Tiendas Lili Pink y Fiscalía General de la Nación. Fotos: Sebastián Londoño / Valora AnalitikLa Fiscalía General de la Nación destapó un presunto conglomerado empresarial que, bajo la fachada de una cadena de ropa femenina (Lili Pink), habría facilitado el ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando a Colombia.De acuerdo con los elementos materiales probatorios, la organización habría estructurado un entramado de importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para introducir al mercado prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos. Estas mercancías eran luego distribuidas en el país con el fin de dar apariencia de legalidad a las operaciones.Lili Pink. Foto: Fiscalía. Las maniobras detectadas incluían la evasión de controles aduaneros, la fragmentación de transacciones, la simulación de relaciones comerciales y la dificultad en la trazabilidad del dinero, lo que habría permitido su incorporación al sistema económico formal.En el curso de la investigación, una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo de la Dirección de Investigaciones Financieras, documentó posibles conductas como lavado de activos por cerca de $730.000 millones y enriquecimiento ilícito superior a $430.000 millones.Además, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reportó aprehensiones y decomisos de mercancía avaluada en más de $54.000 millones, mientras que el contrabando asociado al caso superaría los $75.000 millones.Como parte del proceso, la Fiscalía obtuvo ante un juez de control de garantías de Bogotá varias órdenes de captura con fines de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, las cuales están en proceso de ejecución.En paralelo, un fiscal de la Dirección de Extinción de Dominio impuso medidas cautelares sobre un amplio paquete de bienes: 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, que serán objeto de avalúo.Las diligencias de ocupación se realizaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena tiene presencia. Pese a las medidas, los activos afectados continuarán operando mientras avanza el proceso de extinción del derecho de dominio ante los jueces especializados.