Jaime Dussán, presidente de Colpensiones (izq) y Andrés Velasco, presidente de Asofondos (der).Imagen generada por la IA Gemini con fines ilustrativos.La expedición del decreto que ordena el traslado del ahorro de los afiliados que se cambiaron del régimen privado de pensiones al público desató un enfrentamiento directo entre el Gobierno Nacional y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).El centro de la disputa son los $25 billones pertenecientes a las cotizaciones de los trabajadores que se acogieron a la «ventana de oportunidad» para cambiarse de régimen pensional en condiciones más flexibles a las que aplicaban antes.En lo que no existe un acuerdo es en la legalidad de la norma, pues las AFP han planteado que esta iría en contravía de la regulación hoy vigente, la cual tampoco es clara debido a la suspensión provisional de la reforma pensional mientras la revisa la Corte Constitucional.Además, hay advertencias frente a las consecuencias de mover $25 billones en un plazo menor a un mes, como exigió el Gobierno, dado que las AFP no manejan efectivo sino activos (el 70 % títulos de deuda pública colombianos) y tendrían que liquidarlos forzosamente, lo que generaría distorsiones en el mercado de capitales local.Gobierno pide recursos, las AFP advierten ilegalidadEl propio decreto argumenta que Colpensiones ya está asumiendo el pago de mesadas de más de 22.400 personas que se trasladaron, pero cuyos ahorros siguen bajo administración privada, lo que genera un «desequilibrio financiero» y un «descalce» que contraviene la sostenibilidad del sistema.«La gente se retiró de los fondos privados y se pasó a Colpensiones y cuando uno se traslada lo hace con sus dineros», dijo Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, quien citó que, según la Ley 100, es ilegal que un afiliado esté en dos sistemas simultáneamente, por lo que el dinero debe seguir al trabajador.Sin embargo, los expertos ya han estimado que, si la preocupación es el pago de la mesada de los pensionados, los recursos en este caso rondarían los $5 billones, una quinta parte de lo que busca el decreto.El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, también defendió la medida en su intervención en el 19° Congreso de Asofondos y lanzó una crítica a la Corte Constitucional, calificando de «dilación inaceptable» el tiempo que ha tomado el examen de la reforma pensional, lo que, según el funcionario, ha forzado al Ejecutivo a tomar estas medidas reglamentarias.Desde la otra orilla, Asofondos calificó la norma como «abiertamente ilegal» y anunció acciones legales inmediatas. Andrés Velasco, presidente del gremio de las AFP, argumentó que el Ejecutivo está solicitando recursos que exceden sus necesidades de pago, pues las cotizaciones de los 100.000 afiliados trasladados sobran para cubrir las mesadas de quienes ya se jubilaron (22.472 pensionados).Velasco advirtió que el decreto en realidad busca liberar caja del Presupuesto General para gasto corriente en lugar de ahorrar para el futuro. «Si nos gastamos el ahorro en el corto plazo, no habrá con qué pagar las pensiones del futuro», sentenció.En ello coincidió Andrés Izquierdo, gerente de Integral Seguridad en Pensiones (ISP), para quien si el Gobierno tuviera un interés real en las pensiones, como manifiesta, ya habría creado el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo para que este recibiera y administrara los recursos de Colpensiones.“Al recibir estos recursos, el Gobierno ya no tendría que girar esos $25 billones para completar el pago de las pensiones actuales, sino que lo cubriría con los traslados, pero se estaría literalmente fumando ese dinero en un solo año para cubrir urgencias, a pesar de que esos recursos pertenecen a personas que se pensionarán los próximos 10 años”, señaló.De hecho, expertos han manifestado serias dudas sobre la capacidad técnica y operativa de Colpensiones para actuar como custodio y administrador de un volumen tan elevado de activos y recursos de inversión.Andrés Pardo, jefe de macro estrategia para América Latina en XP Investments, advirtió que el decreto podría constituir prevaricato, delito que ocurre cuando un servidor público emite una resolución manifiestamente contraria a la ley con pleno conocimiento de su ilegalidad.“La ley es clara: los ahorros de quienes se trasladen a Colpensiones, haciendo uso de la oportunidad de traslado, deben seguir siendo administrados por las AFP hasta el momento de la pensión. Pretender trasladar los recursos antes, sería actuar contra la ley vigente”, sentenció.El laberinto jurídico del sistema pensionalAunque la Corte Constitucional suspendió la Ley 2381 de 2024 (reforma pensional), dejó vigentes dos artículos, uno de los cuales regula el régimen de transición y los traslados para quienes les faltan menos de 10 años para pensionarse.Bajo esta vigencia, el Gobierno expidió previamente el Decreto 1225 de 2024, que en el artículo 16 indica que los recursos del ahorro de los afiliados que se trasladan deben permanecer administrados por las AFP hasta que llegue el momento en que se pensionen.De hecho, la reforma pensional, suspendida temporalmente mientras la revisa la Corte Constitucional, ordena que estos dineros ingresen a un Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC) administrado por el Banco de la República, y no directamente a Colpensiones para protegerlos de terminar en el presupuesto del Gobierno.En esta norma se ampara Asofondos para preparar una demanda contra el decreto. Y en esta misma se basa otro requerimiento de la candidata presidencial Paloma Valencia al Consejo de Estado.El Gobierno, por su parte, se ha escudado en que mientras no esté vigente la reforma pensional, el sistema debe regirse por la Ley 100 y bajo esta premisa, según la lectura de Colpensiones, una persona (o su dinero) no pueden estar al mismo tiempo en dos regímenes.Sin embargo, la norma que creó el Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia originalmente no contemplaba esta ventana de oportunidad de traslado amplia, sino que limitaba los traslados a un periodo de hasta 10 años antes de la edad de jubilación, por lo que en ella no hay indicaciones específicas que diriman las diferencias entre el Gobierno y las AFP.Desde que se conoció la intención del Gobierno de publicar el decreto, analistas del sector financiero criticaron la propuesta alegando que el Gobierno excedía sus facultades reglamentarias. Incluso el Banco de la República y centros de pensamiento como ANIF advirtieron que la medida desviaría recursos destinados al ahorro pensional de largo plazo para cubrir gastos corrientes, obligando después al Estado a subir impuestos en el futuro para cubrir el déficit.Incluso la Contraloría se pronunció y dijo que el traslado era inviable bajo la normativa vigente, señalando que los recursos podrían terminar financiando gasto corriente. El contralor delegado para el sector trabajo, David Fernández, indicó que por lo pronto vigilarán estrictamente que no haya pérdida de recursos ni detrimento al ahorro individual durante el proceso.Para Izquierdo, el desafío es que el Gobierno solo le dio 15 días a las AFP para trasladar los recursos (en dinero o títulos de deuda pública), por lo que cree que el recurso legal más adecuado es una demanda de nulidad con medidas cautelares para que se suspendan los efectos del decreto de manera inmediata mientras se produce un fallo de fondo, algo que puede tomar años.También sugiere que una acción de tutela podría ayudar en el proceso, alegando la violación del artículo 48 de la Constitución, el cual prohíbe dar a los recursos pensionales un uso distinto a las pensiones, un recurso que se debe resolver en 10 días, aunque por su complejidad podría no ser exitosa.Por lo pronto, los expertos coinciden en que un pronunciamiento de la Corte Constitucional terminaría con el limbo jurídico que el Gobierno está aprovechando para reclamar un dinero que es propiedad de los trabajadores.