Procuraduría General de la Nación. Foto: Valora AnalitikLa Procuraduría General de la Nación remitió al Ministerio del Trabajo un conjunto de observaciones de carácter técnico y jurídico sobre el proyecto de decreto que ordena el traslado de alrededor de $25 billones de los ahorros pensionales en Colombia.El documento desarrolla un análisis detallado del alcance de la iniciativa normativa, cuyo objetivo es establecer las condiciones bajo las cuales los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) podrían trasladarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), administrado por Colpensiones y con el cual el Gobierno busca movilizar $25 billones.En su evaluación, la Procuraduría advierte que el decreto podría exceder la potestad reglamentaria del Gobierno Nacional. Según el concepto emitido, el Ejecutivo debe limitarse a reglamentar lo dispuesto por la ley, sin introducir modificaciones que alteren su contenido material.En este sentido, subraya que no es procedente ampliar, restringir o reinterpretar disposiciones aprobadas por el Congreso, sino garantizar su adecuada implementación.Procuraduría y el llamado al Gobierno Petro por traslado de pensiones. Foto: ©Janusz Pienkowski a través de Canva.com¿Cuáles son los argumentos de la Procuraduría?Uno de los puntos centrales del análisis se concentra en la interpretación del traslado de los recursos pensionales. De acuerdo con la entidad, el artículo 76 de la reforma no establece una obligación general de traslado inmediato de los ahorros acumulados por los afiliados.Por el contrario, plantea un esquema diferenciado en el que dichos recursos permanecerían en las administradoras privadas hasta que el afiliado consolide su derecho a la pensión.Ese ha sido también el argumento del gremio de los fondos de pensiones, Asofondos, para advertir que el decreto no tiene argumento legal.Recomendado: Gobierno hace oficial traslado de ahorros de fondos privados a Colpensiones: serían $25 billones y este es el decretoSin embargo, el decreto contempla la posibilidad de exigir el traslado total de los recursos en determinados escenarios. Para la Procuraduría, esta disposición podría desbordar el marco legal vigente, al introducir una obligación no prevista expresamente en la norma.Asimismo, el documento identifica vacíos en el desarrollo operativo de la normativa, especialmente en lo relacionado con los procedimientos necesarios para verificar el momento en que un afiliado adquiere efectivamente el derecho pensional.Esta falta de precisión podría dificultar la aplicación práctica de la medida y generar interpretaciones dispares entre las entidades involucradas.Otro aspecto relevante es el plazo de 15 días hábiles propuesto para ejecutar los traslados. La Procuraduría considera que este término podría resultar insuficiente frente a la complejidad técnica y administrativa de estos procesos, que implican validación de información, articulación entre instituciones y, en algunos casos, la resolución de controversias en sede judicial o administrativa.Adicionalmente, la entidad advierte la ausencia de mecanismos que contemplen situaciones excepcionales, posibles prórrogas o garantías procesales mínimas para los afiliados.Esta omisión, según el análisis, podría derivar en escenarios de incertidumbre jurídica y en dificultades durante la implementación de la norma.Finalmente, la Procuraduría recomienda ajustar el decreto para diferenciar de manera clara entre afiliados pensionados y no pensionados.También sugiere establecer reglas precisas que aseguren la protección de los derechos de los usuarios del sistema pensional, con el fin de evitar la imposición de obligaciones no previstas por el legislador y garantizar una aplicación coherente con el marco constitucional y legal vigente.Asofondos y la candidata presidencial Paloma Valencia anunciaron demandas en contra del decreto por considerar que rompe la normatividad pensional en Colombia, lo cual fue contestado por el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, con respectivas demandas y embargos contra los fondos privados de pensiones si no cumplen la orden de trasladar los recursos.