Impuesto al patrimonio empresarial. Fotos: Freepik y PresidenciaEl gobierno Petro, en el marco de una serie de decretos sobre la emergencia económica, impuso nuevas y más altas tarifas al impuesto al patrimonio, lo que ha generado serias preocupaciones sobre los efectos de este gravamen en la inversión dentro del país.Son constantes lo llamados de atención para que las autoridades del país revisen la legalidad de la decisión adoptada por el ejecutivo y se generen pronunciamientos oficiales antes de la segunda cuota que deberá pagarse, con fecha límite el próximo 4 de mayo.FOTO. Generada con IA ChatGPTNatalia Gutiérrez, presidenta del Concejo Gremial, dio a conocer una serie de reparos que están siendo complejos de atender para las empresas por este cambio al impuesto al patrimonio en Colombia.Según la representante gremial, cada día que pasa sin un pronunciamiento que dé claridad sobre su legalidad se está consolidando un daño patrimonial irreversible para miles de empresas y puestos de trabajo en Colombia.“El Gobierno Nacional repite los mismos argumentos que la Corte ya tumbó. El decreto invoca razones similares a las ya evaluadas por la Corte en la Sentencia C-075 de 2026. La no aprobación de leyes de financiamiento, las restricciones de la Regla Fiscal y los pasivos heredados de la pandemia no son hechos sobrevinientes ni extraordinarios”.El golpe a las empresas por un mayor impuesto al patrimonioSegún la presidenta del Concejo Gremial, el monto de recursos por recaudar y destinar a la emergencia ($8,3 billones) también es discutible, toda vez que parte de esa cifra se apoya en supuestos controvertidos, y la Contraloría ha advertido alta incertidumbre, falta de trazabilidad y ausencia de sustento técnico detallado“El Gobierno Nacional tenía la obligación constitucional de agotar los recursos e instrumentos ordinarios disponibles (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, Sistema General de Regalías, Fondo de Compensación Interministerial, los traslados y aplazamientos presupuestales, y los mecanismos de cooperación internacional) y no lo hizo”, dijo sobre los efectos del impuesto al patrimonio en Colombia.Señala Gutiérrez que, a diferencia de lo ocurrido en la tragedia de Mocoa (Sentencia C-386 de 2017), donde el Gobierno agotó escalonadamente todos los recursos ordinarios, en este caso no ejecutó los fondos de la UNGRD, la Defensa Civil, el Fondo de Adaptación, ni acudió a regalías ni traslados presupuestales. “Al contrario, la primera respuesta del Gobierno fue cobrar a los contribuyentes un impuesto al patrimonio en vez de ejecutar y desplegar las medidas a su alcance”.Impuesto al patrimonio en Colombia. Fotos: Presidencia y FreepikAgrega que el patrimonio de las personas jurídicas es capital de inversión productiva que impulsa el crecimiento y el empleo, no riqueza personal. “Gravar como “riqueza acumulada” lo que en realidad son activos productivos y capital de trabajo contradice la jurisprudencia constitucional. Por ello, por la naturaleza misma del impuesto, es acorde con la Constitución que las personas jurídicas nacionales sigan excluidas”.Recomendado: «Yo creo que es un problema enorme”: Sarmiento Gutiérrez sobre impuesto al patrimonio a empresasFinalmente, este cambio sobre el impuesto al patrimonio en Colombia, dice Gutiérrez, implica una doble tributación, pues el impuesto sobre la renta ya grava las utilidades de las personas jurídicas, “y el impuesto al patrimonio grava nuevamente esa misma riqueza en su estado de capitalización. Y estima una tarifa del 1,6 % (más del triple de la tarifa general de 0,5 %) para el sector financiero y extractivo sin justificar la tarifa diferencial”.