar que ahí es donde desaparece el nacionalismo español de Vox, el ministro le preguntó: “Entre un fondo extranjero y una familia española, ¿usted de qué lado está?”. La respuesta está clara, porque Quero se opone a cualquier regulación del mercado, incluidas las que afecten a una multinacional como Blackstone. Como se comprobó en el discurso de la portavoz de Junts, sí hay una intervención en el mercado que aceptan los grupos opuestos al decreto, la que consiste en aprobar desgravaciones fiscales en favor de los propietarios. Y hay que decir que se llevan años aplicando con distintos gobiernos sin que nadie haya podido confirmar que sirven para reducir el precio de los alquileres. Rufián enseña un billete de 50 euros que definió como "la bandera" de Junts. Intervenir en el mercado reduciendo la oferta pública es también lo que hizo en 2013 el Ayuntamiento de Madrid en la época de Ana Botella cuando vendió 1.860 viviendas de protección pública y locales de la Empresa Municipal de Vivienda al fondo de inversión Blackstone por 128 millones de euros. Cinco años después, el propio fondo valoró esas viviendas en 662 millones. Los alquileres subieron en 5,5 millones, un 49%, con respecto a 2015. En 2008 casi el 80% de los hogares era de propiedad. El porcentaje cayó hasta el 64% en 2022, según un informe del Ministerio de Consumo y el CSIC. Tener un empleo y un sueldo estables era antes una garantía de que se podría comprar un piso, una realidad que empezó a venirse abajo en 2008 y que se ha agravado desde entonces. Se ha producido un cisma en la sociedad. Los hogares que viven de alquiler han pasado del 11,9% al 19,2%. Los hogares que son además dueños de otras viviendas y las alquilan casi se han triplicado y han pasado del 3,4% al 9,8%. Los dos millones de nuevas viviendas construidas desde entonces –una cifra claramente insuficiente– han profundizado una estructura en la que no deja de crecer la diferencia entre los que han aumentado el número de viviendas en propiedad y los que no tienen ninguna ni poder adquisitivo para comprar y para los que la única opción es el alquiler. El de la vivienda es un problema que se ha convertido en estructural y en el que el sistema político está dejando tirados a millones de ciudadanos. En los últimos 25 años, el porcentaje de viviendas sociales en España se ha reducido a niveles ínfimos que son aún más escandalosos si se comparan con otros países de Europa Occidental. Nuestro país se ha convertido en un mercado muy rentable para los fondos de inversión extranjeros. Es también un mercado hostil y prohibitivo para los ciudadanos españoles.