La reciente sentencia del Tribunal Supremo que exige autorización judicial previa para que la Inspección de Trabajo acceda al domicilio social de las empresas no es solo un tecnicismo legal; es un golpe directo a la línea de flotación de los derechos laborales en nuestro país. Bajo el paraguas de la "inviolabilidad del domicilio", el Alto Tribunal ha levantado un