El Congreso de los Diputados previsiblemente tumbará el real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes para prorrogar hasta dos años los contratos de alquiler cuya fecha de finalización culminase hasta finales de 2027. Con la previsible abstención del PNV y la negativa de PP, Vox y Junts a esta norma impulsada por el ala de Sumar, se abre un limbo legal en el que convivirán contratos regulados por la ley de arrendamientos urbanos y otros cuyos términos se regirán por esta normativa derogada, lo que con una alta probabilidad se traducirá en una guerra en los tribunales entre caseros e inquilinos.Seguir leyendo....